Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Aído anuncia una "nueva ley" del aborto para finales de 2009

La ministra de Igualdad asegura que la futura norma será "la mejor posible" al incorporar "lo más destacado del panorama internacional"

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha anunciado esta mañana la composición del Comité de Expertos que en los próximos seis meses estudiará la reforma de la ley del aborto y que estará integrado por juristas, ginecólogos y representantes y técnicos de los Ministerios de la Presidencia, Justicia y Sanidad. Sus conclusiones se sumarán a los trabajos de la subcomisión de Igualdad del Congreso que redactará la norma. Según Aído, el texto resultante será una "nueva ley" -no una reforma de la actual-, la "mejor posible", porque incorporará "lo más destacado del panorama internacional". El Ejecutivo enviará al Congreso el borrador en el primer semestre de 2009 y la norma entrará en vigor, según la ministra, "a finales de 2009 o principios de 2010".

Aído ha apostado por que la nueva ley sea fruto de un debate "serio, sosegado y de altura", y ha considerado "lógico" que se plantee una revisión del texto actual, en vigor desde 1985. La titular de Igualdad ha subrayado que la futura norma garantizará, no sólo los derechos fundamentales y la seguridad jurídica de mujeres y profesionales sanitarios, sino también la equidad territorial. "No puede ser que en España una mujer que decida interrumpir legalmente su embarazo tenga dificultades y que el tratamiento que reciba en esa circunstancia sea diferente en función de la comunidad autónoma en la que viva", ha dicho Aído.

Entre los trece miembros del Comité de Expertos figuran Elena Arnedo Soria, ex concejala socialista de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Madrid y especialista en Ginecología y Obstetricia; María Durán Febrer, jurista especializada en violencia de género; Javier Martínez Salmeán, jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Severo Ochoa de Madrid; José Luis González Cussac, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Jaime I de Castellón; Patricia Laurenzo Capello, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Málaga; Consuelo Català, ex responsable del área de Salud del Instituto Valenciano; Francisco Donat Colomer, ginecólogo y catedrático de Enfermería Materno-infantil de la Universidad de Valencia; y José María Bedoya Bergua, catedrático de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Sevilla.

Representarán a los ministerios José Luis Rodríguez Álvarez, director general de Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia; Justino Zapatero Gómez y Viviana Caruso Fontán, asesores del Gabinete del Ministerio de Justicia; José Martínez Olmos, secretario general de Sanidad; y Concepción Colomer, directora del Observatorio de Salud de la Mujer.

Finalmente, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) no formará parte del grupo de expertos, si bien la ministra ha subrayado que se mantendrá un contacto "permanente" con sus profesionales para recabar sus opiniones y mantenerlos informados del discurrir de la nueva ley.

Ley de plazos

Cada vez son más las voces que reclaman una reforma de la ley del aborto. El Gobierno, que ya planteó un cambio de la ley en 1994 y 2004, se ha comprometido a realizar una "reforma vanguardista". Pero esto choca con los sectores más conservadores de la sociedad, que se aferran a una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que en 1985 hablaba del nasciturus (es decir, del no nacido) como un "bien jurídico constitucionalmente protegido". Otros creen que el tiempo transcurrido y la evolución social permiten pensar que el TC defendería hoy un criterio diferente.

En España el aborto está despenalizado sólo en tres supuestos: violación (hasta las 12 semanas), malformación fetal (hasta las 22) y grave riesgo para la salud física o psíquica de la madre (sin plazo). Una ley de plazos implicaría que la mujer pudiera abortar sin acogerse a ninguno de estos tres supuestos hasta una determinada semana de gestación. Algo que, para algunos sectores, chocaría con la Constitución porque, aseguran, los derechos de la mujer prevalecerían sobre los que, teóricamente, tienen los no nacidos.