Un cordón sanitario legal, pero polémico
Los expertos discrepan sobre la conveniencia y la oportunidad de excluir a Vox de la Mesa del Congreso
Algunos países de Europa aíslan a la ultraderecha. Otros no. Y en España el debate surge con más fuerza que nunca, para angustia del Partido Popular. El cordón sanitario que el PSOE y Unidas Podemos proponen contra Vox no genera consenso entre los políticos, y tampoco entre los expertos. Los politólogos consultados por EL PAÍS se dividen entre quienes piensan que dejar que el partido de Santiago Abascal entre en la Mesa del Congreso equivale a blanquearlo y quienes consideran que excluirlo supone violar el espíritu constitucional, que proclama la libertad de ideas y el pluralismo político. Todos coinciden en que el cordón sanitario es legal; el debate es si resulta legítimo.
Víctor Lapuente, catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Gotemburgo, tiene dudas: “Erigirse en guardián moral y pensar que hay unos representantes de segunda y otros de primera no ayuda, sobre todo en un país con una gran crisis de representatividad”, dice. El artículo 29 del Reglamento del Congreso establece que todos los grupos “gozan de los mismos derechos”, aunque para José Fernández-Albertos, investigador del CSIC, los propios usos y costumbres parlamentarios han flexibilizado su aplicación: “Los partidos lo han alterado por conveniencia política. Es legítimo excluir a Vox en la medida en que haya un consenso entre las demás formaciones”.
El Reglamento del Congreso es muy claro: los nueve miembros de la Mesa, que es el órgano de gobierno de la Cámara, se eligen a través de una votación de los diputados, por lo que, si Vox no consigue que ninguno de sus candidatos esté entre los más apoyados, se quedará fuera. Y ahí entra el juego político. Normalmente, los grupos parlamentarios pactan entre ellos para que el reparto de la Mesa sea lo más acorde posible con la correlación de fuerzas en la Cámara, pero en este caso todos —salvo el Partido Popular y Ciudadanos— tratan de hacer cálculos para evitar que la extrema derecha, que suma 52 diputados, esté presente.
Para Ignacio Molina, investigador principal del Real Instituto Elcano, el verdadero objetivo político del cordón sanitario es el PP, que gobierna con el apoyo ultra en Madrid y Murcia: “Sirve para poner en aprietos al socio de Vox”, opina. Sin embargo, Molina considera que el aislamiento sería “un regalo” para el partido de Santiago Abascal, que podría presentarse ante los medios de comunicación como víctima del establishment. Pablo Simón, de la Universidad Carlos III de Madrid, coincide: “El combate contra las ideas de Vox debe realizarse por otras vías”.
La Mesa del Congreso califica, ordena y determina los debates, y distribuye los medios materiales y humanos con los que cuentan los grupos políticos, por lo que es fundamental para asegurarse el control del día a día de la Cámara. Pese a este papel relevante, el órgano no tiene una gran exposición mediática. Para Fernández-Albertos, los beneficios del cordón sanitario superan a los posibles riesgos: “Excluir a Vox limita su capacidad de influir en la agenda, pero la Mesa no es tan llamativa como para que pueda capitalizar la exclusión”. La mayoría de expertos coincide en que no existe una fórmula mágica para abordar la amenaza de la ultraderecha, ya que esta ha crecido tanto donde se la ha apartado (Francia o Alemania) como donde está normalizada (Italia o Austria).
En España, la Constitución establece que los partidos expresan el “pluralismo político” y que el ejercicio de su actividad es “libre” siempre que respeten las leyes. Para Molina, el cordón sanitario a la formación de Santiago Abascal supondría olvidar estos principios “sagrados”, y sentaría un peligroso precedente: “Es como si el PP y Vox expulsasen a Podemos por no condenar la dictadura de Cuba”, apunta. Lapuente, que reside en un país —Suecia— donde la extrema derecha lidera los sondeos, va más allá, y relaciona la exclusión de Vox con la libertad de expresión: “Debemos ser tolerantes, todas las ideas se tienen que poder discutir”.
Pero también puede entenderse al revés. Ignacio Sánchez-Cuenca, de la Universidad Carlos III, no cree que el cordón sanitario ataque ningún derecho, sino que sirve para que el Estado de derecho se proteja ante los ataques de quienes, a su juicio, quieren acabar con él: “Se manda la señal de que quien pretenda romper las reglas del juego democrático está condenado a mantener una posición marginal en la política”, sostiene. Y Simón añade: “Integrar a la extrema derecha supone normalizarla”. A la espera de la decisión de los grupos parlamentarios, Vox ya es normal para el 15% de los españoles.
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