Tarea urgente de las Cortes y del nuevo Gobierno: acabar con la ‘provisionalidad’ de RTVE

Ante la inminente posibilidad de formación de un nuevo Gobierno, es preciso recordar una tarea urgente, heredada de la antepasada legislatura y desgraciadamente olvidada en medio de la prolongada crisis política: la elección de una directiva estable para RTVE con la culminación del concurso público iniciado con el Comité de Expertos en 2018, clave de bóveda para la regeneración y el reforzamiento del servicio público y de la democracia española. Porque el papel de RTVE resulta vital como gozne para una reforma legal del audiovisual y plataforma para una auténtica Agenda Digital democrática para nuestro país en los próximos años.

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La prolongada crisis política mantenida desde 2016 y agudizada desde el 28 de abril pasado, han sacado del debate público la insoportable provisionalidad mantenida en RTVE desde hace dieciséis meses, gestionada por vez primera en democracia por una “administradora única” y carente, también de forma inédita desde 1980, de todo consejo de administración de control.

Se olvidaba así que esta dirección provisional –inicialmente designada en Julio de 2018 para unos pocos meses- no podía, por su propia naturaleza, enfocar los enormes retos presentes del servicio público: la competencia con dos grupos privados reforzados, la transición a un servicio multimedia y multiplataforma, la emergencia potente de la televisión on line y especialmente de las TV Over The Top (como Netflix y otras cadenas transnacionales). Y ello, además, en la estela de la herencia de un Gobierno de Rajoy que alteró de nuevo la reforma de 2006 para volver a controlar y manipular al servicio público, hundiendo su reputación, reduciendo sus presupuestos a niveles insoportables para la competencia (poco más de 900 millones de euros en 2018 y 2019 frente a los 1.200 fijados en 2010 sin contar la inflación acumulada).

Las audiencias de la primera cadena de TVE han caído así en los últimos meses a menos del 10 por 100 del share, el conjunto de la corporación televisiva a poco más del 15 %, la tasa histórica más baja de su historia, y los informativos diarios –a pesar de los loables esfuerzos de sus profesionales- se han situado en tercer lugar tras las dos grandes cadenas privadas. Unos niveles enormemente peligrosos que amenazan el equilibrio del espacio público español y la misma calidad de la democracia española, y que permiten ya a avizorar la cercana ruina de la radiotelevisión pública o su total irrelevancia social.

Es preciso por ello recuperar la ilusión que produjo la apuesta casi unánime del Parlamento por una nueva regeneración del servicio público con la ley 5/2017 de 29 de septiembre (BOE de 20-9-2017) titulada precisamente “para recuperar la independencia de la corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos”, y su continuación natural en la convocatoria del concurso público a Presidente y consejeros evaluado por el Comité de Expertos durante cinco meses de 2018. Una culminación del proceso “heredado” ahora por la XIV Legislatura, que debe realizar urgentemente la correspondiente comisión mixta Congreso-Senado en cuanto se constituya. De lo contrario, RTVE se situaría “a los pies de los caballos” de la oposición, habría que cambiar de nuevo las leyes y negar sus propósitos, negociar una vez más complejas cuotas partidistas de los grupos parlamentarios para el Consejo de Administración y designar a un presidente de difícil consenso, todo ello arrastrando nuevos deterioros de la imagen del servicio público que, probablemente se escoraría ya al último precipicio de la ruina de su imagen de marca pública.

Ciertamente, el nombramiento de presidente y consejeros de la corporación a partir de los 20 aspirantes seleccionados solo es el primer paso de una serie de acciones inmediatas imprescindibles, como la restauración de un presupuesto suficiente y sostenido para el servicio público, la aprobación de un mandato marco actualizado y un contrato programa todavía inédito o el lanzamiento de un plan estratégico para la transformación en un servicio público multiplataforma y multimedia. A medio plazo, se hace evidente la necesidad de un consejo con participación intensiva de la sociedad civil, que reflexione y construya toda una reforma integral del servicio público para la Era Digital.

La perentoria urgencia de estas acciones se inserta además en un contexto audiovisual complejo, nacional e internacional. En el primer marco, es preciso completar las numerosas vacantes de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia) de la que depende el control y la regulación del audiovisual español, incluyendo especialmente expertos independientes en el audiovisual, a cuya escasez en el pasado reciente puede achacarse que en seis años haya realizado un solo informe sobre el cumplimiento del servicio público por RTVE (2014), o que haya tardado otros tantos en sancionar un duopolio privado que amenazaba ya con controlar el 100 por cien del mercado publicitario televisivo. Por ello a medio plazo, hay que volver a plantearse la creación de un Consejo Español del Audiovisual independiente y especializado, previsto ya en la Ley de reforma de 2006, resguardado de la mano de los Gobiernos y de toda tentación de “captura” por los lobbies privados.

En el área internacional tenemos que declinar a la regulación española, con plazos oficiales también perentorios, las directivas europeas de servicios de comunicación audiovisual y la de derechos de autor, para abarcar a las nuevas formas de televisión en red y sus deberes y contribuciones obligadas al audiovisual español y al propio servicio público.

Más trascendental aun, como muestran informes internacionales recientes, la agenda digital iberoamericana (ver Guillermo Orozco, Coord. Gedisa. Barcelona, 2019), la reforma y reforzamiento del servicio público podría y debería ser la piedra angular de una auténtica y ambiciosa Agenda Digital del nuevo Gobierno, un plan de acceso universal no solo a la banda ancha sino a los contenidos comunicativos y culturales de calidad que transitan por ella, inclusivo y participativo. Una bandera novedosa que trasciende a los programas socialdemócratas del pasado para conformarse como locomotora al mismo tiempo de la innovación (económica pero también social) y de la lucha contra la desigualdad y por la democracia.

Enrique Bustamante y Pedro Soler son miembros fundadores de Teledetodos.