Calamita dice que si le condenan Dios le traerá "otro trabajo mejor"

El magistrado Fernando Ferrín Calamita, juzgado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia como autor de un delito de prevaricación por retrasar la adopción de una menor por una lesbiana, ha dicho hoy que si se le expulsa de la carrera judicial, "seguro que Dios me tendrá preparado un trabajo mejor".

Estas afirmaciones las ha pronunciado al hacer uso de su derecho a la última palabra en la última sesión del juicio seguido contra él, y en la que tanto el fiscal como la acusación particular han dejado abierta la puerta a que pueda ser condenado como autor de este delito en su forma culposa, es decir, cometido sin intención.

Durante su intervención, Ferrín Calamita, que ha roto a llorar en los minutos finales de la misma, ha pedido su absolución y que se le "reponga de inmediato" en el Juzgado de Familia en el que se encuentra suspendido de empleo y sueldo desde hace un año.

El juez acusado de prevaricación ha negado haber actuado en este expediente de adopción movido por sus creencias religiosas, y ha repetido en varias ocasiones que "siempre velé por el interés de la menor, que deseo que crezca feliz". "Nunca quise perjudicar a la madre adoptante ni a la madre biológica, y en ningún momento traté de retirar a la niña de su madre", ha manifestado, y ha negado que hubiera tenido intención de dilatar este caso, "por lo que no se puede decir que se ha producido un retardo malicioso ni cualquier otro delito".

El magistrado ha admitido que no obró correctamente al indicar a la madre adoptante que debía acudir con un procurador, que en este tipo de casos no hace falta, aunque ha comentado que "esto podría ser una irregularidad procesal, pero nunca un delito".

En cuanto a ordenar la realización de un informe de idoneidad a la madre biológica, que legalmente no es necesario cuando se trata de adoptar al hijo del consorte, ha indicado que "esa providencia la firmé en barbecho, porque nunca tuve intención de hacerlo", derivando la iniciativa a las funcionarias de su juzgado.

El fiscal ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales, en las que solicita, por un delito de prevaricación, 18 años de inhabilitación, multa y una indemnización de 18.000 euros, aunque hoy ha señalado que admitiría una condena en su forma culposa, castigada con pena inferior. La acusación particular ha mantenido su solicitud de pena de cuatro años de inhabilitación y multa por el mismo delito, aunque subsidiariamente ha propuesto otras formas delictivas, como prevaricación por retardo malicioso o prevaricación continuada, e incluso prevaricación culposa. El fiscal señala en su informe que "no se ha juzgado a un magistrado por su ideología, sino por no haber respetado su obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución y el ordenamiento jurídico".