Policía y Guardia Civil discrepan sobre cómo perseguir la pederastia en la red
Los ciudadanos no saben si reenviar enlaces para denunciarlos es o no delito Las fuerzas del orden no se ponen de acuerdo al respecto
Las redes sociales están cambiando (también) la forma en la que muchos ciudadanos se comunican con la policía. Para alertar de un delito, sobre todo si se produce en Internet, es cada vez más frecuente notificarlo a las fuerzas de seguridad del Estado a través de Twitter, con un enlace que los ponga en alerta de webs que pueden estar cometiendo una infracción. Una de las conductas con las que los usuarios están más sensibilizados es la pornografía infantil. Pero el Cuerpo Nacional de Policía (CNP), a través de su cuenta oficial, hizo una advertencia a finales de diciembre: “Compartir links o perfiles pedófilos, aunque sea para denunciarlos, puede ser DELITO. Enviad mail a denuncias.pornografia.infantil@policia.es”. Y acto seguido, una aclaración: “La BIT [Brigada de Investigación Tecnológica] gestiona policialmente los mails que reciben de forma privada y no se comete ningún delito ¡Gracias por vuestra colaboración!”.
Al día siguiente, el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil colgó en su web una nota aclaratoria. En resumen, decía que pretendían explicar comportamientos y actitudes que, en 160 caracteres, pueden llevar a errores y malentendidos sin querer “contradecir” a sus compañeros de la policía. Empezaba dejando claro que “quien debe pronunciarse sobre si es delito es la Fiscalía General del Estado, y las Autoridades Judiciales, únicos actores válidos para interpretar la Ley”. Y continuaba así: “Respecto a la tenencia de material pornográfico no existe duda alguna, o se tiene o no se tiene.
El problema está en qué se entiende por distribución directa. ¿Denunciar un perfil de un pedófilo en Twitter de forma pública es distribución? Parece difícil responsabilizar a un usuario que denuncie estos contenidos, ya que no se produce una distribución directa (se comunica el titular de ese material, no el material en sí), y además no existe voluntad de difundir dicho material pornográfico (ausencia de “dolo”), más bien todo lo contrario. Para nosotros está claro, esto no es distribuir, sino colaborar con la Guardia Civil para erradicar una lacra de la sociedad. Así pues, no podemos más que agradecer vuestro esfuerzo, ayuda, y dedicación”.
También matiza la Guardia Civil en su comunicado que hay canales más propicios para denunciar la pornografía infantil online, como es el correo electrónico o la propia página web del cuerpo. En eso mismo insiste Carlos, responsable de redes sociales del CNP. “Les pedimos más privacidad porque sin querer pueden estar difundiendo lo que pretenden erradicar. El tuit fue un aviso: ‘Envíanoslo, pero por correo’. Todos los enlaces se investigan, pero, por favor que no se compartan porque técnicamente puede considerarse distribución y eso es un delito. Además, pese a la buena voluntad, en el fondo estás haciendo publicidad a ese perfil”, explica el funcionario.
El comisario jefe de la BIT, Manuel Vázquez, abunda en que el asunto es complejo porque “se podría interpretar que hay un dolo eventual”. “Hay alguna sentencia al respecto; además puede poner en peligro al propio denunciante”, afirma. Sin embargo, tanto él como su compañero de redes sociales enfatizan que la colaboración ciudadana es fundamental y animan a los usuarios a seguir colaborando, pero por vías privadas. “Hay mucha concienciación social con la pornografía infantil. Algún mensaje pidiendo colaboración ha tenido más de 5.000 retuits [personas que lo han compartido], incluido de personajes como Mariano Rajoy”, explica el agente Carlos.
Lo que tiene claro tanto la policía como la Guardia Civil es que esta colaboración tiene que permanecer. Cada enlace sospechoso que les envían es analizado, aunque en la mayoría de las ocasiones proceden de páginas en el extranjero, lo que los cuerpos españoles ponen en conocimiento de las autoridades correspondientes. Si es dentro del territorio nacional, avanzan en la investigación y es posible que acabe con una operación exitosa, según relata Vázquez.
Es menos frecuente que la pornografía infantil se produzca dentro de las propias redes sociales. “Esto es muy extraño, pero si nos lo remiten, también lo investigamos y lo ponemos en conocimiento de la propia red social en caso de que esté fuera de nuestras fronteras, que es lo más frecuente”, cuenta el comisario. Lo que más denuncian los ciudadanos a través de las redes sociales son las estafas de todo tipo que se valen de Internet para su propagación. “Y cada vez más, las suplantaciones de personalidad, que quitan muchísimo tiempo, porque es burocráticamente complejo aunque tecnológicamente sería muy sencillo descubrir al infractor. Esto, en caso de que haya delito, no vale con una mera suplantación. Tiene que haber algún fin o producirse algún menoscabo a la persona por la que se hace pasar”, concluye Vázquez.
Borrar el perfil no es suficiente
Las redas sociales ofrecen herramientas para que cualquier usuario pueda alertar si detecta pornografía infantil. Sin embargo, cuando alguien reporta algún caso lo que suele suceder es que el perfil es borrado, sin que la información sea necesariamente trasladada a las autoridades.
El Defensor del Menor madrileño, Arturo Canalda argumenta que “no basta tan solo con notificar a las redes sociales, también la sociedad civil se tiene que implicar y denunciar mediante las webs habilitadas por la Guardia Civil y la policía y así proseguir con el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad”. Desde la oficina del defensor del menor, Canalda asegura que en los últimos cinco años se han tramitado más de 500 expedientes sobre usos incorrectos de las tecnologías, de los que unos 129 correspondían a pornografía infantil, pedofilia o pederastia.
La red social Tuenti posee domiciliación española y “es una red muy concienciada con estos temas”, reitera el defensor del menor. “Tiene una gran implicación y trabaja muy bien con las autoridades. Tanto en la localización de personas que están contactando con menores cómo en la eliminación de páginas y la detención de las IP de los delincuentes”, añade.
“Nosotros como empresa española estamos sometidos a la legislación nacional tanto en materia de protección de datos como de derecho a la intimidad, a la imagen y al honor, y nos atenemos en todo momento al código penal y a todas las leyes civiles”, asegura Oscar Casado Oliva, director jurídico y de privacidad de la red social.
¿Qué ley se le aplica, por ejemplo, a Facebook? “Aquí es donde la Red quiebra el principio de territorialidad lo que supone para el usuario una desprotección y una inseguridad jurídica. Según sus condiciones generales sigue las leyes de California, y son los tribunales de Santa Clara los competentes, por lo que cuando sucede algo, el usuario se encuentra frente una ley que no conoce y a unos tribunales a los que no va a acudir a pleitear”, explica Casado. “Facebook es una red social internacional y nadie nos asegura su buen hacer en España”, puntualiza Canalda. Está obligada por las leyes federales americanas a comunicar el caso, al igual que Twitter, a una organización norteamericana que lucha contra la pornografía infantil, pero no tiene por qué reportar a las autoridades españolas.
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