El exfiscal jefe de Ourense, sancionado de nuevo por abuso de autoridad

Dos meses después de haber sido suspendido de empleo durante 10 meses, y obligado a pagar una multa de 2.500 euros, por cometer cuatro faltas, dos de ellas “muy graves”, relacionadas con su demora en la tramitación de una denuncia contra un exalcalde del PP, la Fiscalía General del Estado vuelve a sancionar al exfiscal jefe de la Audiencia Provincial de Ourense, Florentino Delgado. En esta ocasión, le impone una inhabilitación de 18 meses por negarse a abandonar la vivienda que la Xunta de Galicia le había financiado durante 12 años y por querellarse, en otra causa, contra la alta funcionaria que firmaba la resolución del desalojo. La Fiscalía del Estado considera a Delgado responsable de dos faltas graves: una de abuso de autoridad y otra de inobservancia del deber de abstención por enemistad manifiesta en un procedimiento. El exfiscal ha anunciado que recurrirá esta resolución.

La nueva sanción es consecuencia de la decisión del exfiscal de negarse a pagar durante tres años el alquiler de 950 euros mensuales, más gastos, de una céntrica vivienda de 200 metros cuadrados que la Xunta de Galicia le financió desde que tomó posesión en Ourense, en 2004, hasta 2016, fecha a partir de la cual el Gobierno gallego rescindió el contrato y lo notificó a ambas partes. Delgado rehusó, no obstante, abandonar el piso y permaneció en él con su familia negándose a hacer frente al alquiler y haciendo caso omiso a la resolución de la Xunta.

El impago de la vivienda acabó en los tribunales, ya que el propietario demandó al Gobierno gallego, con quien había firmado el contrato. Al trascender la noticia, Delgado llegó a un acuerdo con el dueño comprometiéndose a hacerse cargo de las cantidades impagadas. No obstante, la Fiscalía General del Estado abrió igualmente una investigación y lo apartó cautelarmente del cargo.

Tras la investigación, el Ministerio Público atribuye a Delgado las mismas dos faltas graves (inobservancia del deber de abstención y abuso de autoridad) que en el caso anterior, relacionado con la demora en el expediente de una denuncia contra el exalcalde del PP Manuel Cabezas. Una exconcejala socialista interpuso la demanda a Cabezas por no exigir a los constructores el 10% del aprovechamiento urbanístico en hasta 15 intervenciones. 

En aquella ocasión, Delgado acabó abriendo diligencias penales y amenazando con detener a uno de los abogados de la demandante. Ahora, con Florentino Delgado fuera de la fiscalía ourensana, la causa contra el exalcalde Cabezas ha dado un giro considerable. Mientras Delgado no apreciaba delito en la actuación del exregidor y alegaba además prescripción, su sustituta, Carmen Eiró, delegada para delitos urbanísticos, pide para Manuel Cabezas siete años de cárcel, 17 de inhabilitación y el pago de una indemnización de 1,58 millones de euros.