¿Y si el Estado usase LinkedIn para crear empleo?

La ciencia de datos se ha convertido en una tecnología incontrovertible. Tanto es así que resulta un lugar común cada vez que le acompaña la muletilla de petróleo del siglo XXI. Sin embargo, el big data esconde un potencial explorado a medias, como es el de la colaboración entre Administraciones y empresas. Cuesta encontrar espacios de entendimiento donde exprimir el conocimiento que poseen conjuntamente. Y eso que desde ambos lados reconocen que el impacto social, por ejemplo en el mercado laboral y la economía, sería exponencial.

Los servicios públicos de empleo y LinkedIn representan un buen ejemplo. Según estadísticas de la propia red social, cuentan con más de 690 millones de usuarios y más de 50 millones de empresas. Casi no existen ceros para cuantificar el volumen de datos que recopilan diariamente. Como explica su responsable de Talent Solutions para España y Portugal, Ángel Sáenz de Cenzano, su objetivo es lograr alianzas con entidades públicas, como ha logrado con el Banco Mundial, Eurostat y algunos gobiernos locales, como el de Barcelona. “Con la iniciativa Economic Graph detectamos movimiento de talentos, ratios de contratación y habilidades más demandadas. Si lo uniéramos a una colaboración efectiva, permitiría conectar mejor a las personas con las oportunidades económicas”, precisa.

En la otra cara de la moneda aparecen los poderes públicos. La Comunidad de Madrid reconoce que tiene a su disposición datos ingentes sobre el sector, pero sin aprovecharlos por completo porque no forman parte de los procedimientos que gestiona. “Para innovar es necesario invertir y desde nuestra posición no siempre tenemos cubiertas las necesidades básicas en cuanto a sistemas de información y herramientas propias de la ciencia de datos”, explican fuentes de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad. Algo que les sucede en la predicción de tendencias de empleo. Recogen directamente la información de redes sociales, en vez de acordar un entorno común con Twitter o Facebook, con el fin de detectar patrones de contratación.

Una solución para que el big data cumpla con todas las expectativas, al menos en opinión de Miguel Luengo-Oroz, director científico de UN Global Pulse de Naciones Unidas, sería que el sector privado encuentre una razón de impacto, alejada de lo económico, para compartir la información —como que los ciudadanos son los propietarios de los datos— y que las Administraciones se acostumbraran a incorporar perfiles que entiendan que este es el camino si buscan un mayor beneficio social.

Un buen experimento fue cuando, en noviembre del año pasado, el Instituto Nacional de Estadística rastreó los movimientos de la ciudadanía con la idea de elaborar nuevos estudios a partir de datos comprados a las principales operadoras de telefonía. “Si el antiguo INEM colaborara con LinkedIn y sirviera para que un parado tarde uno o dos días menos en encontrar trabajo, el impacto sería brutal”, comenta el director científico de UN Global Pulse de Naciones Unidas.

Los resultados de una colaboración más estrecha han quedado patentes durante la crisis del coronavirus. Que los respiradores artificiales impresos en 3D o las viseras de protección personal se produjeran a una velocidad de vértigo ha sido la consecuencia de trabajar con datos y fuentes abiertas entre la sociedad civil, las empresas y las diferentes instituciones. Ante una emergencia sanitaria no ha habido dudas. El modelo óptimo para extraer el máximo valor a la información pasaba por el entendimiento. “Los estudios rara vez se convierten en proyectos piloto debido a la falta de incentivos que encuentra una empresa privada a la hora de ejercer esta apertura hacia el sector público o hacia la sociedad en general, haciendo sostenible esta nueva actividad”, lamenta Juan Murillo, manager de la estrategia de datos y de su innovación en BBVA.

Un salto económico

El mundo económico y financiero también vive esta realidad dual del big data. Los bancos están obligados a proveer a los reguladores, como el Banco de España, de todo tipo de datos agregados y anonimizados. Niveles de morosidad, créditos hipotecarios, inversión de activos, flujo de capitales… Resulta sencillo para los poderes públicos establecer previsiones y comprender la salud de los bolsillos de la sociedad. Bien diferente es dar un paso más. Conseguir que la ciencia de datos tenga mayor valor, por ejemplo, al cruzar esta información con la recaudación fiscal. Tanto empresas como gobiernos plantearían otros servicios y medidas. “Un big data de verdad nos ayudaría a conocer mejor lo problemas, a descubrir nuevos enfoques que nos permitan proporcionar soluciones integradas y coordinadas”, zanjan desde la Consejería.

Desde la Comisión Europea son conscientes de que hay que tomarse en serio, casi de forma estructural, todo lo relacionado con este tecnología. Según sus planes, en la próxima década movilizará más de 20.000 millones de euros anuales provenientes de fondos comunitarios y privados. Un germen interesante para cumplir el “datos, datos y más datos” que anhela la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. “Una vez que se alinean los dos mundos, los detalles técnicos hay que dimensionarlos. Las bases de datos, en muchas ocasiones, no son interoperables. De todas formas, mi experiencia me dice que la parte técnica es la menor de las barreras para colaborar”, sostiene Luengo-Oroz.

Las buenas intenciones permanecen ahí, pero falta sustanciarlas en hechos concretos. Murillo no duda en afirmar que instituciones y compañías pueden beneficiarse de la ingente información que obra en sus manos. “Mientras sea anónima y agregada, puede ayudar a fomentar una gestión pública dinámica. Incluso podría abrir la llave a una adaptación personalizada de la educación y la sanidad”. Toca preguntarse para qué vale y dónde aporta mayor utilidad. La ciencia de datos continuará evolucionando. Una asignatura menos desarrollada y atragantada cuando lo público y lo privado convergen. “Si nos ponemos de acuerdo, la tecnología existe”, concluye Luengo-Oroz.