La policía prevé gastar 2,1 millones en adquirir sus primeras 1.000 pistolas eléctricas

La Dirección General de la Policía ha iniciado esta semana el procedimiento de licitación para adquirir un millar de pistolas eléctricas de tipo Taser, un arma paralizante no exenta de polémica con la que ya cuentan los Mossos d'Esquadra, más de 200 cuerpos de policial local y las fuerzas de seguridad de ocho países europeos, entre ellas Alemania, Francia y Reino Unido. Este denominado "dispositivo electrónico de control" lanza dardos con electrodos unidos al arma mediante cable de tal manera que al alcanzar el cuerpo provoca una descarga eléctrica que "interfiere las señales nerviosas que se trasmiten al sistema muscular y sensorial del sujeto para obtener una incapacitación", según recoge la memoria justificativa elaborada por la Policía el pasado julio para justificar su adquisición. Interior tiene previsto gastar en su compra 2,1 millones de euros, Iva incluido, entre 2020 y 2022, según la documentación de licitación que ha adelantado El Independiente y a la que ha tenido acceso EL PAÍS. 

Las pistolas eléctricas son una antigua demanda de los sindicatos policiales, al igual que las defensas extensibles de las que el Interior acaba de adquirir 15.000 por un millón de euros. En ambos casos, el ministerio ha justificado el gasto en la necesidad de "alcanzar la cota más alta posible en la seguridad y salud de los miembros de la Policía Nacional en el desarrollo de sus cometidos profesionales". En el caso de las Taser, el ministerio añade que además son un "elemento operativo [...] para graduar el uso de la fuerza y utilizarlo como solución intermedia al arma de fuego en situaciones de riesgo elevado para las policías o terceras personas". El documento destaca que estas pistolas son "una solución intermedia muy válida" al aportar seguridad a los agentes "ya que limita potencialmente las situaciones violentas".

"En la detención de sujetos violentos, el uso de estos dispositivos reduce la probabilidad de lesión por parte de los actuantes, lo que disminuye las bajas de policías", recoge. Interior también recalca que este arma es "una herramienta idónea para su uso en lugares de grandes aglomeraciones de personas, así como [de] transporte de viajeros, donde el uso del arma de fuego resultaría mucho más desaconsejable por los posibles daños colaterales". Eso sí, insiste en que solo podrá ser utilizada "por personal autorizado, tras su formación, a través de la realización de un curso práctico-teórico que abarque aspectos técnicos, prácticos y deontológicos".

El pliego de licitación incluye la necesidad de que los dispositivos que se van a adquirir graben en un registro interno que no se pueda manipular todas las actuaciones que se hagan del arma, desde el encendido y apagado al número de disparos efectuados o las cargas de batería realizadas. El documento insiste en que su uso debe ir revestida siempre "de los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad", como el resto del material que usan los policías. 

Para estimar su costo, Interior ha realizado un cálculo sobre los precios medios ofertados por diferentes fabricantes y distribuidores de pistolas eléctricas, así como en las adjudicaciones realizadas por otras policías españolas que ya cuentan con ello, hasta concluir un precio unitario de 2.099 euros, Iva incluido, para cada una de ellas. La previsión es que las primeras 300 pistolas eléctricas estén ya en manos de la Policía Nacional en 2020, para sumar al año siguiente un número igual, y las últimas 400 en 2020.

La adquisición de las pistolas Taser fue un compromiso que adquirió el ministro Fernando Grande-Marlaska durante la reunión del Consejo de la Policía (órgano paritario de negociación entre los sindicatos de los agentes y la administración) del pasado 31 de enero en respuesta a una antigua reclamación de los sindicatos. En 2016, había en España unas 800 de estas armas, cuya tenencia está regulada en el artículo 5.1 del Reglamento de Armas, junto con las semiautomáticas y los esprays de defensa. De uso exclusivamente policial o militar, no pueden ser adquiridas ni por civiles ni por agentes por su cuenta. Los mossos las empezaron a utilizar en junio de 2018 y también cuentan con ellas agentes locales de 220 municipios. El último ayuntamiento en anunciar su adquisición ha sido el de Madrid, el pasado septiembre.

En el Ministerio del Interior, también han reclamado su adquisición los funcionarios de prisiones, pero Instituciones Penitenciarias rechazó tajantemente el pasado abril dotar con ella a los trabajadores de las cárceles cuando las reclamó el sindicato CSIF. Prisiones recordó entonces que "numerosos forenses de Estados Unidos y Canadá siguen expresando preocupación por los posibles riesgos para la salud derivados de la aplicación de este tipo de armas, especialmente a personas que sufren enfermedades del corazón o que están bajo los efectos de ciertas drogas".

De hecho, el uso de las Taser siempre ha estado rodeado de polémica. Organizaciones como Amnistía Internacional se han mostrado críticas con este tipo de dispositivos, vinculándolos a numerosas muertes en Estados Unidos.También han recibido críticas del Comité Europeo contra la Tortura y el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, que han dictaminado que su uso puede constituir una forma de tortura. Este último organismo llegó a advertir en 2008 que el uso de esas armas provoca un dolor intenso y puede incluso causar la muerte.