Guerra contra las #FakeNews: cuidado con el remedio

El pasado sábado, 6 de enero, durante la celebración de la Pascua Militar, la Ministra de Defensa dedicó una parte destacada de su intervención a hablar de la estrategia contra la “guerra de la desinformación”.

Habló de “la amenaza que suponen para la Defensa Nacional las injerencias que buscan manipular a la opinión pública" con noticias falsas. Y calificó a Internet y a las redes sociales como “un nuevo campo de batalla”.

El objetivo no debe ser tanto analizar y garantizar la veracidad de las informaciones, cosa que corresponde a los Jueces, sino garantizar el pluralismo informativo

Esta postura no es nueva, sino que ya quedó plasmada en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, que aprobó el Consejo de Ministros el 1 de diciembre y que incluyó las “campañas de desinformación” como parte de la “guerra híbrida”.

María Dolores de Cospedal anunció que propondrá a la Comisión de Defensa del Congreso la creación de un grupo de trabajo con diputados y editores de los principales medios de comunicación para buscar las respuestas adecuadas.

Pero no adelantó ninguna de las posibles medidas ni cuál sería el órgano que se encargaría de aplicarlas. Aunque dado el Ministerio y la Comisión del Congreso en la que se van a estudiar, se supone que sería el Mando de Ciberdefensa.

Más información

Propaganda y ‘fake news’: con nosotros mucho antes de la tecnología

Noticias falsas: un asunto de robots

Creación de un SOC de la AGE

Por su parte, la Vicepresidenta del Gobierno anunció el pasado 13 de diciembre la creación de un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) “para proteger las redes informáticas de la Administración pública ante ciberataques”.

Dicho SOC dependería de la Secretaría General de la Administración Digital, en el Ministerio de Hacienda y Función Pública, y estaría coordinado con el Centro Criptológico Nacional (CCN) en el CNI, que depende de Vicepresidencia.

El SOC controlaría las redes informáticas de la Administración y las protegería de los ciberataques, 24 horas al día y 7 días a la semana, mientras que el CCN se encargaría de la respuesta a los incidentes más graves.

Según parece, entre los objetivos de este centro, además de las respuestas ante robos de datos de datos y las medidas a tomar ante ataques de “ransomware”, también estaría “la lucha contra la desinformación y las fake news”.

Este anuncio ha causado cierta extrañeza a profesionales de la ciberseguridad, porque no están dentro de las competencias tradicionales de un SOC y menos de la AGE, que no debería entrar a analizar la veracidad de las noticias.

Proposición No de Ley

En este sentido, el Grupo Popular en el Congreso presentó el 19 de diciembre una Proposición No de Ley para “garantizar la veracidad de las informaciones que circulan en la red y evitar injerencias extranjeras”.

Una Proposición No de Ley, como su nombre indica, no es una Ley, sino una iniciativa parlamentaria de impulso de la acción del Gobierno, por la que se insta a éste adoptar una serie de medidas.

En este caso, se le insta, en primer lugar, a “impulsar la elaboración de métodos para determinar la veracidad de informaciones que circulan por Internet” y para identificarlas mediante un "sellado" como potencial noticia falsa.

Este sistema -dice- debe desarrollarse por instituciones públicas especializadas, en colaboración con proveedores de servicios y de infraestructuras de Internet, medios de prensa y asociaciones de usuarios.

También se insta al Gobierno a “introducir en las capacidades de los Servicios encargados de la Seguridad Pública sistemas de vigilancia, monitorización, mitigación y respuesta ante acciones extranjeras”. Pero no se dice cuáles.

Macron

El pasado día 3 de enero el Presidente francés anunció una ley “para controlar, limitar y castigar la propagación en la red, durante campañas electorales, de noticias falsas por parte de entidades extranjeras”. Esta Ley tendría tres pilares:

El primero sería reforzar los poderes de las autoridades que regulan el sector audiovisual, para evitar que televisiones controladas por Estados extranjeros actúen como elementos desestabilizadores.

El segundo sería obligar a las plataformas en Internet (especialmente, las redes sociales) a una mayor transparencia respecto a los contenidos patrocinados y la identidad de quien los paga.

El tercero sería articular un procedimiento ágil para denunciar las noticias falsas ante el Juez y que éste pueda o bien ordenar su supresión, o bien cerrar la cuenta que la ha publicado o incluso bloquear el acceso a Internet.

Parecen medidas razonables que respetan el derecho a la libertad de expresión y el derecho de difundir una información veraz, aunque se pone en duda que los jueces puedan resolver al ritmo que marca internet y las redes sociales.

¿Garantizar la veracidad de las informaciones o el pluralismo informativo?

Parece que 2018 será el año de la ‘guerra’ contra las noticias falsas o “fake news” y parece que hay un consenso amplio, en todos los países de nuestro entorno, en que es un problema real que se debe afrontar.

Pero tan o más importante que el acuerdo en el qué es el acuerdo en el cómo. Se puede acertar en el diagnóstico, pero, si no se acierta en la solución, puede ser aún peor el remedio que la enfermedad.

Creemos que el objetivo no debe ser tanto analizar y garantizar la veracidad de las informaciones, cosa que sólo le corresponde a los Jueces, sino garantizar el pluralismo informativo, pilar de cualquier democracia.

En este sentido, se puedan fomentar sistemas para calificar la veracidad de las noticias por las propias plataformas y sus usuarios, y contar con la ayuda de los medios de comunicación y otras iniciativas periodísticas de “factchecking”.

Pero el Gobierno debería limitarse al control de las “redes de bots” que propagan noticias falsas (como ya hace cuando propagan virus o lanzan ciberataques), porque perjudican el derecho de los ciudadanos a recibir una información plural.