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12 horas encadenados por la equiparación salarial

Doscientos representantes sindicales de los funcionarios de prisiones protestan para acabar con la brecha salarial existente entre cárceles

Representantes de los sindicatos de prisiones protestan este miércoles ante la sede en Madrid de Instituciones Penitenciarias.

El conflicto laboral en Prisiones ha subido de tono este miércoles. Más de doscientos representantes sindicales de los trabajadores se han encadenado durante 12 horas ante la sede de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias —dependiente del Ministerio del Interior— para protestar por lo que califican de "caos" y "decadencia" de las prisiones españolas. Los tres sindicatos convocantes —el mayoritario ACAIP, CCOO y UGT— reclaman iniciar de manera inmediata una negociación sobre la equiparación salarial y exigen el cese del actual máximo responsable de Prisiones, Ángel Yuste, al que señalan como principal culpable de la actual situación. Los tres sindicatos ya han anunciado que irán a la huelga el próximo 24 de abril si el departamento de Juan Ignacio Zoido no atiende sus reivindicaciones.

Bajo el lema, "Prisiones exige negociación real ya", los concentrados han mantenido la protesta durante horas mientras hacían sonar bocinas y coreaban consignas contra Yuste. A la concentración han acudido diputados de PSOE y Podemos, para solidarizarse con los trabajadores y oír sus reivindicaciones. José Luis Pascual, Silvia Fernández y Antonio González, líderes de ACAIP y de las secciones de prisiones de CCOO y UGT respectivamente, han criticado el "total y absoluto" abandono que se vive en las cárceles españolas y que, aseguran, pone en riesgo "tanto la vida de los reclusos como la seguridad de los trabajadores penitenciarios". "Sufrimos agresiones a diario mientras los responsables políticos miran para otro lado", añaden a la vez que critican "la constante privatización" de parte del servicio de vigilancia penitenciario. El Gobierno tiene previsto gastar 60 millones de euros este año para contratar a 900 guardias de seguridad.

Los concentrados denuncian también la negativa de Interior a negociar una solución a "la brecha salarial entre los propios establecimientos penitenciarios" que se traduce en diferencias salariales entre los trabajadores de una cárcel y otra de hasta 600 euros mensuales "por ocupar el mismo puesto de trabajo con idénticas funciones". Además, exigen una mayor oferta de empleo para hacer frente a la reducción y el envejecimiento de la plantilla provocada por la crisis, así como un plan de prevención contra las agresiones a funcionarios. Si Interior no se sienta a negociar de manera "inmediata", los tres sindicatos anuncian medidas "más contundentes", incluida una huelga en los 69 centros penitenciarios dependientes de Interior para el próximo día 24.

El PP propone que sean agentes de la autoridad

Coincidiendo con la concentración, el PP ha anunciado este miércoles en el Congreso de los Diputados la presentación de una proposición de ley para atender una reclamación histórica del colectivo. Los populares han registrado una propuesta para modificar la Ley General Penitenciaria que permita reconocer a los funcionarios penitenciarios la condición de agentes de la autoridad. En una nota de prensa, el PP recuerda que ello daría al colectivo "una mayor protección ante las agresiones que puedan sufrir por parte de los reclusos", además de permitirles declarar ante los tribunales con su número de funcionario y no con el nombre y apellidos, como hasta ahora. De prosperar la propuesta -para la que se necesita mayoría absoluta- sus declaraciones tendrían "presunción de veracidad" y aquellos que los atacaran serían condenados a una "pena agravada".

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