El Constitucional fallará sobre Jordi Sànchez antes que sobre Junqueras
El tribunal posterga la decisión sobre el exvicepresidente en una semana clave
El Constitucional ha iniciado este martes el último pleno del año, en el que cambiará el calendario de decisiones que tenía previsto, con especial incidencia en la agenda relativa a Cataluña en general y a los recursos vinculados al procés en particular. El tribunal da ahora prioridad al recurso presentado por Jordi Sànchez, líder de la ANC, por la decisión del Supremo de denegarle la autorización para acudir al Parlament con el fin de ser investido como presidente de la Generalitat.
Quedará así transitoriamente congelado en el Constitucional el recurso presentado por Oriol Junqueras justo en la semana en que el Tribunal de Justicia de la UE decide sobre la consulta efectuada por el Supremo respecto a su inmunidad en tanto que europarlamentario electo. En paralelo al planteamiento de esta cuestión, Junqueras denunció un supuesto ataque a sus derechos políticos cuando también se le prohibió asistir a otro pleno del Parlament, el que en enero de 2018 fue convocado para debatir la posible investidura de Carles Puigdemont. El alto tribunal ha decidido paralizar este recurso ante las divergencias surgidas en la deliberación y por considerar que la impugnación de Sànchez tiene más consecuencias que la de Junqueras.
En el caso del exvicepresident lo que se lo impidió fue su presencia en el Parlament, pero no que hiciera valer su voto, mientras que en el de Sànchez la prohibición de que acudiera a la Cámara tuvo consecuencias más graves, ya que hizo imposible su elección como president de la Generalitat. Junqueras, en suma, pudo ejercer por vía indirecta sus derechos políticos, mediante la delegación de su voto, mientras que Sànchez vio cerrada la vía para acceder a la presidencia.
Lo que el recurrente denunció, por tanto, es que al negarle la autorización para someterse al debate de investidura, el Supremo no solo hizo tabla rasa de sus derechos políticos, sino también de los de sus electores. Esta cuestión siempre preocupó al Supremo, y al propio Constitucional, ante la perspectiva de que el caso 1-O termine en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estrasburgo se ha mostrado muy sensible con respecto a la defensa de dichos derechos de representación política. En especial al resolver favorablemente el recurso presentado por el líder kurdo Selahattin Demirtas, asunto en el que fue condenado el Estado turco por su largo encarcelamiento preventivo.
Al resolver las peticiones de libertad de los procesados por el 1-O, el Supremo rechazó las comparaciones con el caso de Demirtas. Los magistrados argumentaron que el procés no perseguía ideología alguna, y lo apoyó en el hecho de que Cataluña sigue estando gobernada por fuerzas independentistas. En el Constitucional, en cambio, el primer proyecto de sentencia relativo al citado recurso de Junqueras proponía concederle el amparo y considerar que se vulneraron sus derechos políticos al no permitirle acudir al pleno del Parlament para la investidura de Puigdemont.
El ponente de la resolución, el magistrado Juan Antonio Xiol, quedó en minoría, pero mantuvo en sus manos la redacción de la sentencia. El criterio de Xiol fue apoyado por Fernando Valdés Dal-Ré y María Luisa Balaguer. El segundo proyecto de sentencia tampoco satisfizo a la mayoría, que consideró que había que reforzar los argumentos contra Junqueras. En el curso de ese debate se estimó que, en realidad, lo más coherente es resolver antes el recurso de Jordi Sànchez, y después los de Junqueras y otro de Jordi Turull. El magistrado encargado de la sentencia sobre Sànchez es Cándido Conde-Pumpido.
Lo previsible es que esos recursos sean rechazados. Con ello quedará definitivamente abierta la puerta para que sus respectivas defensas acudan a Estrasburgo.
Ya nadie apuesta por la unanimidad
En el Constitucional ya nadie da por segura la unanimidad en la resolución de los recursos relacionados con el procés. La sentencia del Supremo condenando a los procesados por un delito de sedición en concurso medial con el de malversación marca un antes y un después. El Constitucional retuvo durante meses los principales recursos de los dirigentes independentistas, al constatar que no podrían resolverse sin votos particulares. El presidente del Constitucional, Juan José González Rivas, habría querido evitar el surgimiento de grietas en la institución. No lo consiguió. De hecho, González Rivas intentó durante algún tiempo convencer al magistrado Juan Antonio Xiol para que cerrase filas con la mayoría en los recursos presentados por Junqueras. El relativo a la prisión provisional del exvicepresident (rechazado por el TC el pasado 28 de noviembre por 9 votos a 3) empezó a debatirse ya en enero de 2018, y al constatarse las discrepancias aquella solicitud de amparo se quedó en un cajón. El propósito del TC siempre fue no interferir en la labor del Supremo.
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