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Mato deja abierta la puerta a algún tipo de copago sanitario

Sanidad ha pedido informes sobre la seguridad de la píldora del día siguiente

La ministra negociará con las comunidades el pacto de Estado

Ana Mato, ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, en el Congreso.
Ana Mato, ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, en el Congreso. EFE

Para los veteranos en la Comisión de Sanidad del Congreso sonó una vieja melodía: la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Ana Mato, anunciando un pacto de Estado para asegurar la sostenibilidad del sistema. Se lo recordó la portavoz socialista, Pilar Grande, quien se ofreció a hacerle llegar las conclusiones a las que una Comisión parlamentaria llegó al respecto en octubre de 2010, y en las que el PP no quiso ni participar (a las últimas reuniones iba sin llevar ni siquiera propuestas). Al final, CiU también se desmarcó (le molestó que se cerrara el paso a cualquier tipo de copago, como si ya entonces supieran que iba a ser una de las propuestas de su futuro Gobierno en la Generalitat), y el trabajo de aquellos 18 meses quedó en forma de documento con 60 puntos que nadie tramitó.

La idea de este pacto es asegurar la sostenibilidad del sistema. En esta línea, Mato, en respuesta al PSOE y a IU, no cerró la puerta a introducir algún tipo de copago, pero tampoco dijo que lo vaya a hacer. De momento solo Cataluña ha aprobado una medida en este sentido (cobrar un euro por receta), pero todavía no está en vigor. El PP negó durante la campaña que fuera a ir en esa dirección. La posibilidad de este tipo de medidas quedará a expensas de lo que acuerde el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (el organismo donde están representadas las comunidades y el ministerio), dijo Mato.

Mato no se refirió a los intentos de sus antecesores, ni a que es la quinta ministra de Sanidad que se enfrenta al reto de conseguir un pacto. Y en su turno de réplica mostró un esquema sobre cómo quiere alcanzarlo: primero, se discutirá con las comunidades en los órganos correspondientes (Consejo Interterritorial de Salud y Territorial de Dependencia). Y luego se llevará a los partidos políticos en el Congreso.

Es el quinto ministro que anuncia un pacto de Estado como el de Toledo para las pensiones

En la primera fase será cuando otros actores (sociedades profesionales, usuarios) podrán participar. La conclusión serán las dos leyes de servicios básicos –una sanitaria y otra para dependencia- que son la mayor apuesta del ministerio, en la que habrá un apartado sociosanitario (que se supone que será similar en ambas leyes, como es lógico). La ministra insistió en que en esas leyes no habría recortes sobre las prestaciones actuales. Tampoco aclaró qué iba a pasar con las comunidades que quieran ampliar la oferta. El portavoz de CiU Carles Campuzano fue el más tajante al decirle que no se obsesionara con la equidad porque eso era imposible con las competencias transferidas.

Es verdad que esta vez Mato parte con una ventaja: la mayoría del PP en el gobierno de comunidades autónomas y en el Parlamento es tan abrumadora que al menos los primeros pasos del proceso no deben serle complicados.

Este pacto es la piedra angular de la solución que plantea el PP para el mayor problema que tiene la sanidad actualmente: la financiación. Igual que durante la campaña electoral los portavoces del partido (la actual ministra de Fomento, Ana Pastor, y el presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso, Mario Mingo) se negaron a concretar medidas concretas y lo fiaron todo a que con la mejoría general de la economía mejoraría la financiación sanitaria, Mato confía en las medidas del reciente Consejo de Política Fiscal, con la ampliación del plazo para que las comunidades paguen al Gobierno central los adelantos recibidos de más y la apertura de líneas de crédito en el ICO para que capeen el temporal.

Habrá asesoramiento a mujeres jóvenes para impedir que aborten

En una presentación en la que la ministra no dejó palo sin tocar (anunció planes para niños y adolescentes, jóvenes, mujeres en general, víctimas de violencia de género y embarazadas en particular, familia, mayores, vivienda, conciliación, emancipación y trabajo), hubo pocas medidas concretas.

Una de ellas –a preguntas de Grande y el portavoz de IU, Gaspar Llamazares- fue que había encargado un estudio sobre la píldora del día siguiente. Mato concretó que tenía especial interés en tres aspectos: la regulación de este medicamento en el resto de Europa, y su posible efecto sobre la salud de mujeres en general y de adolescentes en particular. La idea es, según ha manifestado el PP, cambiar la actual situación de este anticonceptivo de emergencia, y volverlo a dispensar con receta. Esa fue la regulación que fijó el PP cuando aprobó que se usara este fármaco en 2001. Desde entonces, la Agencia Española del Medicamento no ha registrado efectos adversos por la ingesta de la pastilla (un combinado hormonal que impide la ovulación), pero el medicamento ha estado siempre en el punto de mira de organizaciones conservadoras porque aducen –sin base científica- que es abortivo.

La posibilidad de vender la píldora sin receta la aprobó el Ministerio de Sanidad en 2009, siendo su titular Trinidad Jiménez, como parte de las medidas de la ley de salud sexual que cambiaba la regulación del aborto. Si Mato consigue informes para volver a la situación anterior, será la segunda medida de este Gobierno contra aquella ley y sus consecuencias, después del anuncio de que se volverá a prohibir el aborto salvo en los tres supuestos (violación, malformación del feto o riesgo para la salud de la madre) de 1985.

La Agencia del Medicamento no registra efectos adversos de la píldora del día después

Sobre el aborto, la ministra confirmó el anuncio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y dijo que por su parte habría planes para promover el uso de anticonceptivos y otro de asistencia a jóvenes embarazadas para “ofrecerles otras alternativas”. Un enunciado que coincide con las llamadas redes madre que promueven los grupos más conservadores.

Otro grupo de sus propuestas (tarjeta sanitaria compatible en toda España, fomentar el uso de genéricos, potenciar la investigación, crear un registro de profesionales, implantar la prescripción enfermera, elaborar un plan marco para el sida, decretos de troncalidad, unificar el calendario vacunal y creación de nuevas especialidades, entre otras) no son más que dar continuidad a acciones que ya estaban en marcha.

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