El veto al 'burka' fracasa en Reus

El Ayuntamiento de Reus (Tarragona, 120.000 habitantes) no prohibirá, por ahora, el uso del velo integral en los edificios públicos. El acuerdo sobre esta restricción ha sido mayoritario en el pleno municipal celebrado este mediodía pero el consenso ha saltado por los aires por una cuestión de forma. Los partidos en el gobierno que apoyan el veto, PSC y ERC, pretendían regular el velo integral con un texto genérico, mientras CiU y PP, en la oposición, han exigido una mención directa al burka y el niqab. Cada bloque ha presentado su propia moción y ambas han sido tumbadas en la votación. El Ayuntamiento estudia ahora la posibilidad de regular el velo integral a través de un decreto, lo que no podrá concretarse, como mínimo, hasta el próximo mes. Reus entra en el debate en el que se encuentran otros municipios catalanes.

El desacuerdo en el texto prohibitivo ha degenerado en un pleno crispado y repleto de reproches. Los convergentes han acusado al PSC de querer esconder el problema de la inmigración a través de un texto ambiguo. "¿Tienen miedo de hablar de la inmigración en el texto?", ha añadido el grupo de CiU. El grupo socialista ha explicado que con su moción intenta evitar la estigmatización del colectivo musulmán. "Si a alguien le interesa reglamentar que se vaya con la cara destapada en los edificios públicos, lo regulamos, pero no lo mezclemos con otros motivos religiosos", ha justificado el grupo socialista. Luego ha asegurado que está en contra del uso del burka pero no al precio de fijar prohibiciones aisladas en los ayuntamientos.

Por su parte, ICV, único partido del gobierno municipal que no ha apoyado la prohibición, ha acusado al conjunto de grupos, y en especial al PP, de querer encerrar en casa a las mujeres que usan velo integral, una media docena en el municipio, según estiman varias asociaciones consultadas. El grupo popular respondió exigiendo el veto al burka también en las calles. "Son mujeres obligadas, que ni siquiera pueden llevar gafas", ha subrayado el portavoz popular, Miquel Ángel López Pallol, en una justificación que algunos concejales han considerado desafortunada.

Esperanza en el decreto

El equipo de PSC, mayoría en el gobierno tripartito, confía ahora en poder vetar el uso del velo integral según su criterio a través de un decreto. La medida está siendo analizada por los servicios jurídicos municipales y permitiría al gobierno vetar el velo integral sin ceder a las exigencias de la oposición. A efectos prácticos, y sobre todo la forma en que el colectivo musulmán percibiría esta restricción como un acoso injustificado, el impacto sería muy parecido.

Reus, con una tasa de inmigración del 20%, se encuentra en el epicentro español de la corriente islamista más conservadora y próxima al salafismo. La mezquita de la ciudad, principal bastión de esta ideología, había anunciado medidas legales contra la prohibición en caso de que fuera aprobada en el pleno de hoy. Fuentes de la oposición señalaron que las exigencias del gobierno de eliminar los términos burka y niqab de la moción buscaban precisamente evitar el confortamiento con la comunidad islámica del municipio.

La Diputación de Lleida entra en el debate

El debate del burka ha llegado hoy a la Diputación de Lleida, cuyo pleno ha aprobado con 21 votos a favor y la abstención de los 3 diputados de ERC una moción de apoyo a las medidas planteadas por el Gobierno español para regular el uso del velo integral islámico y otros tipos de vestimentas que cubran totalmente la cara de las personas en espacios públicos.

La propuesta fue presentada inicialmente por el grupo del PP, pero a última hora se ha modificado su redactado, en el que no figura la palabra prohibición, y ha recibido el apoyo de los diputados del PSC, Unitat d'Aran y CiU. Los representantes de ERC, que ostentan la presidencia de la corporación provincial, se han abstenido a pesar de manifestar que están a favor de la dignidad de la mujer y en contra del uso del burka.

La Diputación de Lleida ha acordado también colaborar con el resto de administraciones públicas para impulsar acciones de sensibilización y formación de todos los colectivos sociales encaminadas a garantizar el respeto a la dignidad de la mujer desde los valores de la plena igualdad y la convivencia.