El Parlamento Europeo espera iniciar hoy los trámites para acreditar a Puigdemont como eurodiputado

El Parlamento Europeo espera iniciar este mismo viernes los trámites administrativos necesarios para reconocer a Carles Puigdemont y Toni Comín como eurodiputados, lo que les dará derecho a ocupar los escaños que lograron en las elecciones europeas del pasado mes de mayo.

Fuentes parlamentarias aseguran que la institución ya está dispuesta a poner en marcha el proceso de acreditación. Pero recuerdan que, como mucho, solo se podrá iniciar la tramitación, entre otras cosas, porque la división administrativa cierra este viernes más temprano de lo habitual y la Eurocámara no retomará su actividad hasta el 6 de enero.

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La institución estaba este jueves a la espera de un informe de sus servicios sobre las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre el caso Junqueras. El informe podría llegar este viernes, lo que permitiría a Puigdemont y Comín solicitar su reconocimiento oficial como eurodiputados. Fuentes próximas a los dos políticos independentistas indican que, probablemente, hoy mismo se personen ambos en el Parlamento para dar los primeros pasos.

Por lo pronto, el Parlamento Europeo levantó el jueves la prohibición de entrada que pesaba sobre los dos desde la reactivación de la orden europea de detención y entrega en octubre. La retirada del veto con la orden todavía en vigor muestra que el Parlamento ya reconoce de facto a Puigdemont y Comín como eurodiputados electos cubiertos por una inmunidad que les libra de una posible detención.

Desde el Parlamento se advierte, no obstante, que tal vez el procedimiento no se pueda completar en una sola jornada si llega a ponerse en marcha este viernes. Y no descartan que el nombramiento oficial como eurodiputados tenga que retrasarse hasta enero, porque este viernes es el último día laboral en la Eurocámara. En todo caso, parece imparable la cuenta atrás para que dos de los cuatro escaños vacíos del Parlamento Europeo sean ocupados en la primera sesión de 2020.

Otro de los escaños vacíos corresponde a Clara Ponsatí, que como mínimo deberá esperar a febrero del año que viene porque su puesto depende de la consumación del Brexit. Y el cuarto en liza es el de Oriol Junqueras, cuya suerte parece mucho más incierta porque a diferencia de los otros tres (huidos en Bélgica y el Reino Unido), el exvicepresidente de la Generalitat fue condenado por sedición el pasado mes de octubre.

Curiosamente, ha sido el recurso de Junqueras contra la orden del Supremo que le impidió recoger el acta como eurodiputado lo que ha abierto la puerta del Parlamento a sus compañeros que escaparon de la justicia española. El recurso terminó ante el Tribunal de Justicia Europeo, en forma de consulta prejudicial cursada por el Supremo. Y los jueces comunitarios sentenciaron el jueves que Junqueras debía haber gozado de inmunidad desde su proclamación como eurodiputado (el 13 de junio).

El veredicto de la corte con sede en Luxemburgo ha sentado una novedosa jurisprudencia. Y ha dado un vuelco al devenir político de Puigdemont y Comín, que han pasado este jueves de estar sujetos a una orden europea de detención y entrega, con medidas cautelares decretadas por la justicia belga, a ser reconocidos como futuros miembros del Parlamento Europeo.

Hace cinco meses, en julio, el Parlamento ni siquiera les permitió acceder a sus dependencias para solicitar una acreditación temporal como eurodiputados electos. Poco después, el Parlamento vetó su entrada cuando la justicia española reactivó la orden europea de detención y entrega.

Este jueves, con la sentencia de Junqueras a su favor, Puigdemont arremetió contra el antiguo presidente del Parlamento, el popular italiano Antonio Tajani, a quien acusó de haberles impedido "de manera vergonzosa" la entrada en los edificios de la Eurocámara.

El expresidente de la Generalitat incluso advirtió de que ahora pedirá "aclarar responsabilidades", y no descarta acudir a la justicia para denunciar lo que considera una guerra sucia por parte de los servicios jurídicos del Parlamento, a los que acusó de estar al servicio de algunos Estados miembros.

Fuentes parlamentarias aseguran que la institución se limitó a aplicar la jurisprudencia vigente hasta ahora, que otorgaba a los Estados miembros total libertad para establecer los trámites que considerasen oportunos para acceder a la condición de europarlamentario. El Parlamento Europeo solo reconocía como eurodiputados a los candidatos electos que, una vez cumplimentados los trámites nacionales, fueran notificados por parte de cada capital.

La sentencia del jueves revoluciona ese procedimiento porque reconoce el derecho a la inmunidad parlamentaria a todos los candidatos que sean proclamados como elegidos, con independencia de que completen o no los procedimientos previstos en la legislación nacional.

El veredicto no solo tiene impacto en España, donde la normativa supedita la concesión del acta de eurodiputado al juramento o promesa de la Constitución española ante la Junta Electoral Central, sino en todos aquellos países donde existen requisitos similares.

Las consecuencias de la sentencia serán de largo alcance, tanto para futuras elecciones europeas como para una legislatura recién iniciada y que, previsiblemente, estará marcada a partir de ahora a efectos españoles por la presencia de Puigdemont y Comín en el hemiciclo. Si la justicia española desea procesarles deberá solicitar que el Parlamento les retire la inmunidad, una decisión que puede convertirse en un viacrucis político dentro de la Eurocámara.

Grupos como los Verdes o Izquierda Unitaria ya han mostrado su apoyo a los dos europarlamentarios apartados hasta ahora de sus escaños. Y en otros grupos también se sientan eurodiputados que albergan dudas, como mínimo, sobre la causa judicial seguida en España contra los líderes del procés que convocaron un referéndum de independencia ilegal y desobedecieron repetidamente al Tribunal Constitucional.

El levantamiento de la inmunidad requiere en primer lugar un informe favorable de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento. Y esa propuesta debería aprobarse en el pleno del Parlamento por mayoría simple. Una votación tan delicada como incierta en estos momentos, máxime en un hemiciclo donde populares y socialistas ya no disponen de mayoría absoluta.