El Gobierno accede a negociar con Euskadi el traspaso de las prisiones

Los Gobiernos central y vasco han escenificado este lunes el fin a siete años de "sequía e incomunicación" en materia de transferencias. Ambas administraciones se han marcado el compromiso de cerrar antes de que concluya el año un calendario de traspaso que incluye la competencia sobre las prisiones vascas pero deja fuera la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, una de las principales reivindicaciones del Ejecutivo autonómico. La ministra de Política Territorial, Meritxel Batet, y el consejero de Autogobierno, Josu Erkoreka, han celebrado el deshielo de unas negociaciones que habían quedado completamente paralizadas durante la presidencia de Mariano Rajoy.

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La Comisión Mixta de Transferencias ha dado luz verde este lunes al inicio de un proceso de transferencias a Euskadi basado en "el diálogo, el entendimiento y la cooperación" entre ambos Ejecutivos y que tendrá como objetivo el reforzamiento del autogobierno vasco hasta lograr el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika. Batet ha aclarado que la "lealtad constitucional" inspirará los avances que se produzcan en el traspaso de las competencias pendientes —el Gobierno vasco cuantifica en 37 las que aún están por transferir—.

La gestión de las cárceles vascas y del régimen de la Seguridad Social son las dos principales reclamaciones que el Gobierno vasco (PNV-PSE) fijó en su programa de gobierno en materia de transferencias. No hubo ningún avance al respecto mientras el PP estuvo al frente del Gobierno español, pero el panorama ha cambiado con el relevo de Pedro Sánchez, al que el PNV apoyó en su investidura. El trabajo de cocina que han llevado a cabo estos meses los dos Gobiernos ha permitido sellar el acuerdo para traspasar a la comunidad autónoma vasca un tramo de seis kilómetros de la autopista AP-1 y 13 kilómetros de dos vías del tren de mercancías de Bizkaia.

La reunión entre ambas delegaciones ha ido más allá, puesto que han adquirido el compromiso de fijar un calendario de transferencias antes de acabar este año, como había establecido el Parlamento vasco en un acuerdo adoptado en junio pasado. Batet ha manifestado que entre estas materias figurará la de instituciones penitenciarias: "Estamos dispuestos a sentarnos y a hablar de ello y avanzar en los trabajos", ha dicho la ministra después de advertir de que se trata de "una transferencia que no es sencilla, ni va a ser fácil llegar a un acuerdo de manera inmediata".

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, había asegurado la semana pasada durante una visita a Vitoria que la transferencia de prisiones no estaba en la agenda del Gobierno, pero la ministra portavoz, Isabel Celaá, rectificó estas palabras tras el Consejo de Ministros del pasado viernes, y confirmó que todo estaba en la mesa de conversaciones.

En cambio, el régimen económico de la Seguridad Social quedará fuera de la agenda de trabajo. "Somos conscientes de que el Gobierno vasco va a mantener esa reivindicación, pero es una material altamente compleja desde el punto de vista técnico y, además, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional la ha dificultado todavía más", ha afirmado Batet.

El Gobierno vasco no va a plantar batalla sobre esta competencia, pese a que figura entre sus principales aspiraciones de la legislatura, con el apoyo de los socialistas vascos incluido. Erkoreka ha reconocido que se trata de un asunto complejo, pero al mismo tiempo ha asegurado que no va a hacer "una prioridad" ni va a "apremiar" al Ejecutivo central con el traspaso de la Seguridad Social. Ahora bien, también ha precisado que "nunca" va a renunciar a ello porque "sería renunciar al artículo 18.2 del Estatuto y a la disposición adicional quinta" del mismo.