Usuarios y empresas piden transparencia total a Sanidad para dar certeza sobre el vapeo

Las polémicas suscitadas en torno al cigarrillo electrónico en EE UU han puesto el foco en los últimos meses sobre la seguridad, regulación y efectos de estos dispositivos también en España, con los primeros efectos sobre el sector.

La Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo (UPEV), la asociación de vendedores independientes de cigarrillos electrónicos y sus recargas, estima que durante la segunda mitad de 2019 echaron el cierre de unas 40 tiendas ligadas a esta actividad, que provocaron que más de 400 trabajadores perdieran sus empleos.

Las ventas durante todo el año fueron de 75 millones, un 15% por debajo de los 88 millones facturados en el año anterior, debido a una caída del orden del 30% de los ingresos en el segundo semestre. El motivo, según la asociación, estuvo en la campaña de publicidad del Ministerio de Sanidad bajo el eslogan El tabaco ata y te mata, que aglutinaba tanto a los cigarrillos de combustión tradicionales como a los nuevos dispositivos alternativos.

Según los datos de las 600 tiendas asociadas a la UPEV, desde el inicio de la campaña se redujo un 70% la venta de kits de inicio en el vapeo, recomendados para los fumadores de tabaco tradicional que quieren empezar a dejarlo.

Esto se une a la confusión generada en EE UU a raíz de la distribución, por cauces ilegales, de cargas de vapeadores cuyos líquidos contenían acetato de vitamina E vinculado al tetrahidrocannabinol (THC), el componente psicoactivo de la planta del cannabis. Unas irregularidades que estarían detrás del fallecimiento de más de 30 personas en aquel país, según la investigación que en los últimos meses ha acometido la FDA estadounidense.

Todos estos ingredientes han provocado un debate creciente, también en España, sobre hasta dónde debe llegar la regulación de estos dispositivos, y también sobre los efectos sobre la salud que pueden tener en comparación con el tabaco tradicional. Sobre ello trató el desayuno organizado por CincoDías y El País Retina, que reunió a representantes de consumidores, distribuidores y expertos científicos en la materia que, en primer lugar, coincidieron en la necesidad de que representantes del Ministerio de Sanidad estén presentes en este tipo de debates.

El primer punto a tratar fue el relativo a la regulación, la cual es relativamente reciente. Esta se basa en una directiva elaborada por la Unión Europea en 2014, pero cuya trasposición en España no llegó hasta 2017. De hecho, fue uno de los países del entorno europeo en hacerlo con mayor retraso. Fue a finales de ese año cuando el Congreso de los Diputados aprobó el decreto que completaba esa trasposición y que incorporó medidas propias para España. Por ejemplo, prohibió la venta a distancia de dispositivos susceptibles de liberar nicotina, como los vapeadores, y también sus recargas, además de asimilar su publicidad a la del tabaco tradicional. También se fijaron por ley medidas de control de la fabricación, composición, distribución o etiquetado. Es decir, lo que se vende debe recibir el visto bueno de Sanidad, lo que limita al máximo que puedan darse casos como los de Estados Unidos.

“La Unión Europea tiene una normativa bastante estricta respecto a los cigarrillos electrónicos, y la española es, si cabe, un punto más exigente”, explica Rodrigo Fernández Navarro, miembro de la junta directiva de la UPEV. “Esta normativa nos exige a todos los agentes del sector llevar a cabo una labor informativa sobre los dispositivos y las cargas. España es el país con una norma más rigurosa y con mayor nivel de cumplimiento”, asevera, concluyendo que “este es un sector de todo punto de vista seguro”.

La regulación europea obliga, por ejemplo, a que los líquidos que contengan nicotina pasen por unos análisis de toxicidad y de trazabilidad, así como reflejar todos los elementos de su composición. Un control que, en cambio, no es similar en el caso de los líquidos que no contienen nicotina, aunque la UPEV ha aprobado un código de buenas prácticas para incorporarlos también a estos análisis. “Lo único que cambia en estos líquidos es la nicotina, pero hemos incorporado los que no la incluyen para que tengan los mismos estándares y controles de calidad”.

En cambio, los presentes en el debate sacan a colación una cuestión pendiente por resolver por parte de Sanidad relativa a los líquidos. Y es que, aunque estos están analizados, controlados y registrados, la Administración no los hace públicos. “En España todos los dispositivos y líquidos que llevan una carga de nicotina deben ser aprobados por Sanidad, pero no publica la lista de los mismos, dando la sensación de que no es un producto regulado”, analiza Ángeles Muntadas-Prim, presidenta de la Asociación Española de Usuarios de Vaporizadores Personales (Anesvap).“Nosotros estamos trabajando en la cuestión de la lista”, dice el representante de UPEV.

“Desde el punto de vista comercial, para los establecimientos y los consumidores hay una regulación para que informemos de los productos que ponemos en el mercado, pero la inexistencia de esa lista provoca cierta inseguridad jurídica por parte de las tiendas”, añade Fernández. Este recuerda que desde 2016 hay un proyecto para crear un portal público que sigue parado.

En este punto Ángel González Ureña, catedrático de Química de la Universidad Autónoma de Madrid, cree importante, “para eliminar toda confusión”, analizar las emisiones de sustancias que generan todos los ingredientes de los líquidos, no solo de la nicotina. “Técnicamente se puede cuantificar cuánto llega al pulmón de cada cosa. Ya sabemos que los líquidos tienen propilenglicol, glicerina y nicotina, pero no se analizan los aromas, por ejemplo. Está regulado, pero si se exigiera la lista se eliminarían muchos problemas”, afirma. “Estamos contemplando el análisis de todos los ingredientes, cualitativos y cuantitativos incluidos los aromas”, apunta Rodrigo Fernández, de UPEV.

¿Cerrados o abiertos?

Otro punto de debate respecto a los dispositivos es el de la idoneidad de que las cargas de los mismos sean abiertas o cerradas. Los defensores de estas últimas argumentan que impiden cualquier manipulación del líquido. “Las cargas cerradas se pueden manipular”, asegura, sin embargo, la presidenta de Anesvap. “No me parece algo que pueda ser decisivo en absoluto. Lo que ha ocurrido en EE UU se ha dado con cartuchos cerrados”, añade Rodrigo Fernández. Este recuerda que “todos los productos que se compran en las tiendas están regulados y controlados”, y que un distribuidor “no puede coger ingredientes, hacer su liquido y venderlo. Nosotros les recomendamos que sean los clientes los que abran los precintos de los productos”.

Elena Ordozgoiti, jefa de servicio de agroalimentación de la Asociación Española de Normalización UNE, describe cómo a nivel europeo hay proyectos de normas relativas a impedir la manipulación de los dispositivos por parte de los niños, para reforzar la seguridad de los diseños, o para fijar una serie de sustancias de referencia sobre las que llevar a cabo los análisis, también los líquidos sin nicotina. “La esperanza es que se abra un debate científico y que la normativa esté vinculada a ese debate. Lo que dicta el sentido común es una mesa científica”, estima Rodrigo Fernández.

En este sentido, Elena Ordozgoiti recuerda que la normalización puede jugar ese papel: “Permite desarrollar métodos analíticos, buenas prácticas, pero con la participación de todos los agentes del sector, porque son documentos de consenso. En este caso permitiría equilibrar lo que demanda el usuario, lo que la tecnología permite, lo que el fabricante quiere y lo que Sanidad quiere poner sobre la mesa”. Los documentos de normalización, que saldrían de un hipotético consenso entre las partes, son documentos técnicos de carácter voluntario que permiten a todas ellas establecer unas reglas de juego claras. “Luego es decisión del legislador tomar estos documentos como referencia”, especifica Ordozgoiti.

Pero antes incluso de ese paso, Ángel González cree necesario “eliminar el estigma del cigarrillo electrónico, y esto no solo lo tienen que hacer los científicos sino otros componentes del organigrama”.

En este sentido, considera que “es muy importante difundir el mensaje de que estos dispositivos no son inocuos, sino que no son tan peligrosos. Es innegable que estos productos alternativos representan un paso positivo en la reducción del daño”, asegura. “La Administración debe aceptar esa evidencia científica y fomentar un plan nacional de investigación para profundizar en este campo”, añade.

Rodrigo Fernández, de la UPEV, resume a modo de conclusión que “el vapeo en España es un sector muy pequeño y controlado, los profesionales nos conocemos muy bien y por eso tenemos esos niveles de profesionalidad”. “Decimos no a la desinformación”, dice Ángeles Muntadas-Prim, y concluye: “Queremos que se informe de lo que es realmente el vapeo y que se dé la oportunidad a la gente que quiera de dejar el tabaco de acceder a este tipo de alternativas”.