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Dos pozos ilegales revientan el acuífero que abastece a Capellades

La Agencia Catalana del Agua expedienta a la compañía Miquel i Costas, que echó a perder 400 millones de litros de agua potable con las perforaciones

El nivel de la balsa de Capellades (Anoia) fue descendiendo ligeramente durante dos días. Al tercero, se vació en cuestión de horas. "Estábamos paseando y... gluglú..., se fue. Como cuando se quita el tapón a una bañera", relata Josefa Martínez, vecina que presenció el desagüe del recinto a mediados del pasado marzo. "Nos dio tiempo a trasladar los peces y poco más", añade la alcaldesa de la localidad, Anna Maria Sánchez. El misterio fue mayúsculo hasta que las empresas de la zona, uno de los principales polos textiles y papeleros de Cataluña, dieron la alarma: una filial de la compañía Miquel i Costas, dedicada a la producción de papel, perforó dos pozos ilegales para captar agua. Reventó el acuífero que abastece la localidad, dejó sin acceso al agua a varias industrias cercanas y echó a perder 400 millones de litros de agua potable, según el informe técnico del Consistorio.

La Agencia Catalana del Agua (ACA) ha abierto un expediente a la empresa mientras el Ayuntamiento y las compañías afectadas estudian emprender acciones por la vía penal si finalmente la Administración no impone sanciones contundentes. "Nos obligó a cambiar el sistema de producción y no cerramos las industrias de milagro", detalla Pablo Osorno, secretario de la comunidad de regantes industriales Molí de la Vila, entidad que agrupa empresas textiles, mecánicas y papeleras que emplean a unas 800 personas y se abastecen de la balsa afectada.

Esa balsa es una especie de semáforo sobre el estado del acuífero, por lo que el Ayuntamiento temió que la localidad se quedara sin abastecimiento de agua de boca. "Estuvimos cerca, pero nos salvamos por poco", señala la alcaldesa. "Porque esos días llovió y los técnicos sellaron rápidamente los pozos".

"No pueden actuar así: el acuífero está sobreexplotado y, si cualquier empresa se pasa de la raya, sufrimos todos", detalla Osorno. Este diario ha contactado con los responsables de Miquel i Costas, que declinaron ofrecer su versión del asunto.

La ACA selló los pozos en menos de una semana mediante una técnica similar a la empleada en los vertidos de pozos petrolíferos en alta mar. "Pese a la rapidez, la pérdida de agua ha sido elevada", lamenta un portavoz de la ACA. Uno de los pozos de Miquel i Costas sigue perdiendo unos 3.600 litros al día, según fuentes municipales, y los técnicos temen que el acuífero haya podido quedar dañado. "Es mejor dejarlo perdiendo poca agua: si intentamos repararlo, puede ser aún peor", señalaron al Ayuntamiento.

A mediados de febrero, sin solicitar ningún permiso ni notificarlo a ninguna Administración, una filial de Miquel i Costas instalada en Carme ?localidad pegada a Capellades? abrió un primer pozo a unos 50 metros de profundidad presuntamente para obtener mayor capacidad de absorber agua, elemento esencial en el proceso de producción de papel. La perforación dio con el acuífero que abastece Capellades y provocó un pequeño géiser: una columna de agua potable se disparó a varios metros de altura. Días después, supuestamente para rebajar la presión y disminuir la pérdida de agua, la empresa perforó un segundo pozo de una profundidad similar. Fue peor: el géiser ganó en altura, la pérdida de agua se multiplicó y los vecinos que paseaban junto a la balsa vieron los peces del recinto colear en la arena. "No quedó ni una gota, los agentes rurales trasladaron toda la fauna", ilustra la alcaldesa.

La balsa de Capellades el pasado marzo, sin agua por la perforación de dos pozos ilegales.
La balsa de Capellades el pasado marzo, sin agua por la perforación de dos pozos ilegales.

Torelló pide al juez que obligue a la ACA a actuar

El Ayuntamiento de Torelló (Osona) ha solicitado al juez que obligue a la Agencia Catalana del Agua (ACA) a descontaminar el pozo que abastece de agua potable el municipio. Es la medida cautelar con la que el Consistorio pretende desencallar el litigio que mantiene desde que en 2000 detectó que varias empresas habían contaminado el río Ges por el vertido continuado de disolventes. La ACA, que depuraba desde 2003 el pozo afectado por toxicidad,abandonó esas tareas en el verano de 2010 sin notificar de ello al Consistorio.

La petición municipal responde al temor de quedarse sin suministro de agua potable en verano, cuando las segundas residencias del municipio se llenen de inquilinos. "Entendemos que procede dar la orden a la agencia para que vuelva a poner el pozo en funcionamiento y con las condiciones sanitarias exigibles", señala la instancia remitida por el Ayuntamiento al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Vic, que lleva la causa.

"No podemos seguir así: la ACA actúa de forma absolutamente irresponsable", lamenta el alcalde de Torelló, Miquel Franch, que firma la instancia municipal. Esta detalla que Franch recibió una llamada de un directivo de la ACA el pasado marzo en la que descartaba que la agencia volviera a asumir las labores de descontaminación del pozo. "Dijeron que no se harán hasta que se aprueben los presupuestos y que es probable que esos trabajos no vuelvan a adjudicarse", señala el documento, que alerta al juez del riesgo de desabastecimiento que sufre el municipio. "En estas condiciones, cualquier avería impediría al Ayuntamiento mantener el servicio de agua potable", señala.

La toxicidad del río Ges, y por extensión del pozo que abastece Torelló, se detectó cuando unos 50 peces aparecieron muertos en el río. Los análisis del agua revelaron que esta acumulaba siete veces más disolventes del máximo permitido, por lo que el Departamento de Salud requirió al Ayuntamiento que clausurara el pozo afectado.

El Consistorio llevó el caso a la Fiscalía de Medio Ambiente, que ha solicitado penas de tres años de cárcel para tres empresarios —también implicó a un cuarto, ya fallecido—. Las compañías vertieron disolventes al río para ahorrarse los costes de recogida y tratamiento, lo que generó un grave riesgo para la salud pública, según resume el escrito de acusación del fiscal.

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