Interior ordena extremar el control para detectar los malos tratos a presos

Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ordenó ayer a los directores de las cárceles ahondar en la investigación de las denuncias de malos tratos a reclusos, según una instrucción interna a la que tuvo acceso EL PAÍS. En el documento, Prisiones insta a remitir a los juzgados todas las denuncias de internos por agresiones “aunque no consten lesiones”. Interior recoge así una recomendación que el Defensor del Pueblo hace de manera reiterada desde 2014. El año pasado, la institución recibió 55 quejas de malos tratos en cárceles.

La nueva orden fija tres medidas a aplicar “en cumplimiento de la legalidad vigente y las indicaciones del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNP)”, el órgano integrado en el Defensor del Pueblo que se encarga de visitar, entre otros lugares, las cárceles para cerciorarse de que reúnen las condiciones que impidan los malos tratos o degradantes. En primer lugar, el documento de Prisiones ordena que cada vez que los servicios médicos de los centros penitenciarios elaboren un parte de lesiones de un recluso, la dirección de la cárcel debe remitir “inmediatamente” el mismo al Juzgado de Guardia “acompañado de los partes de hechos e informes adicionales”.

En segundo lugar, insta a que, “aunque no consten lesiones”, cuando un interno denuncie haber sido agredido, los responsables de la prisión ordenarán la práctica de “actuaciones tendentes a esclarecer lo acaecido”. Además, aunque estás no confirman lo afirmado por el recluso, deberán remitir copia de la investigación y de la propia declaración del preso al juzgado de Guardia. Finalmente, recuerda que “todos los partes de lesiones” se deben enviar al juez de Vigilancia Penitenciaria correspondiente, aunque conste que no se han detectado lesiones. Un portavoz de Instituciones Penitenciarias justifica la orden en la detección de “disfunciones” y “diversidad de criterios de actuación” entre los directores de la cárcel sobre cómo actuar ante las denuncias de malos tratos a presos.

El Defensor del Pueblo, que dirige en funciones Francisco Fernández Marugán, ya emitió en 2014 un informe específico sobre “los partes de lesiones de las personas privadas de libertad” en el que denunciaba que no existía “una normativa unificada respecto al tipo de información que debe remitirse al juzgado” en los partes de lesiones. En aquel informe, el Defensor ya instaba a Interior a elaborar “un modelo de parte de lesiones que contenga los datos mínimos [...] para una efectiva investigación por parte del juzgado correspondiente”, además de reclamar que el mismo se entregara “directamente y sin intermediarios” al juez.

La recomendación fue reiterada por la institución en posteriores informes. Así, el Defensor destacaba en septiembre de 2017 que en una visita a la prisión de Puerto I, en Cádiz, “se observaron deficiencias importantes en la cumplimentación de dichos partes [médicos]”, además de constatar que el libro de registro de la prisión no recogía dos de estos incidentes.

Más videovigilancia

En su último informe, hecho público el 11 de junio, el Defensor del Pueblo también reclamó a Prisiones mejorar la videovigilancia interior de las cárceles como la mejor manera de prevenir los malos tratos. Pidió instalar nuevas cámaras allí donde se cachea a los internos, además de reclamar que se elaborase con “urgencia” una norma para asegurar la conservación de las imágenes grabadas. El Defensor del Pueblo destacaba en este sentido la denuncia penal tramitada por la propia Administración contra funcionarios del Centro Penitenciario de Teixeiro (A Coruña) por la supuesta agresión a un preso y que ha desembocado en la imputación de cuatro de ellos gracias, precisamente, a la remisión a la magistrada que instruye la causa de las imágenes grabadas.