Si no le llama la compañía del gas, no abra la puerta
La Asociación Española del Gas denuncia revisiones fraudulentas y advierte a los usuarios que no deben pagar en efectivo la visita de los operarios
Los técnicos del gas, a veces no son quienes parecen. La Asociación Española del Gas (SEDIGAS) denuncia revisiones fraudulentas y advierte a los usuarios que no deben pagar en efectivo la visita de los operarios.
El modus operandi de los timadores no levanta sospechas: los supuestos instaladores de gas se personan en los domicilios para efectuar una inspección de la instalación a cambio de una cantidad en metálico que oscila entre 50 y 70 euros. Suelen actuar por las mañanas para aprovechar la soledad de personas mayores en los domicilios, a las que presionan con alertas como que si la revisión no se lleva a cabo, procederán al corte del suministro.
El procedimiento real, sin embargo, no conlleva visitas inesperadas. Las instalaciones de gas canalizado y de butano deben pasar un chequeo cada cinco años, pero es la propia compañía la que se pone en contacto con sus clientes para solicitar la revisión, según informa el responsable de la certificación de personas de Sedigas. Por lo tanto, el consumidor solo debe recibir en su domicilio a un técnico cuando haya recibido previamente un aviso por parte de la distribuidora de gas.
Desde Asociación Española del Gas explican que, una vez efectuada la puesta a punto, el inspector debe cumplimentar y entregar al usuario un certificado de que la instalación cumple con la normativa. El operario solo interrumpirá el suministro si se detecta una fuga, en cuyo caso se precintará el servicio hasta la solución de la avería. Además, en ningún caso se deben pagar en mano a los trabajadores que realicen el servicio, ya que las compañías cargarán los costes en la correspondiente factura de su cliente.
No es la primera vez que se detectan fraudes similares. En 2009, la Comunidad de Madrid abrió expediente a dos empresas de instalación y mantenimiento de gas cuyos empleados se dedicaban a ir a los domicilios de los usuarios para obligarles a aceptar la realización de un chequeo de las instalaciones que, además de costar más de un centenar de euros, eran innecesarias.
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