Un centro de menores inmigrantes enfrenta a Vox con Ciudadanos y PP en Murcia

Los populares pactaron con la ultras cerrar la residencia, pero la consejera lo descarta a corto plazo

Miembros de Vox protestan ante un centro de menores extranjeros en la pedanía murciana de Santa Cruz, el pasado mes de septiembre.
Miembros de Vox protestan ante un centro de menores extranjeros en la pedanía murciana de Santa Cruz, el pasado mes de septiembre. Marcial Guillén (EFE)

En el último punto se escondía la trampa. El acuerdo entre el PP y Vox en Murcia, que permitió a los populares y Ciudadanos hacerse con el Ejecutivo autónomo, acaba con un compromiso en el que el bipartito PP-Cs nunca creyó: cerrar el centro de menores extranjeros no acompañados de Santa Cruz. Tras varios meses de quejas de la ultraderecha, el incumplimiento planea sobre la aprobación de los Presupuestos. La vicepresidenta, Isabel Franco (Cs), echa balones fuera: “Los acuerdos están para cumplirlos, pero ahora mismo no hay alternativa”.

La llegada de menores inmigrantes no acompañados, que Franco califica de “avalancha”, es el pretexto que usa el Gobierno autonómico para no abordar el cierre de la residencia Rosa Peña, de la Fundación Antonio Moreno, una de las dos financiadas por la Región. Los últimos tres meses del año suelen ser los que registran un mayor número de desembarcos en patera en Murcia, pero los números de 2019 reflejan una caída del 55% de las llegadas por mar en toda España. Las cifras de atención de menores tampoco respaldan la tesis de Franco: suponen apenas el 0,01% de la población de Murcia.

Los datos proporcionados por la propia vicepresidenta, responsable de la cartera de Política Social, reflejan que Murcia atiende a 215 menores —70 de ellos en Santa Cruz—, mientras que en octubre de 2018 el anterior Ejecutivo autonómico los cifraba en 207. Es decir, solo son ocho más que hace un año y, de acuerdo con Franco, no generan problemas de convivencia: “Es un centro modélico y ejemplar, pero eso no implica que nos planteemos no cumplir el acuerdo de investidura”, promete en declaraciones a este diario. Y añade: “Lo haremos cuando podamos asegurar una alternativa que garantice los derechos de los menores”.

Vox sigue esperando. El partido de ultraderecha, que ya consiguió implantar el pin parental en las escuelas en contra de la opinión de Cs, no ha dejado de reivindicar el cierre de Santa Cruz los primeros meses de la legislatura. Ese es el único punto del acuerdo con el PP que el bipartito ha eludido. Los líderes de la formación de Santiago Abascal en Murcia no han querido responder a EL PAÍS si el cumplimiento es una condición para su apoyo a las cuentas, que estos días se debaten en la Región.

Los argumentos de Vox en Murcia son los mismos que repite la extrema derecha en toda España sin datos que los respalden: el centro de menores genera inseguridad y presta un servicio a los extranjeros mientras los menores españoles presentan otras carencias básicas, como la falta de centro de salud. La performance también es idéntica: en septiembre, varios líderes del partido, apoyados por un grupo de vecinos, protestaron en Santa Cruz contra la residencia.

Para solucionar el supuesto problema, Vox defiende el cierre del centro y la expulsión de los niños. Sin embargo, el Ejecutivo murciano ha ignorado la reclamaciones de la extrema derecha desde el primer momento, y la acusa de mentir. “Como no está en el Gobierno, no tiene la obligación de decir la verdad”, remarca Franco. Después de firmar la cláusula que estipula el cierre de Rosa Peña, el bipartito llegó a ampliar el centro con una lavandería y un comedor.

Mientras lidia con la presión de Vox, la vicepresidenta desvía los reproches a Madrid. “Necesitamos que el Gobierno central se implique”, reivindica. En plata: Murcia reclama financiación. Actualmente las comunidades, responsables de la tutela, son las que asumen la carga económica de la atención a los menores extranjeros no acompañados. Murcia cifra el gasto en 80 euros al día por cada interno.

El Gobierno no planea financiar competencias regionales, pero Sanidad sí ultima junto a las autonomías un plan para reformar el sistema. El nuevo protocolo implica que el Gobierno central asuma la primera acogida de los menores para después distribuirlos por todo el territorio. Franco se reunió ayer con el vicepresidente andaluz, Juan Marín, y llamó al vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado —ambos de Cs—, para estudiar esa iniciativa.

Casi 400 rescatados en tres días

María Martín

Los barcos de Salvamento Marítimo han registrado una intensa actividad durante las fechas navideñas. Solo el día de Nochebuena y el de Navidad, la entidad coordinó el rescate de 319 personas. Entre ellas se encontraba un grupo de 61 migrantes que consiguieron llegar a las islas Chafarinas y fueron posteriormente trasladados a Melilla. Ayer la jornada fue menos intensa, pero se rescató a 56 personas. Entre ellas había un varón que navegaba en una barca de juguete y que declaró que el compañero con el que viajaba cayó al mar, según han informado fuentes de Salvamento. Las llegadas a España por tierra y por mar (30.781) han caído en 2019 un 50% en comparación con el año anterior.

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