El PP pide la factura de Kioto

El Partido Popular está preocupado por el coste que tendrá para las cuentas públicas la compra de derechos de emisión para cumplir con el protocolo de Kioto, que expira en 2012. Según fuentes de Medio Ambiente, España aún tiene que comprar más de 50 millones de toneladas a fin de lograr el objetivo que fijó la UE. Al precio que ha estado comprando España hasta ahora en el extranjero, implica un coste de unos 500 millones de euros. El precio de la tonelada de reducción está en mínimos, por lo que si sube podría incluso doblarse. El plazo para finalizar las compras expira en 2014.

En la reunión del traspaso de poderes de Medio Ambiente celebrada el 30 de noviembre en La Moncloa, el PP pidió conocer cómo va España en compras de derechos de emisión. Aunque el Medio Ambiente no ha sido uno de los ejes de la oposición popular esta legislatura -tampoco del Gobierno-, el equipo de Soraya Sáenz de Santamaría sí llevaba aprendido este aspecto, según fuentes próximas a la reunión.

Medio Ambiente aún está preparando la respuesta, pero no es difícil hacer estimaciones. España llegó a emitir en 2007 casi un 50% más que en 1990, año de referencia de Kioto. Con la crisis comenzó el descenso y a final de 2010 solo liberaba un 22% más. Las emisiones del periodo 2008-2012 solo pueden superar en un 15% las de 1990.

El Gobierno solo responde de los sectores difusos, como el transporte y la vivienda. Las fábricas recibieron una asignación gratuita de CO2

El partido de Rajoy siempre ha sido crítico con el sistema de compensaciones

y se han dedicado a vender, ganando millones de euros con algo que recibieron gratis (unos 580 millones en 2008 y 2009, según Sendeco2). Mientras, el Gobierno aún debe pagar por los sectores que no recibieron asignación, y que son los que menos han bajado sus emisiones.

Según informó Medio Ambiente a la ONU en febrero, la estimación es que haría falta adquirir 159 millones de toneladas para cumplir el objetivo. Existe la posibilidad de revisar la cifra a la baja si continúa la reducción. España ya había pagado entonces 404,8 millones de euros. A un precio medio de ocho euros por tonelada (los acuerdos son confidenciales), eso implicaría que ya había adquirido 57 millones de toneladas de CO2. A eso hay que sumar los 29 millones de toneladas del llamado aire caliente, una reducción virtual de las emisiones de los países del Este, y otras compras posteriores por lo que, según fuentes del ministerio, "falta un tercio" por adquirir para los próximos tres años. Las compras se han realizado en proyectos en América Latina, China e India, pero también con acuerdos con la República Checa, Estonia, Hungría, Lituania, Polonia y Ucrania.

El PP ha sido muy crítico con el sistema de compensación de emisiones en el exterior. El 20 de septiembre lo dejó claro en el Congreso: "El principal sistema usado (...) para compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero, en China e India, ha sido un fiasco y el resultado un aumento de las emisiones globales". En el texto, el partido criticaba la compra en el exterior y consideraba que había que ir a proyectos en España que generasen "actividad económica y empleo".

Kioto entró en vigor en 2005 pero fue ratificado por la UE en 2002. La disposición del Diario Oficial de las Comunidades Europeas en el que se publica la adhesión europea lleva la firma de Mariano Rajoy, ya que España ostentaba la presidencia de turno de la Unión. El PP no ha enviado a nadie a Durban, aunque el Gobierno en funciones le ofreció esa posibilidad. Sí está en Sudáfrica la eurodiputada Pilar del Castillo, pero no como enviada de Génova.