El Defensor del Pueblo pide a Interior que se siente a negociar con los funcionarios de Prisiones

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, envió el pasado jueves al máximo responsable de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, una carta en el que le insta a que "impulse cuanto antes el diálogo con los funciones de prisiones", un colectivo de 23.000 trabajadores que en los últimos meses ha convocado varias jornadas de huelga y protestas. En el escrito, el Defensor señala que ahora, tras haberse celebrado el pasado 19 de junio las elecciones sindicales, es el momento para que el Ministerio del Interior, del que depende Prisiones, se siente a hablar con los representantes de los trabajadores para abordar los temas laborales que enfrentan a ambas partes, entre ellos una subida salarial. "La única vía posible de resolución del conflicto pasa por impulsar inmediatamente el diálogo", recalca Fernández Marugán.

Aunque el enfrentamiento se arrastra desde la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy (PP), se enconó a partir del pasado mes de septiembre, ya con el ejecutivo socialista de Pedro Sánchez. Entonces, los sindicatos mantuvieron una reunión con Ángel Luis Ortiz para abordar una posible equiparación salarial de los funcionarios. Solo unos meses antes, policías y guardias civiles, también dependientes de Interior, habían alcanzado un acuerdo para que sus sueldos se igualaran con los de los mossos d'Esquadra. El máximo responsable de Instituciones Penitenciario puso entonces sobre la mesa un proyecto que incluía una subida media de 365 euros lineales al conjunto de la plantilla. El coste total de la medida fue cuantificada en 123 millones de euros por el propio ministerio. Sin embargo, tres días más tarde la retiró al asegurar que no existía disposición presupuestaria para llevarla a cabo. 

Desde entonces, los funcionarios de prisiones han protagonizado huelgas, encierros y diversas protestas. Prisiones llegó a pedir a 11 fiscalías provinciales que actuara contra los centenares de trabajadores que varias semanas de diciembre se ausentaron de sus puestos tras alegar una baja médica al sospechar que se trataba de una huelga encubierta. Finalmente, la denuncia no prosperó. Desde entonces, los funcionarios han mantenido las protestas y han trasladado a los medios de comunicación sus reivindicaciones con denuncias constantes sobre los riesgos a los que se enfrentan. También ha surgido una asociación nueva denominada Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) enfrentada a los sindicatos tradicionales que, con una estrategia de confrontación con la Administración, consiguió el pasado 19 de junio convertirse en la tercera fuerza sindical, a tan solo 41 de votos de la segunda, la CSIF, y a menos de 1.500 de la mayoritaria, Acaip, que en estos comicios sindicales concurría junto a la UGT y que ha vuelto a revalidar la condición de fuerza hegemónica que tiene desde hace 25 años.

En este nuevo escenario, el Defensor del Pueblo ha decidido plantear a Instituciones Penitenciarias retomar un diálogo del que, asegura, tiene constancia que Interior muestra una "disposición favorable". Fernández Marugán esgrime su conocimiento de la actual situación en las cárceles por las visitas que los técnicos de la Institución a los centros penitenciarios, en las que mantiene entrevistas con los funcionarios en las que han recibido "quejas sobre sus condiciones de trabajo y sobre las dificultades a las que se enfrentan en el desempeño de su labor". Así, considera que Interior puede y debe afrontar medidas para mejorar algunas de las situaciones denunciadas, como "las agresiones sufridas de mayor o menor intensidad, o casos en los que los funcionarios se ven obligados a atender a un número de internos muy elevado en determinados lugares".

No obstante, el Defensor reconoce en la misiva que la principal reclamación de los trabajadores penitenciarios, la salarial, "trasciende ampliamente" el ámbito de decisión de los responsables de Prisiones al considerar que está relacionado "con la política retributiva del conjunto de la Función Pública en el marco de los Presupuestos Generales del Estado", actualmente prorrogados. Fernández Marugán avala en el texto parte de la información que le ha entregado Prisiones sobre la reducción del número de agresiones -algo que niega TAMPM- y el futuro aumento del número de funcionarios con las nuevas ofertas públicas de empleo, pero insiste en que "el sistema penitenciario es un relevante servicio público cuyos profesionales merecen un reconocimiento del conjunto de la sociedad".