El Constitucional resolverá los recursos del ‘procés’ sin haber sido aún renovado

El Tribunal Constitucional, cuyo mandato con su actual composición —de mayoría conservadora— concluyó el pasado mes de noviembre, trabaja ya con la idea de que tendrá que asumir, tramitar y resolver los recursos de los condenados en el juicio del procés antes de ser renovado. Esa renovación depende de una negociación entre los partidos políticos que no arranca. La presentación de las impugnaciones se prevé para febrero, una vez que el Tribunal Supremo haya resuelto los incidentes de nulidad presentados por las defensas.

El Constitucional podría resolver en julio o septiembre los recursos de amparo, un paso necesario para que los condenados puedan acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), última estación de este largo proceso judicial. A su vez, el mandato de cuatro de los doce miembros del tribunal de garantías —entre ellos su presidente, vicepresidenta y dos magistrados—, concluyó en noviembre de 2019. Pero difícilmente habrá renovación a corto plazo; entre otras cosas porque al PP no le corre prisa alguna, ya que la actual mayoría del Constitucional es conservadora.

El equilibrio es de siete votos a cinco, a favor de los magistrados encuadrados en el sector conservador, aunque con variaciones puntuales. En las materias más sensibles, relativas a los recursos de los dirigentes independentistas, se ha mantenido habitualmente la unanimidad, si bien hay un núcleo de tres magistrados de orientación progresista que en los últimos fallos han emitido votos particulares favorables a los condenados.

La existencia de estos episodios recientes no preocupa a ninguno de los dos grandes partidos, PSOE y PP, convencidos de que en líneas generales el Constitucional mantendrá firme el timón en la defensa de la Ley Fundamental como garante de la unidad y cohesión territorial del país. De ahí, en parte, que haya menos prisa en renovar el tribunal de garantías que en cambiar a la cúpula de la justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces.

Con todo, la renovación del Constitucional es una delicada operación de cirugía. Tendrán que ser relevados cuatro magistrados, un tercio de la institución. Se trata del presidente, Juan José González Rivas; la vicepresidenta, Encarna Roca, y los magistrados Fernando Valdés Dal-Ré y Andrés Ollero; todos ellos designados por el Congreso, Cámara a la que corresponde ahora sustituirles. La mayoría requerida para la renovación es de tres quintos, es decir, 210 diputados.

El PP, que desconfía de los planes del Gobierno en materia judicial, quiere asegurarse no solo el mantenimiento de la mayoría conservadora sino también la presidencia del Constitucional. El candidato situado en mejor posición es el magistrado Pedro González Trevijano, catedrático de Derecho Constitucional y exrector de la Universidad Rey Juan Carlos. También hay que contar con Juan Antonio Xiol, expresidente de la Sala Civil del Supremo, que podría ser el nuevo vicepresidente. Ambos pertenecen al grupo de magistrados más antiguos del Constitucional, que se renueva siempre por tercios. González Trevijano y Ollero fueron elegidos a propuesta del PP, mientras que Xiol y Valdés Dal-Ré fueron promovidos por el PSOE.

Negociación política

Si se mantuviera el actual equilibrio, y el PP propusiera para la renovación a dos candidatos y el PSOE a otros dos, la presidencia sería casi con seguridad para González Trevijano, porque el Constitucional mantendría su actual mayoría conservadora. La consecución de ese objetivo depende de una negociación que aún no está iniciada, y a la que el PP acudirá sin urgencias y con recelos, sobre todo tras la designación de la exministra Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado.

Fuentes del Constitucional aventuran que el PSOE formará bloque con Unidas Podemos para sostener que les corresponde proponer a tres magistrados, y no solo a dos, dejando uno para el PP. Alternativamente, podrían limitarse a proponer a dos nuevos jueces del tribunal de garantías para que los populares promovieran al tercero, y que el cuarto fuera consensuado.

En este último supuesto la candidatura de González Trevijano peligraría, porque existiría un empate teórico a seis entre conservadores y progresistas. Pero aun así la mayoría conservadora podría hacerse con la presidencia. Ello se debe a que la ley orgánica del Tribunal Constitucional prevé que, en caso de que dos candidatos empaten en la elección de presidente, accederá al cargo el de mayor edad. Ante tal posibilidad, el bloque conservador podría presentar como candidato al magistrado Santiago Martínez Vares, de 77 años. Xiol tiene 73.

El bloque PSOE-Unidas Podemos suma 155 escaños, a mucha distancia de los 89 con los que cuenta el PP. De ahí que con toda probabilidad dicho núcleo, eje del actual Gobierno, reclame un reequilibrio de tres a uno en la renovación del Constitucional. El anzuelo para el PP sería el aseguramiento de la presidencia, y con ella el mantenimiento de la hegemonía conservadora. Pero en el propio Constitucional se ha especulado con la posibilidad —aparentemente remota— de que los socialistas amaguen con escuchar la hipotética disponibilidad de Vox —anunciada hace días y luego descartada— para negociar la renovación pendiente de distintos órganos institucionales.