El País Vasco gestionará el régimen económico de la Seguridad Social en la segunda mitad de 2021

El cumplimiento íntegro del Estatuto vasco ya tiene fecha. Cuarenta años después de su aprobación y ratificación en el referéndum del 25 de octubre de 1979, los Gobiernos central y vasco acaban de sellar el acuerdo “histórico”, a entender de sus firmantes, para completarlo, como muy tarde, en diciembre de 2021. El Gobierno vasco gestionará las cárceles de Euskadi a partir de este mismo año y el régimen económico de la Seguridad Social a finales del próximo. Se trata de las dos transferencias más polémicas durante estas cuatro décadas, debido a la naturaleza única de la caja de la Seguridad Social, que seguirá así y, en el caso de prisiones, por la existencia de ETA, que se disolvió en mayo de 2018.

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"La relación de bilateralidad que mantenemos con el País Vasco la estamos demostrando con estas reuniones y con este acuerdo, y vamos a seguir haciéndolo día a día", ha asegurado la ministra de Política Territorial, Carolina Darias. El portavoz del Gobierno autónomo se ha mostrado muy satisfecho, ya que, a su juicio, ambas Administraciones están inaugurando "una nueva etapa en la que por vez primera todas las competencias pendientes aparecen en un cronograma de objetivos". Madrid y Vitoria han puesto fecha a las negociaciones de varios bloques de competencias pendientes y a la reducción de la litigiosidad. Un proyecto que plantea la negociación y el acuerdo de prisiones de junio a diciembre de este año y del régimen económico de la Seguridad Social de junio a diciembre de 2021. "Somos conscientes de que no es fácil, pero tenemos la voluntad de hacerlo y de seguir avanzando con esos objetivos", han coincidido ambos interlocutores. El retraso del régimen económico de la Seguridad Social se produce, según ha explicado la ministra, para dar tiempo a que "estén avanzados" los acuerdos de renovación del Pacto de Toledo.

El acuerdo supone un bálsamo en la actual situación política vasca, ahora condicionada por la precampaña de las elecciones del 5 de abril, pero sobre todo por la cuestionada gestión de la crisis generada por el desplome del vertedero de Zaldibar (Bizkaia), en cuya ladera siguen enterrados dos trabajadores. El lehendakari y cuatro de sus consejeros tuvieron que acudir al Parlamento vasco este martes a dar explicaciones ante la conmoción generada en la zona por la confusión ante los posibles riesgos y el impacto medioambiental para los vecinos.

Ambos Ejecutivos le han dado prioridad a la competencia de prisiones, que podría llegar como muy tarde en diciembre de este año, o quizás en enero si las reuniones de la Comisión Mixta de Transferencias se retrasan por problemas de agenda. El consejero vasco ha querido separar, otra vez, la gestión de las prisiones de las políticas penitenciarias, aunque ha reconocido que una parte de estas afectará a Euskadi. En cualquier caso, tanto la ministra de Política Territorial como el consejero vasco han oficializado el buen momento que atraviesan las relaciones entre los Gobiernos de Pedro Sánchez e Íñigo Urkullu, después de que los votos del PNV fueran definitivos para desalojar a Mariano Rajoy de La Moncloa mediante una moción de censura en junio de 2018, tras la sentencia del caso Gürtel que condenó al PP, y posteriormente para consolidar al líder socialista como presidente.

El cronograma de traspasos se estira hasta diciembre de 2021, con lo que, salvo problemas, el Estatuto estará desarrollado completamente en 2021, cuarenta y dos años después de su ratificación por los ciudadanos vascos. Se trata de 32 competencias, las primeras de las cuales, productos farmacéuticos, seguro escolar y ayudas a prejubilados afectados por ERE, llegarán el próximo mes de marzo. La cita en la sede de la Lehendakaritza contó con la presencia de dos comisiones partidarias formadas, además de por Darias y Erkoreka, por el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernández y la secretaria general de Coordinación Territorial, Miryam Álvarez. Por la parte vasca participaron el viceconsejero de Régimen Jurídico, Sabino Torre Díez, y la directora de Desarrollo Estatutario, Begoña Pérez de Eulate.

El apretón de manos de Erkoreka y Darias representa el mayor desarrollo del Estatuto vasco. Hasta ahora, Euskadi ha ido logrando competencias a golpe de las necesidades de los ocupantes de La Moncloa. En los ochenta, el País Vasco asumió con los Gobiernos de Felipe González las transferencias de Educación y de Sanidad, que permitieron, entre otras cosas, articular una escuela pública en la que se fusionaron las ikastolas privadas que lo decidieron en una única red, pero esta vez bilingüe. Posteriormente, en los noventa, el entonces presidente del PNV, Xabier Arzalluz, y el del Gobierno, José María Aznar, pactaron la reforma del Concierto Económico que permitió a Euskadi modificar las tarifas del IRPF y del Impuesto de Sociedades, además del resto de los impuestos especiales.

El Estatuto de Gernika es, junto al navarro, el más ambicioso de los de la España descentralizada. Y además le confiere una estructura interna casi confederal, porque las competencias económicas más importantes como la recaudación tributaria y la legislación sobre tipos, exenciones o inspección tributaria, recae no en el Gobierno vasco, sino en las Diputaciones forales. La Constitución es el paraguas legal que ampara los derechos históricos vascos y fija una relación política y económica especial con el Estado. En el caso de esta última, se fundamenta en los conciertos económicos establecidos tras la abolición de los fueros en 1876, que se mantenían en Álava y Navarra, al considerarse provincias leales al golpe de Estado de Franco, pero que fueron derogados por el dictador en Gipuzkoa y Bizkaia al finalizar la Guerra Civil.