Rosa María Mateo pone su cargo a disposición de Pedro Sánchez

La periodista Rosa María Mateo, administradora provisional única de RTVE desde hace año y medio, ha puesto su cargo a disposición del Gobierno. Tras la formación del Ejecutivo, Mateo mantuvo una conversación con Pedro Sánchez en la que, según fuentes de la corporación, le anunció su intención de dejar la máxima responsabilidad en la radio y la televisión pública.

Mateo anunció en el Congreso el pasado mes de febrero que presentará su "dimisión inmediata" en el momento en el que haya un nuevo Ejecutivo. "En el momento en que haya un nuevo Gobierno, presentaré mi dimisión inmediata. No voy a desear seguir aquí a costa de lo que sea", sostuvo  durante su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para el Control de RTVE. Allí, la periodista recordó que aceptó este cargo provisional para un periodo corto de tiempo, de dos o tres meses, y ha insistido en que está en manos de los parlamentarios que el ente público sea percibido como un servicio público "útil". Mateo añadió que dependerá del nuevo Ejecutivo "aceptar o no" su dimisión. "Es un trabajo al que me he enfrentado con toda mi buena intención, con todos mis conocimientos y con todos mis deseos de hacerlo lo mejor posible", indicó.

Mateo accedió a la cúpula de RTVE tras un real decreto aprobado por el Consejo de Ministros en el verano de 2018. Su nombramiento fue validado posteriormente por el Parlamento. Llegó a la corporación después de que los grupos parlamentarios fracasaran en su intención de elegir un consejo de administración de RTVE y nombrar un presidente.

El concurso público convocado para la elección del presidente y el consejo de administración de RTVE lleva un año encallado. El comité de expertos, formado por 17 profesionales designados por los partidos para evaluar el proceso, remitió su informe el 10 de diciembre de 2018 sin que desde entonces haya avanzado un milímetro. Esta situación de parálisis ha situado a la radio y la televisión pública “en una situación de grave irregularidad democrática”, según los miembros del comité de expertos, que en diciembre presentaron en el Congreso un escrito dirigido a la Mesa de la Cámara, a los grupos parlamentarios y al futuro Gobierno en el que reclaman la “culminación urgente” del concurso.

Desde el fin del mandato de José Antonio Sánchez, en el verano de 2018, RTVE carece de presidente. Tampoco tiene consejo de administración. La máxima autoridad de la corporación es Rosa María Mateo, elegida por el Congreso administradora provisional única a finales julio del año pasado. Esta figura estaba pensada para un periodo de tres o cuatro meses, pero la situación de interinidad se ha ido prolongado sin que se vislumbre el momento en el que se configurará el consejo de administración y se nombrará a un presidente con plenas competencias, tal y como prevé la ley.

La incapacidad de los grupos parlamentarios a la hora de alcanzar una mayoría suficiente para nombrar a los máximos órganos de dirección de RTVE ha conducido a la corporación a la situación de provisionalidad en la que se encuentra, si bien la empresa ha seguido funcionando a pleno rendimiento bajo el mando de Mateo. No obstante, RTVE se ha visto obligada a gestionar un presupuesto congelado en los dos últimos ejercicios y atraviesa por serias dificultades económicas. La producción de programas y la compra de derechos —especialmente deportivos y cinematográficos— se ha visto lastrada. Estos factores han propiciado una lenta caída de su audiencia.

Los Consejos de Informativos de TVE, RNE y RTVE.es han reclamado este miércoles a los poderes Ejecutivo y Legislativo que retomen el proceso de selección de los candidatos y elección de un nuevo Consejo de Administración y de un nuevo presidente de la corporación. A través de un comunicado, estos organismos señalan que RTVE "no puede continuar gobernada por cargos provisionales, porque genera inestabilidad y graves consecuencias para nuestra labor diaria". Los consejos, que representan a los trabajadores que desempeñan labores informativas, urgen a las Cortes a completar el concurso público puesto en marcha en 2018. "Reclamamos que cualquier cambio en este sistema sea lo más consensuado posible, de forma que el resultado final refleje la pluralidad de la sociedad española a la que se debe esta corporación pública", añaden, y advierten de que estarán en contra de cualquier cambio que facilite "el control partidista de una empresa que solo puede deberse al interés general".