La transferencia de la Seguridad Social, principal escollo de la cita de Urkullu en La Moncloa

El acercamiento de los presos de ETA a las cárceles del Pais Vasco, negociaciones para evitar los recursos del Gobierno central ante el Tribunal Constitucional y el estudio, con voluntad de acuerdo, de las competencias pendientes, constituyen el marco en el que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se entrevista este lunes con el lehendakari, Iñigo Urkullu. La buena disposición será compatible con la dificultad practicamente insalvable de transferir la Seguridad Social al País Vasco. Tampoco será fácil la cesión de la gestión de las cárceles.

El lehendakari abre este lunes en La Moncloa las entrevistas de Pedro Sánchez con todos los presidentes autonómicos. La buena relación que el gobernante vasco y la dirección del PNV que lidera Andoni Ortuzar establecieron con el anterior presidente, Mariano Rajoy, parece que podrá repetirse con Sánchez.

El PNV ayudó a Rajoy a sacar los Presupuestos y, unos días más tarde, a que el PSOE llegara al Gobierno. Ahora empieza la negociación sobre asuntos aplazados año tras año. El diálogo está abierto para todos los temas, aunque su resultado no apunta a un acuerdo fácil, según se constata en fuentes gubernamentales.

El principal escollo estará en atender la demanda de Urkullu de hacerse con la gestión de la Seguridad Social. El rechazo no será hoy definitivo, pero Sánchez tampoco contribuirá a que Urkullu albergue excesivas esperanzas. A pesar de que la transferencia de la gestión de la Seguridad Social figura en el Estatuto de Gernika aprobado hace 37 años, ningún Gobierno lo ha querido abordar. La respuesta invariable ha sido que no se puede romper la caja única de la Seguridad Social, que es el único elemento de cohesión de toda España. Desde el PSE- PSOE se concede que quizá puede abordarse alguna fórmula de cesión de la gestión sin arriesgar el carácter unitario de la misma, como han hecho saber a Sánchez, pero sin demasiado ahínco, según señalan fuentes gubernamentales. Esta medida conllevaría una severa oposición del PP y Ciudadanos, pero la medida tampoco sería pacífica dentro del PSOE, reconocen estos interlocutores.

Acercar presos

Sí habrá acuerdo con seguridad en el acercamiento de presos de ETA una vez disuelta la banda terrorista. Pero no todos los encarcelados están en la misma situación, y el presidente del Gobierno quiere separar el debate de los condenados de ETA por delitos de terrorismo del de los políticos independentistas catalanes que están en prisión preventiva.

“Después del anuncio de disolución de ETA y, por tanto, de reconocimiento de su derrota, por parte del Estado de derecho es evidente que la política tiene que adaptarse a una nueva realidad, pero teniendo muy en cuenta a las víctimas del terrorismo”, declaró el jefe de Gobierno en la entrevista publicada este domingo en EL PAÍS. Ese sí al acercamiento de los etarras a las tres cárceles vascas no lleva consigo de manera automática la concesión de la petición del lehendakari del traspaso de la competencia penitenciaria al Gobieno vasco. El jefe de Gobierno, que ha preparado mucho la reunión con distintos interlocutores, pero, sobre todo, con los socialistas vascos que lidera, Idoia Mendia, está dispuesto a abordarlo, pero no de forma inminente.

También ofrecerá interlocución inmediata para analizar las transferencias pendientes, que el PNV cifra en 37, respecto a las que el nuevo Gobierno aún no se ha pronunciado ni ha evaluado si se ajustan a la realidad estatutaria. Lo cierto es que durante años fueron 31, pero se han añadido seis más, que van desde gestión de la inmigración al control sobre medicamentos. La última gran transferencia se realizó en octubre de 2010 cuando el entonces lehendakari, Patxi López, selló con el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, el traspaso de las políticas activas de empleo.

En la anterior legislatura los contactos comenzaron en julio de 2017 entre Soraya Sáenz de Santamaría y el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, pero la creciente tensión en Cataluña los hizo naufragar. Ahora, el lehendakari le pedirá a Sánchez que instituya un marco estable de diálogo que trate de poner fin a la continua litigiosidad ante el Tribunal Constitucional.

Pero Sánchez también tiene peticiones para el lehendakari: la participación del PNV en la comisión de evaluación del Estado autonómico que se creó en el Congreso, pensada como embrión para la reforma constitucional, que ahora languidece, y en la que los nacionalistas vascos nunca quisieron participar.