Una ley del aborto en cada autonomía

Ana tendría que haber esperado al menos tres semanas para poder interrumpir su embarazo. Ese era hasta hace unos días el tiempo medio de espera en la Comunidad de Madrid para que una mujer fuese escuchada en la Unidad de IVE de este territorio. A Ana no le salían las cuentas, estaría de 16 semanas cuando su caso fuese atendido y no podría acogerse a la interrupción por voluntad de la mujer (contemplada hasta la semana 14). Ana sintió que su decisión se desmoronaba, abrió el sobre de información que le habían entregado (imprescindible para acceder a la prestación) y buscó ayuda. Nada. Del listado de 30 organizaciones todas eran contrarias al aborto. Contrarias a su decisión. Al final, Ana renunció a la gratuidad e interrumpió su gestación de manera privada. La situación de cientos de mujeres como Ana ha llevado a la Comunidad a reforzar estos días su Unidad de IVE, de tres funcionarias asignadas han pasado a cinco. Aún insuficientes para una comunidad que registra más de 20.000 interrupciones al año.

Patricia ha oído muchas veces desde su habitación los insultos que se dirigen a diario contra los médicos de la clínica y ha pensado mucho en lo que sentirían las mujeres que atravesaban la puerta bajo esa cascada de gritos. Nunca pensó que fuese a ser una de ellas. Y no lo será. Pues pese a que ha decidido interrumpir su embarazo no podrá hacerlo en León, su ciudad. No porque no haya centros, uno de ellos está tan solo a 50 metros de su casa. Sino porque en su ciudad las mujeres que necesitan que la sanidad pública sufrague su intervención deben marcharse a Madrid. Patricia no lo entiende, si viviera en Valladolid, en otra provincia de su misma comunidad, no tendría que marcharse, pero en León han decidido concertar todas las intervenciones con la capital, aunque haya centros y profesionales en este territorio que podrían hacerlo hasta la semana 14 de gestación, el 90% de las interrupciones.

En menos de una semana Candela habrá resuelto una de las decisiones más complicadas de su vida. Nadie la ha juzgado, ni le han hecho esperar más allá de los tres días de reflexión que marca la ley. Nadie ha puesto en entredicho una decisión difícil y dolorosa. Y sobre todo se ha sentido acompañada, antes y después. En la clínica sevillana a la que ha sido derivada no le han pedido dinero alguno, ni siquiera ha tenido que identificarse.

Zulema sí ha tenido que adelantar el dinero de la intervención y aún no sabe cuánto tiempo tardará la Administración catalana en devolvérselo. Cuando una mujer asume que no puede seguir alimentando más hijos, resulta difícil reunir el dinero para realizar un aborto. Zulema ha tenido que identificarse para poder cobrar la prestación, circunstancia expresamente prohibida por la ley. Pero ¿qué hacer?; de lo contrario, jamás le devolverán el dinero que necesita.

Adela sí deseó su embarazo, sin embargo el peor de los pronósticos sobrevino en la semana 21 de gestación: una grave enfermedad cardiaca haría que el feto no sobreviviese. Hoy interrumpirá una gestación que en principio era deseada. Abortará en un centro especializado y acreditado y no en un hospital donde habría permanecido muchas horas e incluso días induciéndole un aborto, como si de un parto se tratase. En la clínica el proceso durará solo entre 15 y 20 minutos, gracias a la técnica de dilatación y evacuación que será utilizada en la intervención, y su estancia será de alrededor de tres horas. Adela no tendrá que sumar al dolor de su renuncia el penoso calvario de una técnica obstétrica que nada tiene que ver con el aborto provocado, lesiva para su salud física y emocional; sin embargo, tendrá que pagar por la intervención, ya que la sanidad pública desconoce el proceso, no parece tener interés en abordarlo y, en consecuencia, no financiará las técnicas más avanzadas y menos lesivas para la mujer. Y ello pese a que la ley obliga a los profesionales a formarse en las mejores técnicas de aborto provocado para ofrecer una prestación de calidad a las mujeres.

Tan solo una tarjeta sanitaria ha sido necesaria para que Caterina accediese al aborto provocado en Asturias. Nadie le ha pedido que se identificase, ni que justificara una decisión que le ha costado mucho asimilar. Lo agradece, no habría soportado más juicios que los suyos propios.

Estas historias son solo una muestra de las experiencias vividas por las mujeres que desde la implantación de la ley han acudido a los centros acreditados. Historias dispares, equidistantes como la interpretación de la ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo que están llevando a cabo los distintos Ejecutivos de las comunidades autónomas.

ACAI ya advirtió en su momento a los Ministerios de Igualdad y Sanidad que el poder que se otorgaba a las comunidades autónomas en la gestión de esta ley daría lugar a que cada territorio tuviera su propia ley del aborto: 17 leyes en total. Unas diferencias que se agravan día a día ante la falta de un reglamento común (la verdadera ley) que desarrolle la norma, que acabe con las diferencias.

La tozuda realidad viene a darnos la razón, y ni el acceso a la prestación sanitaria de aborto provocado es igual en todo el territorio, ni la gratuidad se cumple, ni la confidencialidad e intimidad de la mujer es respetada por todos los gestores. Asimismo, otra evidencia: la negativa de los/as profesionales de la sanidad pública a ser formados y, sobre todo, a utilizar las técnicas menos lesivas para la salud de la mujer. Esto pone de manifiesto que la calidad de la prestación disminuirá inexorablemente cuando el aborto se realice en un centro público.

Por todo ello, volvemos a reiterar que resulta imprescindible el desarrollo de un reglamento para esta norma. Un parámetro que sea capaz de unificar la gestión de las autonomías en la prestación de aborto provocado. Ineludible un reglamento que no solo hable de aborto, sino de educación sexual, de acceso a la contracepción, de formación a los/as profesionales. Esto es, un desarrollo reglamentario que no margine el epígrafe de esta ley: "... de Salud Sexual y Reproductiva". Un reglamento que integre, al fin, la prestación de aborto como un recurso sanitario más, sin perder por ello la calidad alcanzada.

Francisca García es vicepresidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI).