Bush cambia una ley para reducir las obligaciones medioambientales de las industrias
Cuando la nueva normativa entre en vigor las empresas podrán realizar mejoras sin instalar dispositivos antipolución
Después de más de dos años de deliberaciones internas y fuertes presiones por parte del sector industrial, la administración de Bush pondrá en marcha una ley que permitirá que cientos de viejas centrales de energía, refinerías e industrias inviertan más dinero en reformas y mejoras sin que se vean obligadas a instalar dispositivos antipolución, según fuentes de la administración citadas por The New York Times.
La ley vigente exige a las industrias que instalen dispositivos antipolución si realizan cualquier mejora u obra que vaya más allá de las simples labores de mantenimiento. Las empresas se han quejado durante años de que esta normativa es demasiado vaga y dificulta que se realicen inversiones importantes en la limpieza y compra de equipos más modernos. La nueva ley permite que se gaste un 20% del coste de los equipos de producción más importantes, como generadores o turbinas, en mejoras de cualquier tipo sin que sea obligatorio instalar controles de polución. Los equipos industriales cuestan billones de dólares, con lo que las industrias pueden gastarse decenas de millones en obras sin necesidad de incorporar dispositivos antipolución.
Al final del año pasado, la administración propuso que se simplificase la ley vigente ya que, según sus argumentos, el límite para exigir a las empresas que se aplicasen los controles fluctuaba desde una inversión del 50% del coste de los equipos hasta el gasto más insignificante.
Un ahorro de millones de dólares
La nueva ley, cuyo borrador ha sido facilitado al diario norteamericano The New York Times por el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, supone un triunfo para las industrias que ahorrarán millones de dólares en prevención medioambiental, aunque la cantidad de polución que emitan aumente significativamente. El presidente de la Agencia de Protección Medioambiental podría firmar la ley la próxima semana, según han informado miembros de la administración.
La nueva ley ha generado una importante polémica en la sociedad norteamericana, especialmente entre los sectores ecologistas. El fiscal general de Nueva York, Eliot Spitzer, ha asegurado que recurrirá la ley tan pronto como sea firmada. "Esta decisión deja patente que la administración de Bush ha intentado terminar con la actual ley medioambiental desde que llegó a la Casa Blanca".
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