El PSOE aprobará con urgencia una moratoria de dos años de la Ley de Calidad
Las comunidades socialistas y Canarias se suman a Cataluña y paralizan los desarrollos de la norma
Los próximos cursos no habrá reválida, ni se separará a los alumnos en itinerarios en 3º de ESO, ni se les obligará a estudiar obligatoriamente Religión Católica o Hecho Religioso. El próximo Gobierno socialista aprobará con urgencia una moratoria con la que suspenderá el calendario de aplicación de la ley por dos años, señaló ayer la responsable de educación en la Ejecutiva socialista, Carme Chacón. Las comunidades socialistas y Canarias se suman a Cataluña y esperarán a la moratoria antes de seguir desarrollando la ley. El PSOE creará en uno de los primeros consejos de ministros una comisión para la reforma educativa.
El PSOE manifestó que Cataluña "no ha vulnerado en absoluto la legalidad" al decidir dejar de desarrollar la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) tras conocer la intención de José Luis Rodríguez Zapatero de parar la ley. Comunidades gobernadas por el PSOE como Aragón, Andalucía y Castilla-La Mancha manifestaron ayer que dejarán de desarrollar los reglamentos que serían necesarios para aplicar los cambios el próximo curso [ver gráfico], sumándose así a la iniciativa hecha pública por Cataluña el lunes pasado.
El PSOE trabajará "a una velocidad de vértigo", señala Carme Chacón. "Mientras, hacemos una petición para que se respeten los tiempos políticos", añadió Chacón.
El nuevo Gobierno impulsará dos medidas en uno de los primeros Consejos de Ministros, a finales de mayo o principios de junio, "y mucho antes del comienzo de curso", dice Chacón: la creación de una comisión para analizar y debatir de forma urgente los cambios de la ley -en la que estarán presentes los consejeros de Educación de las comunidades autónomas- y la aprobación de una moratoria que paralice el calendario de aplicación de la ley.
Tras estos primeros pasos, los socialistas prevén empezar a elaborar la parte de los nuevos contenidos mínimos de los planes de estudios (contenidos, asignaturas y horarios) que establece el Gobierno para toda España -el 65% de del total en las comunidades con una lengua y el 55% en las que tienen dos- y de forma paralela analizar las reformas. El horizonte para tener listos los cambios sería diciembre de este año, con la idea de iniciar en los primeros meses de 2005 su tramitación parlamentaria y aprobación antes del verano. Los contenidos mínimos se cambiarían una vez aprobada la leyy no se aplicarían hasta el curso 2006-2007.
La velocidad de los cambios le ha venido prácticamente impuesta al PSOE, ya que, cuando tome posesión el nuevo Gobierno, ya se habrán aplicado algunas medidas de la reforma del PP (ver gráfico). Aparte de eliminar los itinerarios en la ESO y la obligación de estudiar religión, los socialistas cambiarán el sistema de acceso a la Universidad de la Ley de Calidad (la reválida al final del bachillerato más pruebas de acceso por centros) para poner una sola prueba, aún por definir, que sirva de acceso también para el acceso a la Universidad y que presumiblemente no tengan que realizar (como pasa ahora) los estudiantes que quieran cursar la FP de grado superior. El Gobierno prevé consensuar esta decisión con las universidades.
Respecto a la decisión de Canarias de parar la aprobación de desarrollos, el consejero de Educación de esta comunidad, José Miguel Ruano, ha manifestado que aplicar las medidas previstas para el próximo curso "podría generar una gran incertidumbre a nuestros alumnos"."Nosotros nos ajustamos a este retraso, por responsabilidad y buena dirección de nuestro sistema educativo", añadió.
Ruano ha comunicado a los centros educativos de las siete islas el aplazamiento de las medidas previstas en la LOCE para el curso 2004-2005, entre ellas la aplicación de los 135 programas de iniciación profesional (conocidos por sus siglas PIP) y los itinerarios que derivaban a los alumnos de tercero de la ESO hacia las ramas científica humanística o hacia la tecnológica, informa Jose Manuel Pardellas.
"No se trata de un gesto de desobediencia", matizó Ruano a este periódico, "sino de una reconsideración adaptada a la situación actual y los anuncios de quienes van a formar parte del nuevo Gobierno del Estado".
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