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Urkullu reclama a Rajoy 35 transferencias para cumplir el Estatuto

El Gobierno vasco fija como "prioritario" el traspaso del régimen económico de la Seguridad Social y las prisiones

Mariano Rajoy recibe en la Moncloa a Iñigo Urkullu, en una imagen de archivo.
Mariano Rajoy recibe en la Moncloa a Iñigo Urkullu, en una imagen de archivo.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se encontrará a finales de esta semana en la mesa de su despacho con un "detallado" informe que ha aprobado el Gobierno vasco este martes con un listado de las competencias que el Estado tiene pendientes de transferir al País Vasco. Son 35 materias recogidas en el Estatuto de Gernika de 1979, de un total de 144, que aún no son gestionadas por el Ejecutivo autonómico y que Urkullu reclama a Madrid para lograr el "desarrollo íntegro del Estatuto". Entre las transferencias reclamadas figuran dos que son "prioritarias" y de mucho calado político, como el régimen económico de la Seguridad Social o las prisiones, y otras de menor alcance, como la matriculación de vehículos o la asignación del ISBN.

Urkullu ha hecho de las transferencias pendientes uno de los ejes centrales de su acción de gobierno esta legislatura y será uno de los asuntos en los que el lehendakari incidirá este jueves durante su intervención en el pleno de Política General del Parlamento. Es su apuesta por aumentar la cuota de autogobierno por la vía del acuerdo con el Gobierno central, a diferencia de la estrategia unilateral que ha adoptado las instituciones catalanas. Urkullu considera que la vía del acuerdo entre los Gobiernos central y vasco ya han dado resultados "relevantes", como el acuerdo sobre la Ley Quinquenal del Cupo y la renovación del Concierto Económico, las ayudas a la industria vasca, la financiación de infraestructuras ferroviarias y los acuerdos en la Junta de Seguridad para propiciar el relevo generacional en la Ertzaintza. Estos acuerdos suponen, dice Urkullu, "la ratificación de la bilateralidad".

El Gobierno vasco ya cuenta con informe técnico que contiene el catálogo de competencias pendientes de transferir, aunque su portavoz, Josu Erkoreka, no lo ha dado a conocer hoy, como estaba previsto. Será el lehendakari quien dé cuenta del mismo en la Cámara autonómica este jueves. "Es un documento colectivo del Gobierno", apoyado por los consejeros del PNV y del PSE, se ha limitado a decir Erkoreka. También ha señalado que no son 34 las competencias no transferidas, como apuntaban informes anteriores.

La última actualización realizada por el Ejecutivo, fechada el pasado 10 de septiembre, cifra en 35 las materias que no están en manos del País Vasco. Son las prestaciones por desempleo. el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina, la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, los bienes inmuebles adscritos al Insalud e Inserso, centros de investigación, el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), meteorología, aeropuertos, las autopistas A-1 y A-68, infraestructuras ferroviarias, los puertos de Bilbao y Pasaia, Salvamento Marítimo, el CEDEX, el régimen electoral municipal, los centros penitenciarios y ejecución de la política penitenciaria, entre otras.

Un estudio realizado en 2015 por encargo del Gobierno vasco sostiene que un Estatuto de Gernika "a pleno rendimiento económico-financiero", con todas las competencias transferidas, podría duplicar el presupuesto de la Administración vasca (11.000 millones).

La última reunión "en secreto" que Rajoy y Urkullu mantuvieron en Moncloa en julio pasado sirvió precisamente para romper el bloqueo del PP duante los años en que gobernó con mayoría absoluta. El presidente del Gobierno dio luz verde al inicio de un proceso negociador que va a dirigir Sáenz de Santamaría, aunque no se ha producido ningún avance hasta ahora, salvo una cita pendiente que la vicepresidenta se comprometió a concertar este mes con Erkoreka (aún no se ha producido ese encuentro) para sentar las bases de la negociación de las transferencias.

El pacto que firmaron el PNV y los socialistas incluye la exigencia al Gobierno del PP de exigir la transferencia de las prisiones y del régimen económico de la Seguridad Social, consideradas clave para profundizar en el autogobierno vasco.

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