Leve aumento de abortos tras la nueva ley

Pese a los augurios de los sectores más críticos, la nueva ley del aborto no ha incrementado el número de interrupciones voluntarias del embarazo. En 2010 se realizaron 113.031 intervenciones, un 1,3% más que en 2009. Sin embargo, a pesar de esa ligera subida –1.550 abortos más— la cifra sigue siendo menor a la de 2008. Así, la tendencia a la baja registrada por primera vez en 2009, cuando se practicaron un 3,7% de abortos menos que el ejercicio anterior, se mantiene. Como en años anteriores, la gran mayoría de las intervenciones (el 88,44%) se realizaron antes de la semana 12 de gestación.

La Ley de Salud Sexual y Reproductiva --en vigor desde el 5 de julio de 2010--, que permite a la mujer abortar sin dar explicaciones hasta la semana 14, no ha alterado apenas las cifras. De hecho, el informe hecho público esta mañana por el Ministerio de Sanidad y Política Social, el primero que recoge los datos de la incidencia de la nueva norma, muestra que en el segundo semestre del año (el periodo en el que la ley ya estaba en marcha) se registraron casi 4.000 intervenciones menos que en la primera parte del ejercicio. Es decir, 54.546 de julio a septiembre frente a las 58.486 realizadas de enero a julio.

Las cifras de 2010 son para Leire Pajín, "una buena noticia". A pesar del ligero repunte, la titular de Sanidad ha destacado esta mañana en el Congreso que la tendencia a la baja registrada en 2009 permanece estable con la ley de plazos. Una realidad que contradice al clima que precedió a la aprobación de la polémica norma, que 25 años después de la despenalización del aborto en España consagra el aborto como un derecho de la mujer. Entonces, organizaciones conservadoras como el Foro Español de la Familia, Hazteoir o Derecho a Vivir, vaticinaron que la cifra de las mujeres que abortan se dispararía con la posibilidad legal de interrumpir el embarazo sin tener que alegar supuestos.

La nueva regulación, sin embargo, es en cierta manera más restrictiva que la anterior. Hasta julio de 2010, el aborto estaba prohibido en España salvo en tres casos: violación (hasta la semana 12), malformaciones del feto (hasta la 22) o riesgo físico o psíquico para la salud de la madre, un supuesto que permitía abortar sin plazo, y al que recurrían más del 90% de las mujeres.

Para las clínicas que practican abortos, el ligero repunte no supone un fracaso de la ley de plazos. “Obedece fundamentalmente a la normalización del aborto no regularizado, aquel que realizaba la propia mujer fuera del canal sanitario y con el consiguiente riesgo para su salud”, considera Santiago Barambio, presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, que agrupa a una treintena de centros en toda España. Este médico cifra esos casos en alrededor de un millar al año, y se refiere por ejemplo a métodos como el Cytotec, un protector gástrico que algunas mujeres (sobre todo extranjeras y sin medios) utilizaban porque entre sus efectos secundarios se encontraba el riesgo de aborto.

El informe de Sanidad, que reúne los datos de las comunidades autónomas, no ofrece sin embargo respuestas -no se ha modificado para ello el tradicional cuestionario que recoge la información- a uno de los puntos más polémicos de la ley, el que permite a las mujeres de 16 y 17 años abortar sin decirlo en casa. La norma otorga a este grupo de edad el derecho a decidir -sin permiso paterno, como exigía la regulación anterior- si interrumpen su embarazo. Deben, eso sí, informar a sus padres de esa determinación, siempre y cuando hacerlo no les suponga un conflicto. Las cifras del ministerio no aclaran cuántas de las 4.424 chicas de 16 y 17 años que abortaron en 2010, se acogieron a esa posibilidad de no contarlo.

Las clínicas que practican abortos, sin embargo, sostienen que las que alegan conflicto familiar son menos de un 5%. “La mayoría son chicas que explican que si se lo dijeran a sus padres sufrirían presiones para continuar con el embarazo, también hablan de problemas de violencia familiar, de desarraigo o de cuestiones religiosas”, expone Luisa Torres, trabajadora social de la Clínica Dator. El patrón, dice, se repite en los cuatro centros asociados a Dator en toda España.

Lo que sí queda claro con los datos de Sanidad es que la opción que tienen estas mujeres con la nueva ley no ha variado apenas las cifras. En 2009, las menores de 16 y 17 años que abortaron representaban el 3,8% del total. En 2010 fueron el 3,9%.

Así, lejos de los presagios del Partido Popular -que prefirió ayer no valorar estas cifras-, entre otros, las menores que abortan solas no son mayoría. Esta opción ha incomodado mucho desde el principio al partido liderado por Mariano Rajoy, que ha manifestado su intención de modificarlo aunque no ha concretado cómo. De hecho, el de las menores es uno de los artículos -también el que permite el aborto libre hasta la semana 14- de la ley que el PP ha recurrido al Tribunal Constitucional. Un dictamen que aún se espera.

En la radiografía que se extrae de los datos de las comunidades tampoco se registra variación significativa por grupos de edad. Desciende ligeramente el aborto entre las menores de 25 años; entre las mayores de esa edad -incluso entre las de más de 40-, sin embargo, aumenta. Un ejemplo: la tasa de abortos fue en 2009 de 16,02 por cada mil mujeres de 25 a 30 años, frente a la tasa de 16,34 de 2010. Un escenario que, según Sanidad, se debe al mayor acceso a métodos anticonceptivos entre las jóvenes.

Por comunidades se repite el patrón de años anteriores: Cataluña, Madrid, Murcia y Baleares presentan las tasas más elevadas de intervenciones. Ceuta y Melilla, Galicia, Extremadura y Castilla y León las más bajas.

El aborto se sigue quedando en la privada. Pese a que una de las intenciones de la nueva ley era que, en la medida de lo posible, se realizara en centros públicos, el 98,16% de las intervenciones se realizaron el año pasado en centros privados concertados. Un porcentaje mayor incluso que en 2009, cuando fue el 97,97% las realizadas en el canal privado. El cambio, eso sí, reside en que desde julio de 2010 la prestación se financia a cargo de la sanidad pública.