Un tribunal chileno suspende temporalmente la construcción de cinco presas en la Patagonia
Han sido aceptados tres recursos en contra del proyecto de Hidroaysén, en el que participa la española Endesa a través de su filial chilena
Por dos votos contra uno, el tribunal de Apelaciones de Puerto Montt, en Chile, ha aceptado hoy a trámite tres recursos de protección interpuestos por parlamentarios de distintas tendencias y organizaciones ambientalistas en contra de la resolución de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Aysén, que el 13 de mayo pasado aprobó el proyecto hidroeléctrico Hidroaysén, de la empresa española Endesa y la chilena Colbún, el cual incluye la construcción de cinco presas en la Patagonia chilena, y acogió una petición de "no innovar", que significa la paralización temporal de las obras hasta que la justicia resuelva el fondo de la causa.
La tramitación de estos tres recursos puede implicar un período de entre seis y siete meses durante los cuales las obras permanecerán detenidas, incluyendo una eventual apelación ante el Tribunal Supremo, después que resuelva el tribunal de Apelaciones de Puerto Montt, ha dicho a este diario una fuente de tribunales.
Esta resolución supone un duro traspiés para el megaproyecto Hidroaysén, situado en el corazón de la Patagonia, 1.650 kilómetros al sur de la capital, cuya aprobación ha motivado masivas y periódicas manifestaciones de protesta en las principales ciudades del país contra el Gobierno, cuyos funcionarios regionales lo votaron favorablemente.
Los sondeos indican que más del 70% de la población rechaza este proyecto, aunque las autoridades plantean que es necesario para sostener el crecimiento a tasas anuales del 6% que se proyecta para la economía chilena.
El fallo "es un gran triunfo del país para proteger la Patagonia, que es la segunda reserva mundial de agua dulce", ha dicho hoy en declaraciones a radio ADN el presidente del Senado, Guido Girardi, uno de los cuatro parlamentarios que presentó el recurso contra Hidroaysén, y opositor al Gobierno de derecha del presidente Sebastián Piñera.
Los recursos de protección sostienen que la resolución ambiental favorable a Hidroaysén vulneró garantías constitucionales como el derecho a vivir en un ambiente limpio. La resolución judicial está "protegiendo el derecho de todos los chilenos, poniendo el bien común por delante como prioridad y no los intereses de las empresas como se había estado haciendo hasta el momento", ha agregado Girardi.
Otro de los parlamentarios que interpuso los recursos, el senador de derecha Antonio Horvath, dijo esperar que el fallo contribuya a que el Gobierno "reconsidere el apoyo que le ha dado a este proyecto". Criticó que el respaldo de algunos ministros a Hidroaysén "rompe la institucionalidad ambiental" porque ellos son instancias de apelación. Horvath, del mismo partido en el que militaba Piñera, ha asegurado que la resolución llega en un buen momento porque en estos momentos "hay una campaña pro Hidroaysén millonaria".
Según sostienen los recurrentes, en el proceso de aprobación ambiental del proyecto Hidroaysén se adulteraron informes, hubo conflictos de intereses, se modificaron resoluciones que previamente eran negativas y terminaron siendo positivas, por las presiones que hubo. La legislación establece que son los funcionarios regionales de Gobierno los que deben aprobar o no en primera instancia los proyectos con impacto ambiental, y deja la resolución final en manos de un comité de seis ministros.
La Corte de Apelaciones de Puerto Montt dio cinco días de plazo a la presidenta de la Comisión Ambiental de la Región de Aysén, Pilar Cuevas, para que informe sobre las denuncias de que la decisión de aprobar el proyecto fue "arbitraria".
Con una inversión prevista de 3.200 millones de dólares (2.200 millones de euros), el proyecto Hidroaysén incluye la construcción de cinco centrales hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua, que inundarán 5.910 hectáreas de territorio virgen en la Patagonia y producirán una generación de 2.750 megavatios de energía eléctrica.
Todavía está pendiente la aprobación ambiental de la segunda parte del proyecto, la transmisión, que requerirá instalar 3.800 torres de alta tensión, de 40 metros de altura cada una, a lo largo de 2.000 kilómetros y con una franja despejada de 60 metros a su alrededor.
La empresa asegura que el fallo no afectará a sus planes
La compañía encargada del proyecto, que es una asociación entre las empresas energéticas Endesa Chile y Colbún, ha afirmado que la decisión judicial no afecta a su calendario de trabajo. El fallo "constituye una decisión judicial de tipo administrativo que no paraliza la tramitación del proyecto energético en la región de Aysén y que se limita a iniciar el proceso de análisis de los recursos presentados", ha asegurado la empresa en un comunicado. Si finalmente se cumple el calendario, la primera de las centrales entraría en funcionamiento en 2019 y en 2025 estaría operativo todo el complejo. Tras la decisión judicial, la acciones de Colbún han bajado un 3,5% en la bolsa local, aunque, posteriormente, recortaron sus pérdidas a un 1,64%. Mientras tanto, los títulos de Endesa han retrocedido un 1,72%.
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