Cuando el Estado perdió el control de Euskadi

En el período que va de 1975 a 1982, el más crítico para la recién estrenada democracia española por el cruce del terrorismo de ETA, en su momento más álgido, con otras violencias, el Estado llegó a perder el control del orden y de los aparatos policiales. Lo afirma Luis Castells, catedrático de Historia de la Universidad del País Vasco, en La paz y la libertad en peligro. ETA y las violencias en Euskadi 1975-1982, un texto incluido en el libro Nunca hubo dos bandos, de la editorial Comares, de inminente publicación. El texto aborda una etapa dramática, escasamente analizada, en la que el sistema de poder, sostiene el profesor, “vivió un colapso, pues el Estado no podía controlar el ejercicio de la violencia por otros, no era el único depositario de la violencia ni podía asegurar la vida ni el orden ciudadano”.

En ese período, los llamados años de plomo, ETA asesinó a 363 personas, más de la tercera parte de los crímenes que cometería en toda su historia. Pero en esa etapa existió, además, otra violencia, la encarnada por los restos del franquismo, si bien de mucha menor entidad y nula base social, aunque con una coincidencia con la de ETA: su afán desestabilizador de la naciente democracia, afirma Castells. Esos restos del franquismo estaban incrustados en las Fuerzas de Orden Público y actuaron hacia fuera, como grupos incontrolados, y hacia dentro, contra el Gobierno de UCD, según informes de los sucesivos gobiernos civiles del País Vasco.

El historiador incide en un aspecto poco tratado: el nivel de gravedad que alcanzó la crisis de orden público. “Si la Transición política fue difícil, la policial aún lo fue más”, señala. Y cita al entonces ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, que presenta un panorama “desolador” sobre “la carencia de disciplina y autoridad, con unos mandos que actuaban según sus criterios y otros que no conseguían hacer valer su jerarquía, además de actos de indisciplina no sofocados”. 

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Castells relata varios “hechos gravísimos” que reflejaron, sostiene, el descontrol del Gobierno sobre las fuerzas de seguridad y la ruptura de la cadena de mando. Por ejemplo, la irrupción, el 13 de julio de 1978, de una compañía de la Policía Armada en Rentería (Gipuzkoa), “con una actuación vandálica que se prolongó durante 40 minutos, agrediendo a los transeúntes, destruyendo las cristaleras de los comercios y robando objetos, todo ello a plena luz del día”. El gobernador civil, Antonio Oyarzábal, admitió que no pudo controlar las fuerzas. También trató, en vano, de que el Gobierno sancionara a los policías rebeldes.

Otro dictamen oficial señala que el gobernador civil de Navarra, Ignacio Llano, perdió el control policial durante los sanfermines de 1978. El comandante Ávila, militante de Fuerza Nueva, “desobedeció y actuó por su cuenta” al ordenar a una unidad de la Policía Armada a su mando cargar en la plaza de toros de Pamplona y continuar en la ciudad, con un muerto en los disturbios.

Menos conocido fue el motín en el acuartelamiento de Basauri (Bizkaia), el 13 y 14 de octubre de 1978, tras el asesinato de dos policías armados por parte de ETA. Desde el final del franquismo eran frecuentes los insultos a las autoridades en los funerales. Pero en Basauri fueron zarandeados el general inspector jefe del cuerpo, Timón de Lara, y el gobernador civil, Alberto Salazar-Simpson. Ambos, así como el director de Seguridad, Mariano Nicolás, y varios mandos militares permanecieron encerrados durante cuatro horas por los amotinados, según Castells. En ese caso sí hubo sanciones. Unos 25 policías armados fueron expulsados del cuerpo.

El gobernador civil de Gipuzkoa señala que se encontraba en “una peligrosa batalla, con tres frentes" : ETA, el Gobierno central “con una óptica desenfocada del problema vasco” y las Fuerzas de Orden Público, “acosadas y con complejo de culpabilidad tras tantos abusos cometidos en la época de Franco”. Entre 1967 y 1975 hubo cuatro estados de excepción en Euskadi; decenas de muertos en manifestaciones y actuaciones incontroladas de grupos parapoliciales. Castells sostiene que las fuerzas de seguridad salieron del franquismo sin depurarse, con una falta de adecuación a la democracia, nula preparación para afrontar la ofensiva terrorista de ETA, falta de medios y una deficiente estrategia de mando. Como consecuencia, eran víctimas del rechazo social mientras sufrían la etapa de mayor capacidad mortífera de ETA. Llegaron a registrarse 30 suicidios de miembros de los cuerpos policiales en tres años.

El teniente coronel Antonio Tejero y el capitán Jesús Muñecas, protagonistas después del frustrado golpe del 23-F, vivieron parte de esa etapa en Euskadi. Castells cree que un estímulo para su participación en el 23-F fue el caso Arregi, el etarra muerto al ser torturado por la policía en enero de 1981. El entonces ministro del Interior, Juan José Rosón, destituyó a varios mandos, lo que originó una rebelión policial que tuvo que atajar el ministro de Defensa, Manuel Gutiérrez-Mellado. Con la llegada de Rosón, el Gobierno empezó a recuperar el control policial. Las actuaciones parapoliciales bajaron drásticamente y las insubordinaciones, sancionadas sistemáticamente, decayeron.

Castells resalta cómo ambas violencias, la de ETA y la parapolicial, fueron asimétricas y siguieron evoluciones inversas. El contraterrorismo ilegítimo fue reactivo, carecía de apoyo social y decayó hasta desaparecer en los años ochenta. El terrorismo etarra no solo fue mucho más mortífero y se alargó hasta 2011. Además, respondió a un proyecto político totalitario, con una fuerte identidad étnica y notable apoyo social. Hubo varias violencias, pero no dos bandos, concluye Castells.