Prisiones extrema la vigilancia tras el fallecimiento de ocho reclusos en cuatro días

Los ocho fallecimientos registrados en las cárceles españolas durante los cuatro días del último puente de la Constitución han llevado a Instituciones Penitenciarias a dictar una orden interna para que los centros extremen las medidas de vigilancia tanto sobre los presos que muestren riesgo de autolesionarse como para evitar el tráfico de estupefacientes dentro de las cárceles. En el documento, Prisiones asegura ser “consciente” de la mortalidad asociada al consumo de drogas y del “preocupante aumento” de las tendencias suicidas.

En lo que va de año, han muerto 132 reclusos en las cárceles dependientes del Ministerio del Interior —Cataluña es la única comunidad con las competencias transferidas— y otros 50 presos fallecieron mientras estaban ingresados en hospitales para tratar sus dolencias. Del total, 77 murieron de muerte natural, 53 por las llamadas sobredosis en el consumo de droga y 41 por suicidios. En 2018, el número total de fallecimientos se había disparado a 210, según los datos oficiales.

Esta última cifra había llevado a Prisiones a elaborar en los últimos meses una campaña que puso en marcha el pasado 18 de diciembre para prevenir la entrada de droga en los centros penitenciarios tras constatar que uno de cada cinco reclusos fallecidos por sobredosis se acababa de comunicar con sus familiares o regresaba de un permiso, donde había conseguido la sustancia estupefaciente que le había causado la muerte.

Además, las cifras de incautaciones dentro de las cárceles se han incrementado a pesar de que el número de presos ha descendido de manera significativa en los últimos años: de 4.500 intervenciones de droga en 2012 se ha pasado a más de 5.100 en 2018 a pesar de que había 10.000 reclusos menos. Prisiones decidió por ello desplegar el pasado junio unidades caninas en el interior y los accesos de cinco cárceles. 

Sin embargo, las ocho muertes de los cuatro días de diciembre —Prisiones asegura que está a la espera del resultado de las autopsias para determinar sus causas— han llevado a Instituciones Penitenciarias a intensificar de manera urgente las medidas de control ya existentes para impedir la entrada de drogas con una orden interna, que también incluye un refuerzo en la vigilancia sobre aquellos presos que muestren tendencias suicidas. 

En el documento, fechado el 16 de diciembre y al que ha tenido acceso EL PAÍS, Prisiones pide tener en cuenta que las Navidades “son especialmente difíciles para aquellas personas internadas” y, en especial, “para aquellos internos que presenten conductas de riesgo”. Por ello, considera “imprescindible que se intensifiquen” cuatro medidas que deben realizarse “de la forma más rigurosa y efectiva posible”.

En concreto, pide que se efectúen cacheos integrales, que incluyen el desnudo, sobre aquellos reclusos que “tuvieran previsto disfrutar de comunicaciones vis a vis [con contacto físico] sobre los que existen antecedentes o sospechas de tráfico de droga”. También requiere que se tomen las medidas de control “que las circunstancias aconsejen” sobre los aquellos visitantes que comunican con ellos. Como segunda medida, pide reforzar el control sobre los reclusos “que regresan de permiso y se sospecha que pueden aprovechar su disfrute para introducir drogas y otras sustancias prohibidas en el establecimiento”.

También para prevenir el consumo de drogas, Prisiones plantea organizar la entrega de los medicamentos prescritos a los presos “de forma tal que la cantidad de fármacos a entregar para tratamiento no directamente observado sea la menor posible”. Los sindicatos de funcionarios llevan tiempo denunciando que la falta de personal sanitario los fines de semanas hace que se entreguen a los reclusos medicamentos para varios días y que estos trafican con ellos. Desde Prisiones recalcan que las dosis entregadas nunca pueden ser mortales aunque sean ingeridas de una vez y añaden que en algunas cárceles, como la de Asturias, se llevan controles aleatorios para comprobar que los internos tienen en cada momento las pastillas pautadas y no se han hecho con las de otros o vendido las suyas.

La última medida pretende reducir los suicidios. Para ello, ordena revisar “la situación de todos y cada uno de los internos con conductas y factores de riesgo suicida”, desde la existencia de tentativas previas a la falta de apoyo familiar y limitaciones en el régimen de vida ordinario dentro de la prisión por sanciones disciplinarias. Instituciones Penitenciarias activará el Protocolo de Prevención de Suicidio (PPS) en todos los casos en los que se observe riesgo de autolesión.