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Interior enviará 240 policías a 15 cárceles que se quedan sin vigilantes privados

Las prisiones se encuentran en Madrid, Castilla-La Mancha y Extremdura

Control de acceso a la cárcel de Estremera (Madrid).
Control de acceso a la cárcel de Estremera (Madrid).

El Ministerio del Interior reforzará con 240 guardias civiles y policías nacionales la seguridad de las 15 cárceles de Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha, que se quedarán sin vigilantes privados para su control exterior a partir del 1 de enero. La quiebra de la empresa que prestaba el servicio, Ombuds, y la negativa de otras compañías a presentarse al concurso convocado para sustituirla ha obligado a Interior a tomar una medida excepcional que esperan sea provisional.

Las primeras alertas sobre los problemas de seguridad que se avecinaban en las 15 cárceles de estas tres comunidades autónomas saltaron en el departamento de Fernando Grande-Marlaska el pasado verano, cuando aparecieron en prensa informaciones sobre la delicada situación financiera de Ombuds, una compañía que llevaba siendo adjudicataria de contratos de Interior desde 2001, primero por servicios de escoltas de concejales amenazados en el País Vasco y Navarra y, desde 2013, por la privatización de parte de la seguridad de las prisiones puesta en marcha aquel año por el PP. La posterior confirmación de que la empresa se declaraba en concurso de acreedores, llevó a Interior a preparar un primer plan de contingencia para hacer frente a los problemas que ya se produjeron a finales de agosto, cuando algunos días se registró la ausencia de un 30% de los trabajadores de Ombuds al no cobrar sus sueldos.

La situación se normalizó después de que el administrador concursal de la empresa se comprometiera con los vigilantes a hacer frente a sus salarios. Desde entonces y hasta ahora, los 200 vigilantes privados de Ombuds que cubren los diferentes turnos de los 51 puestos de seguridad asignados en estas cárceles han acudido sin incidencia.

El problema ha resurgido tras convocar Interior un concurso para cubrir la seguridad privada de las 68 cárceles dependientes de la Administración Seguridad del Estado, incluidas las de estas 15 prisiones. Con él se pretendía cubrir los 937 puestos de vigilantes de seguridad que en la actualidad apoyan la labor que hacen 3.643 guardias civiles —1.500 de ellos dedicados a realizar traslados de presos entre cárceles o a los juzgados y hospitales, las llamadas conducciones— y 215 policías nacionales, además de 23.000 funcionarios de prisiones que se encargan de la seguridad interior de los centros penitenciarios.

El concurso, que obligará al Estado a desembolsar 37 millones de euros el próximo año —prorrogable otro más con un gasto total previsto de 64 millones— dividió las prisiones en cinco lotes y se invitó a 11 empresas para que presentaran sus propuestas. Cuatro de los lotes fueron adjudicados el pasado noviembre, según el expediente del concurso a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Sin embargo, el correspondiente a las 15 cárceles de Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha, valorado en 8,3 millones de euros, quedó desierto al no presentarse ninguna oferta, según recoge esta documentación. Fuentes de Interior aseguran que un grupo de empresas intentó presentarla en el último momento, pero, al no cumplir los requisitos legales para actuar como UTE (Unidad Temporal de Empresas), quedó descartada.

El ministerio ha iniciado ya un nuevo expediente para sacar a concurso la seguridad privada de estas 15 cárceles, que espera adjudicar a finales de enero, aunque admiten que “será difícil”. Según estas fuentes, la empresa que se adjudique el lote debe asumir tanto a los 200 trabajadores de Ombuds que desempeñarán hasta final de año las labores de vigilancia como la deuda “millonaria” que esta compañía tiene con la Seguridad Social por los seguros sociales de los mismos. “Esto convierte el contrato en poco atractivo. Si queda desierto, se mantendrá el despliegue de policías y guardias civiles”, añaden.

José Ramón López, presidente de Acaip-UGT, sindicato mayoritario de funcionarios de prisiones, destaca la preocupación del colectivo por la situación: “Hemos denunciando de manera reiterada la vulnerabilidad que supone que un servicio público esencial se externalizase”, asegura antes de recalcar que el PSOE “se comprometió a revertir esta situación devolviendo la vigilancia exterior de las prisiones a las Fuerzas de Seguridad del Estado”. Interior asegura que esta era su aspiración, pero que la escasez de policías y guardias civiles ha obligado a mantener por ahora a los cerca de 1.000 vigilantes privados.

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