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Ciudadanos denuncia ante la Fiscalía revelación de secretos en el escrito de la Abogacía sobre Junqueras

El partido no señala autores concretos pero cree que ERC conoció el texto antes que el Supremo

El abogado del Estado y diputado de Ciudadanos, Edmundo Bal, a su llegada a la Fiscalía para presentar la denuncia.
El abogado del Estado y diputado de Ciudadanos, Edmundo Bal, a su llegada a la Fiscalía para presentar la denuncia. Europa Press

Ciudadanos ha presentado ante la Fiscalía este viernes una denuncia por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos por el informe de la Abogacía del Estado sobre la situación de Oriol Junqueras tras la sentencia europea que estableció que el líder de ERC gozaba de inmunidad como eurodiputado mientras esperaba la sentencia por el juicio del procés, por el que fue condenado a 13 años de prisión por sedición. Según Ciudadanos, el escrito de la Abogacía fue conocido antes por ERC que por el Tribunal Supremo, a quien iba dirigido. El abogado del Estado en excedencia y diputado de Cs, Edmundo Bal, ha formalizado la denuncia y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de haber “instrumentalizado” a los servicios jurídicos del Estado. El partido no señala autores concretos del presunto delito pero cree que si ERC conoció el texto antes que el Supremo es porque un funcionario infringió su deber de custodia del documento.

“Durante esta semana hemos asistido a un espectáculo humillante y vergonzoso, el de haber instrumentado a la Abogacía del estado en ese escrito de alegaciones que finalmente se ha demostrado que fue presentado siguiendo las indicaciones del Gobierno y no fundamentándose en criterios de naturaleza puramente técnica o jurídica”, ha sostenido Bal a las puertas de la Fiscalía General del Estado en Madrid. Ese es el reproche político de Ciudadanos, que hace al Gobierno socialista, pero el partido apunta también a un reproche penal, del que sería responsable algún funcionario o autoridad de la Abogacía, por la custodia del escrito sobre Junqueras.

El lunes, la Abogacía presentó ante el Supremo un escrito en el que respalda la salida de prisión del líder de ERC para acudir a la Junta Electoral Central (JEC) y al Parlamento Europeo a cumplir con los trámites necesarios para tomar posesión de su escaño como eurodiputado, después de que una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) dictaminara que Junqueras gozaba de inmunidad desde que fue elegido eurodiputado. La sentencia ha abierto un complicado escenario jurídico sobre el encarcelamiento de Junqueras, y el escrito de la Abogacía era clave para el acuerdo entre el PSOE y ERC sobre la investidura de Pedro Sánchez. Según Ciudadanos, ERC tuvo conocimiento del escrito de la Abogacía antes de que se presentara en el Supremo, y eso podría ser constitutivo de un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

“Los funcionarios públicos tenemos el deber de sigilo y custodia de los documentos”, ha enfatizado Edmundo Bal a las puertas de la Fiscalía. Si ERC lo conocía, como sostiene Ciudadanos, es porque alguno de ellos lo reveló. “Alguien debió filtrarlo. Hay muchos funcionarios que participan en estos procedimientos, todos tienen ese deber de sigilo y de custodia. No podemos saber quién es el que finalmente sacó de la Administración ese escrito”, ha defendido el diputado.

La denuncia de Ciudadanos ante la Fiscalía, que el partido ha decidido no hacer pública, evita acusar a algún funcionario con nombre y apellidos. “Solo trasladamos los hechos, no acusamos a nadie”, ha afirmado Bal. ERC y el PSOE encarrilaron el pasado domingo su pacto para la investidura de Sánchez que los republicanos habían condicionado a la posición de la Abogacía sobre Junqueras, aunque nadie ha probado que ERC tuviera en su poder el documento de los abogados del Estado. Ciudadanos da por hecho que sí y que se les filtró con una “finalidad política y manipuladora de la Abogacía del Estado”.

El delito al que se apunta Ciudadanos lleva aparejada una pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años. Si de la revelación resultara un “grave daño para la causa pública o para tercero”, la pena podría ser de prisión de uno a tres años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a cinco años.

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