Un juez declara "ilegal y desproporcionada" la retirada del orujo decretada por Sanidad en 2001

Un juzgado de Sevilla ha declarado "ilegal, nula de pleno derecho y desproporcionada" la retirada del mercado español del aceite de orujo, decretada por el Ministerio de Sanidad en el verano de 2001 tras detectarse niveles superiores a los permitidos de benzopireno, una sustancia tóxica y cancerígena a largo plazo, en varias partidas de este aceite.

La sentencia, que aún no es firme, obliga a la Junta de Andalucía, que ordenó la retirada por orden del Ministerio de Sanidad, a indemnizar a una empresa envasadora andaluza por los daños ocasionados por la intervención del aceite porque no se demostró la existencia de un riesgo grave y extraordinario para la salud pública.

También considera que, de haberse seguido el procedimiento que establece la Ley, se podía haber adoptado otra medida alternativa "menos invasiva en los derechos de la entidad recurrente".

La relevancia de la sentencia radica en ser la primera sobre la actuación administrativa por parte del Ministerio de Sanidad el 21 de julio del 2001, cuando se activó la alerta alimentaria en toda España, lo que provocó pérdidas millonarias en el sector.

Del mismo modo, siguen en trámite numerosos recursos en toda España tanto en vía administrativa como judicial, para los cuales los abogados del Departamento de Derecho Agroalimentario de Brosa han utilizado similares argumentos centrados en la indefensión de las empresas ante tales medidas y la falta de justificación de éstas ante el riesgo existente.

La "ineficacia e ineptitud" del Gobierno

Nada más conocerse la sentencia, la secretaria de Consumidores del PSOE, Isabel Pozuelo, ha denunciado que los ciudadanos tendrán que pagar "una vez más" los errores del Gobierno.

En un comunicado, Pozuelo ha afirmado que la decisión del juzgado sevillano "muestra, de nuevo, la ineficacia e ineptitud del Gobierno de la nación a la hora de gestionar la seguridad alimentaria de los españoles".

En opinión de la dirigente socialista, la decisión del juzgado "no hace sino confirmar lo acertado de las críticas que realizamos los socialistas a la nefasta actuación de los ministerios de Sanidad y Agricultura".

"Tras el espantoso ridículo en la gestión de la crisis de las vacas locas, el Gobierno quiso dar muestras de eficacia decretando la incautación del aceite de orujo de una forma tan irresponsable e injustificada que ha estado a punto de cargarse al sector orujero español", ha concluído Pozuelo.