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La legislación del aborto en la España democrática

La legislación relativa al aborto ha tenido en España un recorrido complejo plagado de incidentes políticos y de polémicas y manifestaciones de uno u otro signo. A continuación se hace un recorrido cronológico de la legislación del aborto y los cambios habidos a lo largo del periodo democrático.

La ley que ahora entra en vigor sustituye a la Ley Orgánica 9/85 de 5 de julio 1985 en vigor desde el 1 de agosto de 1985. Dicha Ley tuvo un camino difícil hasta su aprobación: El 6 de Octubre de 1983 el Congreso de los Diputados aprobó el proyecto de ley que modificaba el artículo 417 bis del Código Penal, que despenalizaba tres supuestos de interrupción voluntaria del embarazo. El texto recibió 186 votos favorables - Grupo Parlamentario Socialista y de tres diputados de la Minoría Catalana- , 109 negativos- el Grupo Popular, los centristas, el Grupo Vasco y el resto de los integrantes de la Minoría Catalana- y cuatro abstenciones- los comunistas y el representante de Euskadiko Ezkerra, Juan María Bandrés-).

El 30 de noviembre de 1985 fue ratificado en el Senado, por 110 votos a favor, 45 en contra y tres abstenciones. El Grupo Popular recurrió el texto por inconstitucional y fue el 11 de abril de 1985 cuando el Tribunal Constitucional, con siete votos a favor y seis en contra consideró que el proyecto de Ley Orgánica incumplía las exigencias derivadas del artículo 15 de la Constitución al no garantizar la vida humana en formación (nasciturus) en los casos de aborto terapéutico y eugenésico.

El Gobierno modificó el texto publicado en el BOE el 12 de julio de 1985 introduciendo las enmiendas recomendadas por el Constitucional. La ley despenalizaba el aborto en las primeras 12 semanas de embarazo en el supuesto de violación, hasta 22 semanas en casos de riesgos de malformaciones en el feto y sin límite en el supuesto de riesgo para la salud física y mental de la madre.

En 1995 el Gobierno del PSOE presentó un anteproyecto de ley para ampliar los supuestos del aborto estableciendo un cuarto supuesto al permitir la interrupción voluntaria del embarazo cuando le supusiese un conflicto personal, familiar o social a la mujer, siempre y cuando recibiese asesoramiento sobre ayudas sociales y económicas en caso de tener el hijo y cumpliese el requisito de que se practicase en las 12 primeras semanas de gestación. El texto fue aprobado por el pleno del Congreso el 14 de diciembre pero la convocatoria de elecciones anticipadas y la postura del PP y CiU impidieron los trámites para que pudiera llegar a tiempo al pleno del Senado.

El 14 de mayo de 2009, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la nueva ley del aborto, que contempla la interrupción libre del embarazo hasta las 14 semanas de gestación y hasta la semana 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto. Además, el texto sitúa en 16 años la mayoría de edad para abortar y establece que ninguna mujer podrá ser penada con cárcel por interrumpir su embarazo.

El anteproyecto fue remitido al Consejo General del Poder Judicial, que no llegaron a un acuerdo para el informe, y al Consejo de Estado que en su informe avaló la constitucionalidad del proyecto.

El 26 de septiembre de 2009, el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley. El proyecto fue aprobado el 17 de diciembre de 2009 por el Pleno del Congreso, con 184 votos a favor, 158 en contra y una abstención tras incorporar al texto la obligación de informar a los padres de las menores de que deseen abortar, salvo en el caso de que éstas aleguen "fundadamente" peligro de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o una situación de desarraigo o desamparo.

El pleno del Senado lo aprobó definitivamente el 24 de febrero de 2010 por 132 votos a favor, 126 en contra y una abstención.

La nueva ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo se publicó en Boletín Oficial del Estado (BOE) el 4 de marzo de 2010.

El 1 de junio de 2010 el Partido Popular presentó recurso ante el Tribunal Constitucional solicitando la suspensión de la entrada en vigor de la Ley hasta la sentencia, recurso admitido a trámite el 30 de junio.

También el Gobierno de Navarra ha presentado recurso ante el Constitucional, argumentado que la normativa invade las competencias de la comunidad. Hasta ahora en Navarra no se realizan interrupciones del embarazo.

Sin embargo el 24 de junio de 2010 los grupos parlamentarios de Nafarroa Bai, PSN e IU unieron sus votos, mayoría en el legislativo navarro, para aprobar una proposición de ley que modifica la Ley foral de Salud para garantizar las interrupciones voluntarias del embarazo en Navarra.