UGT dice que el pacto educativo sólo será posible si hay acuerdo entre PSOE y PP

Si no hay acuerdo, al menos para no volver a cambiar las leyes educativas, entre los dos partidos con posibilidades de gobernar, el PSOE y el PP, el pacto político y social que está tratando de alcanzar el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, no tendría sentido, asegura el sindicato FETE-UGT. "Si el acuerdo lleva implícito el no cambiar las leyes cada vez que un partido llegue al Gobierno", la sociedad tendrá una idea de lo que significará el pacto, ha explicado el secretario general de la Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza de UGT durante presentación del documento de su propuesta para alcanzar el acuerdo.

Las bases del pacto deben ser además, según el sindicato, la lealtad institucional entre el Gobierno y las comunidades autónomas. En la conferencia sectorial de Educación, órgano que reúne al ministerio y los responsables autonómicos, es "donde se deben marcar las prioridades en la política legislativa mediante convenios con las comunidades", dice el documento del sindicato. Asimismo, debería marcarse el objetivo de seguir aumentando el presupuesto educativo hasta alcanzar la media europea, es decir, el 7% de Producto Interior Bruto. Un punto que tiene mucho que ver con la idea anterior, ya que la inmensa mayoría de ese presupuesto la deciden los gobiernos autonómicos.

Ésas serían las bases, pero el sindicato recorre también otras medidas que imperiosamente reclama el sistema educativo a la luz de "las evaluaciones internacionales y nacionales". Muchas de las ideas del sindicato se centran en las etapas posobligatorias, "el gran reto de la enseñanza en este país", ha dicho López Cortiñas. Así, propone debatir la posibilidad de cursar el bachillerato en tres cursos, en lugar de que siempre esté estructurado en dos, incrementar el número de centros que imparten formación profesional u ofrecer campañas informativas sobre las ofertas y salidas profesionales que tiene la FP.

Asimismo, reclaman la generalización con oferta pública y gratuita de la primera etapa de educación infantil, hasta los tres años, medidas específicas contra el fracaso y el abandono escolar, como reducir el número de alumnos por clase en la educación obligatoria o distribuir equilibradamente entre los colegios públicos y los concertados (privados subvencionados) a los chavales con necesidades educativas especiales. También reclaman que la educación sea "concebida como un servicio público", acentuando "el carácter complementario de ambas redes escolares [pública y concertada] y conservando cada una de ellas su singularidad".