La Generalitat niega haber transgredido la legalidad al poner en suspenso la LOCE

La consejera de Enseñanza de la Generalitat, Marta Cid, ha comparecido esta mañana ante los medios para explicar la polémica suspensión de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) que el lunes anunció el Gobierno catalán y a la que se han sumado el resto de las comunidades socialistas, País Vasco y Canarias. Además de volver a exigir al PSOE que "aclare" el futuro de esta normativa, Cid ha negado que el Ejecutivo catalán esté colculcando la legalidad, como sostiene el Gobierno en funciones.

Según ha indicado la consejera, "los decretos para aplicar esta ley" en Cataluña "están desarrollados" y sólo se han dejado "en suspenso" hasta que el nuevo Ejecutivo central marque el calendario de modificación de la ley, aprobada por el Gobierno del PP en diciembre de 2002. Por tanto, Cid considera "fuera de contexto" las críticas lanzadas por el Gobierno en funciones contra la Generalitat, a la que ha acusado de transgredir la ley. Aunque la consellera reconoce que "no se puede actuar legalmente mientras no estas gobernando", ha pedido PSOE que "alguien con futura responsabilidad de gobierno" haga llegar mensajes "para tranquilizar a todo un sector que tiene sobre la mesa la responsabilidad de editar los libros de texto que se adaptarán a unos currículos que ahora tenemos y supuestamente en septiembre no tendremos". Igualmente, ha pedido que "se aclaren las condiciones de desarrollo de determinados aspectos de la ley".

Sin embargo, a primera hora de la mañana, la ministra de Educación, Pilar del Castillo, ha afirmado en la cadena Cope que el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, se ha puesto en contacto con ella para asegurarle que la Ley de Calidad se aplicará en su comunidad mientras el futuro gobierno socialista no tome una decisión firme. Del Castillo ha destacado la gravedad de no cumplir la legislación, al tiempo que ha criticado a Cataluña y las demás regiones por crear "una inseguridad jurídica extraordinaria". Además, ha reclamado al PSOE que acabe "inmediatamente con la confusión en cadena en la que viven ahora padres, estudiantes y profesores". "El PSOE tiene que explicar de una manera explícita y tajante que la Ley de Calidad no se puede incumplir", ha añadido.

Aguirre: "Es un atentado a la democracia"

En la misma línea, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha calificado previamente de "atentado a la democracia" que una ley se deje de aplicar "por capricho y voluntad de unos políticos", al tiempo que ha recordado que, cuando era ministra de Educación, tuvo que aplicar la LOGSE, "ley en contra de la cual había votado el PP". Además de confirmar que la norma sí se aplicará en Madrid, ha subrayado que "en un Estado de Derecho" las leyes sólo pueden derogarse por leyes posteriores y, "por el momento", la LOCE "está plenamente vigente".

También se ha pronunciado la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que ha subrayado que en España "no está permitido el aplazamiento de las leyes por voluntad de nadie" si no lo decide "el pueblo español a través del Parlamento". Su portavoz, José Manuel Suárez, ha explicado que en tanto las Cortes no aprueben una reforma, "la ley es plenamente aplicable en los plazos que tenga establecidos". En caso de incumplimiento, "cualquier ciudadano puede acudir a un tribunal" para solicitar que se aplique.

Por su parte, la consejera vasca de Educación, Anjeles Iztueta, ha insistido en que el Gobierno vasco aprobará su propia normativa, que pueden ser que pueden ser "normas u órdenes" y que no tiene por qué "chocar" con la que pueda aprobar el Ejecutivo socialista. "Al contrario, yo espero que coincidamos, porque el Gobierno socialista es un Gobierno progresista", ha señalado en Bilbao, tras presentar los últimos proyectos de innovación que se desarrollan en la Formación Profesional vasca. El rector de la Universidad Carlos III y miembro del comité de notables del PSOE, Gregorio Peces Barba, ha calificado en la SER de "ilegal e incluso delictiva" la intención del País Vasco de desarrollar su propia normativa. En su opinión, En su opinión, el anuncio de los gobiernos catalán y canario "no tiene sentido alguno".