La primera jornada de huelga en Prisiones se salda con cortes de carretera

La primera jornada de huelga en las prisiones se ha saldado con cortes en las carreteras de acceso a las centros penitenciarios y la alteración de parte de la actividad diaria dentro de las prisiones, según un comunicado hecho público por los cinco sindicatos de funcionarios de Instituciones Penitenciarias convocantes: ACAIP, CSIF, UGT, CC OO y CIG. Los representantes de los trabajadores hablan de "éxito" de una movilización "histórica" seguida por el 85% de la plantilla. El Ministerio del Interior rebaja este porcentaje al 50,8% y asegura que su incidencia ha sido residual en el País Vasco, Navarra y Melilla -donde están las prisiones con mejores retribuciones- y más alta que la media en Murcia, Valencia, Baleares y Canarias, donde se ha situado por encima del 60%.

Los porcentajes de participación no son la única discrepancia entre sindicatos y Administración. Interior insiste en que los centros han funcionado con "normalidad" y los únicos incidentes reseñables han sido los registrados en las carreteras de acceso a los centros, que provocaron retrasos en el cambio de turno de funcionarios y la consiguiente demora en las apertura matinal de las celdas y el reparto de desayunos a los reclusos. Sin embargo, los sindicatos hablan de alteraciones significativas en el día a día dentro de las prisiones y aseguran que "algunos centros han tenido que ser abiertos por el propio director, ante la falta de personal".

Los convocantes de la huelga también aseguran que las comunicaciones entre internos y sus familias (entre semana se suelen celebrar buena parte de los vis a vis) y las actividades socioculturales, deportivas y formativas en las que participan los presos se han visto "alteradas", mientras que los talleres productivos en los que participan los reclusos han parado. También que los economatos, donde los reclusos pueden adquirir productos de higienes y alimentos, permanecieron abiertos menos tiempo del habitual. Fuentes sindicales aseguran también que en algunas cárceles se adelantaron al martes las consultas médicas y de suministro de fármacos para evitar los problemas que podían general los paros.

Los sindicatos aseguran que los servicios mínimos fijados por Prisiones —y que han denunciado ante la justicia por considerarlos "abusivos"— ha hecho que la presencia de funcionarios en los módulos sea, incluso, mayor de la habitual. También denuncian la supuesta utilización de funcionarios en prácticas para cubrir las ausencias, lo que tildan de "conducta antisindical". El paro empezó el martes a las 22.00, en el turno de noche, y termina este miércoles a la misma hora, cuando acabe el turno de tarde. Los paros se repetirán el 26 de octubre, y 6, 8, 13 y 15 de noviembre. El del próximo viernes se verá acompañado por una manifestación en Sevilla, coincidiendo con la celebración en la capital andaluza del Consejo de Ministros. 

La huelga se convocó hace dos semanas, después de los sindicatos de prisiones consideraran rotas las negociaciones que mantenían con Instituciones Penitenciarias tras retirar Interior de la mesa una propuesta económica que recogía una subida media de 365 euros lineales para los trabajadores que se haría efectiva a lo largo del trienio 2019-2021. El coste total de la medida fue cuantificada en cerca de 123 millones de euros por el ministerio. Según denuncian los sindicatos, esta oferta fue retirada tres días después. Prisiones insiste en que aquellas cifras no eran, en realidad, una oferta en firme, sino un estudio económico supeditado a una aprobación presupuestaria hasta ahora no cerrada. El desencuentro provocó el anuncio de los paros y, días después, un encierro de representantes sindicales en la sede del Ministerio del Interior. Desde entonces, las posiciones no se han movido.

Los sindicatos reclaman una equiparación salarial entre los funcionarios de las diferentes cárceles. Con el actual sistema, existen marcadas diferencias por el mismo trabajo según la peligrosidad de la cárcel en la que trabajen los funcionarios. De este modo, los funcionarios destinados en las tres prisiones del País Vasco y la de Navarra —todas ellas denominadas de "categoría especial"— tienen un salario que puede ser superior hasta los 600 euros mensuales con el que perciben los que desempeñan su labor en las cárceles de "categoria 2", entre las que se encuentran los centros penitenciarios de Cuenca, Teruel, Albacete, Alcalá de Guadaira y Alcázar de San Juan, además de once Centros de Inserción Social (CIS).

Los sindicatos consideran que este sistema —heredado de la etapa en la que ETA convirtió a los funcionarios de prisiones en objetivo de sus atentados— está superado en la actualidad y que la peligrosidad de las cárceles es similar en toda España a la vista de los datos de agresiones. Por ello, reclaman que todos los trabajadores penitenciarios perciban el mismo salario que reciben en la actualidad los destinados en los centros del País Vasco. Prisiones ha propuesto reducir la clasificación de las cárceles de nueve tipos a solo tres, pero admite que no hay presupuesto para realizar la subida generalizada que reclaman los trabajadores.

Desde el Ministerio del Interior se destaca que desde la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, se ha hecho un esfuerzo importante para reforzar las plantillas de las prisiones -muy mermadas durante la crisis- con nuevas ofertas de empleo público. Además, recalcan que se ha ofrecido la asistencia de la Abogacía del Estado a todos los funcionarios que sufran agresiones para emprender acciones legales contra los reclusos que los ataquen. Fuentes del departamento insisten en que el ministro está especialmente "sensibilizado"con los trabajadores penitenciarios, pero critican que los sindicatos hayan convocado ahora una huelga y no cuando estaba el PP en el poder.

Los sindicatos rechazan esta queja y recuerdan que llevan con movilizaciones más de un año. Además, tildan de insuficientes las propuestas puestas sobre la mesa y recuerdan que otro colectivo dependiente del departamento de Fernando Grande-Marlaska, el de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, va a beneficiarse de una subida salarial negociada con el gobierno del PP que ya ha sido confirmada por el actual. "[Grande-] Marlaska se ha reunido con ellos y con nosotros se niega", añaden portavoces sindicales que recalcan que cuando se movilizaron contra Interior en la etapa de Juan Ignacio Zoido "venían a apoyarnos diputados del PSOE".