La UCE denuncia fraudes de instaladores de gas

La Unión de Consumidores de España (UCE) pidió ayer al Gobierno que adopte medidas urgentes para solucionar los más de 3.000 casos de fraude que se denunciaron en 1997, presuntamente cometidos por más de 50 empresas instaladoras de gas. Según la UCE, el monto del fraude supera los 40 millones de pesetas y si no se pone freno puede llegar hasta los 75.000 millones.Las denuncias se centran en la utilización por parte de los empleadores de las empresas de "formas de presentación engañosa", tales como que son "inspectores del gas" o "inspectores del butano". Según las denuncias, se introducen así en los domicilios y proceden a la sustitución de elementos de las instalaciones que en ocasiones se encuentran en perfecto estado, cobrando por ello de 10.000 a 40.000 pesetas.

El perfil del consumidor engañado por las empresas y los instaladores de gas es el de una persona mayor de 50 años, de clase social media o baja, de zona rural, y usuario de gas butano o gas natural. Los responsables de la UCE criticaron la "pasividad" de los poderes públicos ante este problema, lo que hace posible que las empresas que se dedican a estafar a los usuarios "sigan actuando a sus anchas por todo el país en la más absoluta impunidad".

Estas empresas, algunas autorizadas y otras falsas, se aprovechan del temor del usuario en un asunto tan delicado como es la seguridad de este tipo de instalaciones. La confusión existente entre los consumidores se debe al desconocimiento del cambio de la normativa de las instalaciones de gas a granel y envasado, que en el año 1992 eliminó la obligación de la empresa suministradora de inspeccionar las instalaciones de los usuarios, convirtiendo a éstos en responsables del mantenimiento de sus instalaciones.

Propuestas de la UCE

Entre las medidas que propone la UCE para combatir estas prácticas fraudulentas están: la aprobación de una legislación que delimite las responsabilidades de cada parte sobre la seguridad de las instalaciones de gas, el establecimiento de un modelo de certificado homologado en toda España, campañas masivas de información y la creación de una "Cartilla de Gas", que recoja todas las incidencias que afecten al funcionamiento de la instalación. "De ese modo, sería el usuario, y no la empresa suministradora la que controlase su instalación".Este fraude, según la UCE, afecta a 15 millones de usuarios.

Muchos de ellos se quejan también de que las empresas incluyen en sus folletos sellos que garantizan su sometimiento a arbitraje de consumo y también de que utilizan como reclamo la constitución de una póliza de responsabilidad civil por un importe de 25 millones de pesetas que es obligatoria.

Las empresas denunciadas operan en varias comunidades autónomas, y algunas de ellas están registradas en una comunidad pero no reúnen los requisitos para actuar en otras.