El Congreso ampliará el plazo para que los grupos puedan preguntar sobre los Consejos de Ministros

El nuevo Gobierno cambió de los viernes a los martes por la mañana las sesiones ordinarias del Consejo de Ministros para marcar la agenda política, pero no evitará que el Congreso de los Diputados pueda fiscalizar al Gabinete en el menor plazo posible. La presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, ha propuesto extender al martes a las 18.00 el plazo para reformular las preguntas parlamentarias para la sesión de control al Ejecutivo, que se celebra los miércoles por la mañana. Con ello se pretende garantizar que los grupos puedan inquirir sobre los asuntos aprobados en la reunión semanal del Gobierno. La decisión no ha contentado a la oposición, que pedía un cambio más amplio para adaptar el funcionamiento del Congreso a la nueva fecha del Consejo de Ministros. Este martes también se ha constituido la comisión permanente de la Cámara, en cuyo órgano de gobierno Vox se ha quedado sin representación.

La propuesta de Batet tendrá que ser refrendada por la Mesa del Congreso y la Junta de Portavoces en próximas reuniones, pero su aprobación se da por segura, pues esos órganos están controlados por la mayoría parlamentaria que favoreció la investidura del socialista Pedro Sánchez. De consumarse, los grupos mantendrían la tarde del jueves de la semana anterior a la sesión de control al Gobierno como fecha límite para presentar preguntas, pero ampliarían el plazo excepcional que les permite reformularlas: ya no expirará el lunes al mediodía, sino el martes a las seis de la tarde, unas horas después de la finalización del Consejo de Ministros. “Queremos poner el Congreso en el eje de la actividad política”, ha argumentado la portavoz socialista, Adriana Lastra.

Las explicaciones del PSOE convencen a Ciudadanos, que pedía un cambio similar al promovido por Batet, pero el resto de la oposición conservadora ha criticado duramente la propuesta de la presidenta de la Cámara. El PP, que pretendía adelantar la Junta de Portavoces a los lunes —ese órgano, que decide el orden del día de los plenos, se reúne los martes, por lo que coincide con el Consejo de Ministros— ha sido el más duro. La portavoz parlamentaria de los populares, Cayetana Álvarez de Toledo, ha denunciado la “deriva autoritaria” del Gobierno, que, según ella, pasa por “degradar” el Parlamento a través del solapamiento del Ejecutivo y el Legislativo. Pero los dardos más afilados los ha dirigido a los grupos minoritarios, a los que ha acusado de ser “comparsas” del PSOE y no defender sus propios intereses. “El Gobierno quiere una labor opaca y ha mandado al Parlamento a la periferia de la vida pública”, ha concluido.

Vox, fuera de la Mesa

El otro foco del día estaba puesto en la constitución de la Diputación Permanente, el órgano de 68 miembros (24 del PSOE, 17 del PP, diez de Vox, siete de Unidas Podemos, tres de ERC, dos de Ciudadanos, dos del Grupo Plural, dos del Grupo Mixto, uno del PNV y uno de Bildu), que sustituye al pleno en los períodos en los que no hay sesiones. A diferencia de lo ocurrido en diciembre con la Mesa del Congreso, Vox se ha quedado fuera de la Mesa de la Diputación Permanente. Su candidato, Ignacio Gil Lázaro —que forma parte de la llamada Mesa Grande, la del pleno— solo ha obtenido los apoyos de los 10 diputados de su grupo para la Mesa Pequeña, la de la Diputación Permanente. Este órgano será presidido por la propia Batet y tendrá dos vicepresidentes (Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, del PSOE, y Ana Pastor, del PP) y dos secretarios (Javier Sánchez Serna, de Unidas Podemos y Adolfo Suárez Illana, del PP).

El reparto de los puestos entre el Gobierno de coalición y la oposición conservadora ha indignado a Vox. El partido ultraderechista ha vuelto a denunciar un supuesto cordón sanitario contra ellos protagonizado por el PP, el PSOE y Ciudadanos: “El tricentrito no alterará el compromiso de Vox para hacer escuchar sus ideas”, ha proclamado su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, en los pasillos del Congreso. Los populares han negado cualquier acuerdo con el PSOE para el reparto de la Mesa.

Espinosa también se ha atribuido la concentración de algunas comisiones legislativas —serán 21, cuando lo habitual es que fuesen 23, una por cada ministerio— y ha anunciado que presentará iniciativas para seguir reduciendo su número. Está previsto que las comisiones se constituyan el 6 y el 7 de febrero. Será el último paso para que vida parlamentaria retome la normalidad tras varios meses de bloqueo político.