Sánchez elude convocar a las comunidades por primera vez en casi 25 años

El año acaricia su fin y el Gobierno de Pedro Sánchez ha eludido convocar a las comunidades autónomas para tratar sobre asuntos de finanzas. Es el primer año desde 1997 que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano de interlocución entre el Ministerio de Hacienda y los consejeros de Finanzas, no se reúnen. Consejeros regionales de PSOE y PP critican la escasa interlocución por parte del ministerio en un año especialmente complicado por la polémica por las entregas a cuenta del sistema de financiación.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez suma casi 300 días en funciones. España lleva la mayor parte de 2019 sin un Gobierno legalmente constituido y con las manos atadas para acometer numerosas actuaciones. Ese es el argumento que esgrime el Ministerio de Hacienda para no haber convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera en 2019. Y eso que el reglamento interno del órgano que preside la ministra María Jesús Montero establece en su artículo sexto que “el consejo habrá de reunirse, como mínimo, dos veces al año”.

En la web del Ministerio de Hacienda figuran las memorias de actuación del CPFF desde 1997. En todas hay referencias a, al menos, una reunión entre los responsables del ministerio y los consejeros regionales de Finanzas para tratar asuntos relativos a la financiación autonómica, fijación de los objetivos de déficit y deuda pública, planes de ajuste, impuestos... y en general todos los asuntos que afectan a las arcas públicas de las autonomías, las administraciones encargadas de prestar algunos de los servicios públicos esenciales del Estado de bienestar como son la sanidad, la educación y las prestaciones sociales, entre otros. Incluso en 2018, Montero citó a las comunidades para informarles de las cantidades que le transferiría este año y para aprobar los objetivos de déficit.

Escasa interlocución con Hacienda

Los consejeros de Hacienda de los dos grandes partidos se quejan de la escasa comunicación con el ministerio, según la media docena de responsables regionales y expertos con los que ha contactado este periódico para elaborar esta información. Los consejeros populares lo hacen sin tapujos, pero los socialistas protestan con sordina. Casi todos consideran que el hecho de que el Gobierno esté en funciones no es excusa suficiente para no haber convocado el cónclave. “Merecíamos más información en un año como este”, se queja uno de los consejeros socialistas. “Ha habido motivos suficientes para reunirnos y explicarnos qué estaba pasando con el retraso de las entregas a cuenta, con la demora del IVA o con las cantidades a percibir en 2020”, añade. “Vamos con la luz apagada”, lamenta.

Varias autonomías, como Madrid, han prorrogado sus Presupuestos de 2020 al no contar con una previsión oficial de ingresos de Hacienda. Otras reconocen que los han hecho con los cálculos aproximados, pero saben que no son exactos.

Otro de los consejeros regionales justifica la situación porque “la ministra ha estado desaparecida de los asuntos autonómicos desde el fracaso de la negociación de los Presupuestos. Desde entonces ha estado en el equipo negociador para formar Gobierno y ha aparcado los temas que nos afectan”. La liturgia habitual de estos cónclaves, que suelen ser ruidosos, entre Hacienda y los encargados de las finanzas regionales suele contener cuatro puntos en el orden del día: balance del cumplimiento de los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto, aprobación de los planes de ajuste, fijación de los nuevos objetivos presupuestarios para el próximo año y comunicación de las previsiones de ingresos. Ninguna de estas cuestiones se ha abordado este año. Ni siquiera la aprobación de los Planes Económicos Financieros de las autonomías que tenían que acometer ajustes, algo que es obligatorio por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria.

Reforma de la financiación autonómica

El lamento de los responsables autonómicos pasa casi de puntillas por uno de los asuntos pendientes: la reforma del sistema de financiación. Y eso que Sánchez prometió aprobar un nuevo mecanismo el próximo verano. “Las autonomías más prósperas, las que más influencia tienen, ya no se quejan porque con la recuperación les va mejor”, sostiene un consejero regional. "Y a las más necesitadas no nos hacen caso", añade.

Uno de los anteriores responsables de Hacienda razona sobre el olvido de convocar el CPFF en 2019: “No era fácil ir a un CPFF en plena campaña electoral y encontrarse con las reivindicaciones de todos los consejeros, sobre todo cuando la mayoría son del PP”.

Madrid, Galicia y Andalucía: el bloque popular

Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Hacienda de Madrid, es uno de los más contundentes: “Nunca había habido tanta controversia en el funcionamiento del sistema de financiación”. Lasquetty recuerda los problemas con las entregas a cuenta del 2019, el retraso en el reparto del IVA pendiente de 2017 y la falta de información concreta sobre las previsiones de 2020. La misma línea argumental sigue en Andalucía o Galicia, todas gobernadas por el PP.

Desde la Comunidad Valenciana, sin embargo, restan importancia al asunto. Defienden que la inestabilidad política, con dos procesos electorales, ha impedido la cita. “Para qué nos vamos a reunir si no había nada que aprobar”, añaden.

Otros responsables autonómicos recuerdan la polémica por el retraso en el cobro de las entregas a cuenta. El Ministerio de Hacienda retrasó hasta el pasado noviembre el pago de unos 4.500 millones de euros, por la actualización del sistema de financiación, con la excusa de que al estar en funciones no podía hacerlo. Alegó un informe de la Abogacía del Estado que sostenía que era ilegal el desbloqueo de estos fondos estando en funciones “para no condicionar la actuación del próximo Gobierno”. No obstante, en un ejercicio de prestidigitación jurídica, cinco semana más tarde Hacienda se sacó de la chistera otro informe de la Abogacía del Estado que permitía liberar esas cantidades porque la repetición electoral hacía improbable la formación de un Gobierno en 2019 y ante la crítica situación de la Comunidad Valenciana y Murcia. Las autonomías no fueron informadas de ninguno de estos pasos. “Nos enteramos de todo esto por los medios”, admite un consejero de Hacienda.