Interior aplaza el fin de la vigilancia privada en las cárceles por falta de policías

El Consejo de Ministros acordó ayer licitar la renovación del contrato por el que, desde 2013, cuando gobernaba el PP, se privatizó parte de la seguridad exterior de las cárceles. Serán 64 millones de euros, IVA no incluido, para contratar durante dos años cerca de mil vigilantes para las 68 cárceles dependientes del Ministerio del Interior. El Gobierno aspiraba a eliminar progresivamente este despliegue y volver a la situación anterior, cuando esta labor era exclusiva de policías y guardias civiles, pero el déficit de agentes lo ha impedido, admite Interior.

En la actualidad, Interior tiene destinados a proteger las cárceles a 3.643 agentes de la Guardia Civil —1.500 de ellos dedicados a realizar traslados de presos entre cárceles o a los juzgados y hospitales, las llamadas conducciones— y 215 de la Policía Nacional, además de 23.000 funcionarios de prisiones que se encargan de la seguridad interior de los centros penitenciarios. Junto a ellos, y siempre bajo la supervisión y dirección de los responsables policiales de la seguridad exterior, trabajan desde hace casi cinco años 937 vigilantes privados, que se encargan de cubrir los diferentes turnos de 210 puestos de trabajo. La función de estos últimos se limita a la seguridad de los puntos de acceso a las prisiones y la observación de las imágenes que facilitan las cámaras de videovigilancia del perímetro exterior.

La idea del Gobierno de Pedro Sánchez era que, progresivamente, los puestos que ahora desempeñan los trabajadores de las empresas de seguridad volviesen a ser ocupados por policías y guardias civiles. Así lo apuntó en una de sus primeras comparecencias parlamentarias el actual secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz. Sin embargo, el déficit de agentes en ambos cuerpos policiales ha llevado al ministro Fernando Grande-Marlaska a paralizar de momento estos planes, como refleja el nuevo contrato licitado. “Cuando asumimos la cartera, [RO]nos encontramos un déficit de 12.000 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Estamos revertiendo esa situación con las nuevas ofertas de empleo público, pero estamos lejos de poder compensar la falta de agentes con la rapidez necesaria para volver a asumir a corto plazo la totalidad de las labores de seguridad de las cárceles”, detallan fuentes de Interior.

Un déficit que, según destacan estas fuentes, puede verse agravado antes de que acabe el año porque la Guardia Civil deberá asumir en los próximos meses nuevas tareas de seguridad. En concreto, sobre las llamadas infraestructuras críticas, y que supondrán, según las primeras estimaciones, el despliegue de 500 agentes del instituto armado en las nuevas funciones. “Esto dificulta aún más que se puedan asumir por parte de las Fuerzas de Seguridad las funciones que hacen los vigilantes privados en las cárceles”, recalcan las fuentes consultadas.

Con esta perspectiva, el Consejo de Ministros autorizó ayer a la Secretaría de Estado de Seguridad a poner en marcha la licitación de un contrato que debería entrar en vigor el próximo 1 de enero y que. en su primer año, obligará al Estado a desembolsar 37 millones de euros. El concurso contempla ya una posible prórroga por otro año, que elevaría el importe a pagar hasta los 64 millones. El contrato ha sido dividido en cinco lotes que agrupan las prisiones por su situación geográfica. El contrato anterior, que tuvo que ser prorrogado en abril, había costado 36 millones en los doce primeros meses.

La privatización parcial de la seguridad de los Centros Penitenciarios se empezó a fraguar al poco de la llegada de Mariano Rajoy a La Moncloa y con Jorge Fernández Díaz al frente de Interior. Entonces, el Gobierno del PP “justificó” el proyecto en la necesidad de recolocar a los escoltas destinados en el País Vasco y Navarra que se habían quedado en paro tras el fin de la violencia etarra y en un supuesto ahorro económico. También argumentó que la medida permitiría destinar a funciones operativas al millar de guardias civiles que dejaban de realizar las tareas que asumían los vigilantes.

En mayo de 2013 se puso en marcha el proyecto piloto en 21 cárceles, lo que supuso entonces un desembolso inicial de 7,3 millones. Se contrató a 254 vigilantes y, aunque estaba previsto que durase nueve meses, se terminó prolongando ocho meses más con el consiguiente coste añadido. En octubre de 2014 se inició una segunda fase de la privatización de las cárceles. En ella se incluyó a las entonces 67 prisiones dependientes del Ministerio del Interior —en el último contrato se ha sumado el Centro Penitenciario de Archidona (Málaga), la última inaugurada— y se hicieron 550 nuevas contrataciones. El importe de aquel contrato se elevó entonces a los 33,3 millones al año. Desde entonces, el Gobierno del PP fue licitando los nuevos concursos.