Obama revoluciona el sistema de préstamos universitarios

El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y los líderes demócratas en el Congreso han sometido al sistema de préstamos universitarios del país a la mayor reforma desde su creación, en 1965, a través de una serie de anexos a la ley de reforma sanitaria, aprobada este mes de marzo. Desde el próximo mes de julio, los créditos los administrará directamente el Gobierno, prescindiendo de las entidades financieras, cuya labor de intermediación le costaba al Estado unos 4.400 millones de euros anuales.

"No podemos permitirnos malgastar miles de millones en regalos a los bancos", dijo Obama al ratificar la nueva legislación en un colegio de Virginia. "Por fin, los estudiantes universitarios verán cómo los bancos dejan de amasar miles de millones procedentes de subvenciones públicas mientras ellos tienen que apretarse el cinturón para poder pagar por su educación", añadió en un comunicado el representante por California George Miller, presidente del Comité sobre Educación de la Cámara de Representantes.

La educación universitaria norteamericana es una de las más caras del mundo. Los jóvenes norteamericanos se licencian de sus respectivas universidades con una deuda media de 17.200 euros, según una encuesta publicada en diciembre del año pasado por el centro de análisis Pew. La institución más prohibitiva, la George Washington University, cuesta aproximadamente 29.100 euros por curso. Es habitual que un joven se pase pagando sus estudios hasta bien entrada la treintena.

El pasado 21 de marzo, la Cámara de Representantes aprobó, junto con el paquete de reforma sanitaria, un apéndice que incluye la enmienda integral de los préstamos universitarios. La ley pone fin a más de cuatro décadas de mediación de las entidades financieras privadas en la concesión de préstamos escolares.

Desde 1965 el Gobierno ofrecía subvenciones a los prestamistas para que, a su vez, concedieran créditos a los estudiantes. Los bancos concedían unos adelantos que estaban, finalmente, avalados por el propio Gobierno en un 97%. Se trataba, pues, de anticipos con un riesgo cercano al 0%.

En 1993, considerando que había creado toda una burocracia innecesaria, el Congreso creó el Programa de Préstamos Directos, según el cual el Departamento de Educación es el que concede directamente los créditos a los estudiantes, con intereses de entre el 5,6% y el 7,9%. Desde entonces, ambos modelos han competido el uno con el otro. Los demócratas en el Congreso han decidido que es hora de acabar con un sistema doble que genera unos gastos de unos 50.000 millones de euros por cada 11 años.

Gracias a la nueva ley, que entra en vigor en julio, parte de ese dinero, unos 29.000 millones de euros, se destinará a financiar las Becas Pell, concedidas a estudiantes de escasos recursos; de una dotación no reembolsable de unos 4.300 euros por alumno y año, y que se suelen conceder a familias con ingresos inferiores a los 22.000 euros. Antes de la aprobación de esta ley, el Departamento de Educación había anunciado que podía dejar sin este subsidio a unos ocho millones de estudiantes de escasos recursos.

Las entidades financieras ya han avanzado que la reforma afectará negativamente al mercado de trabajo. La compañía Sallie Mae, la mayor prestamista a estudiantes del país, estima que deberá despedir a entre 2.600 y 8.600 empleados. La minoría conservadora en el Congreso no ha tardado en darle la razón. Según un comunicado del grupo republicano en ambas cámaras: "Aunque los demócratas defienden las nacionalizaciones como la panacea para todos los problemas económicos, convertir todos los préstamos educativos en préstamos del Estado es una forma de destruir trabajo, darle más poder al Gobierno y mermar los derechos del consumidor".