La justicia investiga 10 años después la gestión urbanística de un exalcalde de Ourense

El urbanismo es la piedra angular sobre la que tradicionalmente se ha levantado la política en Ourense. Trece años después de que, en 2003, el gobierno local (presidido por el PP) aprobara provisionalmente en pleno un planeamiento al que había dado el cambiazo (en la exposición al público había marcado menos edificabilidad que en el documento que sometió a la sesión plenaria, lo que le valió, junto con otras irregularidades, la anulación) la ciudad sigue anclada en el plan de 1986 y el urbanismo no ha cesado de hacer estragos en la política.

La exconcejala socialista responsable de este departamento en los dos últimos mandatos, Áurea Soto, se vio obligada a dimitir en 2015, procesada por una prevaricación urbanística de la que acabó absuelta. El juez que instruyó su causa, Leonardo Álvarez, está ahora imputado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) por haber supuestamente prevaricado al imputar a la edil. Investigado está también el exalcalde del PP (por prevaricación y malversación) bajo el que se aprobó aquel plan, Manuel Cabezas. Y la denuncia contra este exregidor popular por favorecer supuestamente a los promotores, presentada como contraataque también por la socialista Soto, fue archivada por el mismo juez instructor y reabierta ahora por orden de la Audiencia Provincial.

Casi una década después de abandonar la política, Manuel Cabezas se enfrenta a su primera investigación judicial: por supuestos delitos urbanísticos. El exalcalde popular debe responder por haber presuntamente dado trato de favor en su primer mandato (entre 1999 y 2002) a los promotores: les concedía el aprovechamiento del 100% del suelo en los proyectos privados sin exigirles la cesión mínima legal, del 10%.

A Cabezas lo denunció Áurea Soto en 2014 cuando la entonces edil de Urbanismo del gobierno socialista fue procesada por haber legalizado un parking en el subsuelo de una céntrica plaza y haber indemnizado con 358.000 euros a una vecina de esos bloques por la pérdida de luces en su vivienda. Unas actuaciones, avaladas ahora por la justicia, con las que Soto intentaba poner fin a una compleja situación urbanística heredada de los mandatos de Cabezas.

La socialista se sintió chivo expiatorio de los promotores y del PP y abrió los cajones. Denunció a Cabezas y, en cuanto fue absuelta de la denuncia de prevaricación, denunció también al juez decano que había instruido su causa . Lo acusó de haber supuestamente fabricado pruebas para procesarla. La exconcejala ha conseguido su doble propósito: de una parte, el TSXG ha imputado al juez y, de otra, la Audiencia Provincial ordena reabrir la causa contra Cabezas que este mismo magistrado había archivado.

Manuel Cabezas compareció el pasado marzo para declarar ante el juez. No fue necesario: el instructor había acordado suspender sine die la declaración de exalcalde. Alejado de la política durante una década, Cabezas irrumpió brevemente en la escena pública y entregó al juez un documento que atribuye las cesiones a los promotores a un acuerdo plenario adoptado durante el mandato anterior del PSOE (en 1994) que había aprobado, amparado en un informe del secretario, no exigir los aprovechamientos por carecer de un plan urbanístico adaptado.

La Fiscalía -así como los abogados de Cabezas y los de dos de sus exediles de Urbanismo denunciados también por Soto- pidió el archivo y el juez instructor, tras descartar el delito de malversación, declaró la prescripción de la prevaricación que supondría una inhabilitación de 10 años.

Soto recurrió ante la Audiencia. Aportó un informe municipal que estima en 1,6 millones de euros la cantidad que el Ayuntamiento había dejado de percibir por los “regalos” del PP a los promotores y otro del Consello de Contas que censura la gestión urbanística de aquel grupo de gobierno. La Audiencia de Ourense los ha tenido en cuenta y ha ordenado que se continúe investigando la supuesta malversación del exalcalde popular. Sostiene que la prescripción del delito de prevaricación resulta “prematura” considerando que no habrá caducado si se acredita la malversación, castigada con mayor pena.

Mientras se dirimen en los tribunales de justicia las posibles responsabilidades urbanísticas de los representantes municipales del PP de hace una década, Ourense, con los populares de nuevo al frente del gobierno local, sigue sin Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). El mes pasado, el portavoz del grupo Ourense en Común, Martiño Xosé Santos, acusó al PP de haber cambiado el documento para “favorecer intereses privados en detrimento de los colectivos”. Aseguró entonces Santos que el gobierno local había aumentado la edificabilidad en algunos polígonos y reducido las cargas urbanísticas a las que debían hacer frente los promotores.

Mientras Ourense en Común pide una nueva exposición pública del documento, la exconcejala Soto sigue teniendo que hacer frente a nuevas denuncias judiciales por corrupción urbanística presentadas por el PP. Al frente de esta controvertida concejalía está ahora Jesús Cudeiro, exdirector general de Urbanismo en la Xunta presidida por Manuel Fraga a quien el primero de los Baltar puso años después al frente de la sociedad Urbaourense, creada por la Diputación para competir con Xestur, gestionada entonces por el bipartito. El “cacique bueno” empleó además en la Diputación a varios de los responsables del PXOM ilegal de 2003

Urbaourense no cumplió objetivos y se disolvió en 2012, con Baltar hijo recién instalado en la institución provincial. La sociedad había acumulado en los dos últimos años una deuda de casi 300.000 euros. El segundo de los Baltar reempleó de nuevo a Cudeiro como asesor personal en la Diputación con un sueldo de cerca de 80.000 euros anuales y después lo colocó en la lista del PP al Ayuntamiento de Ourense que tenía entre sus prioridades la aprobación definitiva del PXOM que aún espera.