Un juez procesa a la excúpula de UGT en Andalucía por un supuesto fraude de 40 millones

El Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla ha procesado al ex secretario general de UGT en Andalucía Francisco Fernández Sevilla, a otros cuatro excargos del sindicato y a 10 empresarios por defraudar supuestamente subvenciones de la Junta de Andalucía para cursos de formación por 40 millones de euros entre 2009 y 2013. El caso se inició hace siete años tras varias denuncias internas por el uso de facturas falsas, por lo que la Guardia Civil detuvo a 16 personas al inicio de la instrucción, que ahora ha finalizado. Los 15 procesados afrontan delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil. En paralelo a la justicia, la Junta de Andalucía (PP y Ciudadanos) reclama al sindicato la devolución de 18 millones por las ayudas en formación que el sindicato recibió en 2007.

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El histórico exdirigente de UGT en Andalucía Manuel Pastrana, al frente del mismo 15 años, no se sentará en el banquillo al padecer una enfermedad, pero sí lo hará su número dos y sucesor durante seis meses de 2013, Fernández Sevilla. La cantidad supuestamente defraudada asciende a 40,75 millones de euros, según el auto previo a que las acusaciones formulen su escrito con la petición de penas y se abra juicio oral.

Junto a Fernández Sevilla han sido procesados el ex secretario general de Administración de UGT Andalucía, la ex secretaria de Gestión Económica; la ex responsable del departamento de Compras, y diez empresarios que actuaron como proveedores del sindicato a través de las firmas que representaban, entre ellas agencias de viajes e imprentas. El juez ha archivado las actuaciones contra nueve personas. Uno de ellos es Pastrana, dada su “situación de incapacidad sobrevenida”, subraya el auto [resolución razonada].

“Existieron procedimientos concertados entre los responsables de UGT y determinados proveedores a fin de que, de una forma coordinada, pudieran facilitar al referido sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias”, expone el magistrado. El desvío de fondos obtenidos por subvenciones de la Junta perseguía otros fines distintos a “la práctica de acciones formativas, a personal ocupado y desocupado, conforme a los expedientes de subvenciones públicas que eran otorgadas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía”, razona el escrito.

Para lograrlo, las empresas actuaron como proveedores que dieron al sindicato “la infraestructura documental y contable que permitiera obtener fondos destinados a formación, para poder desviarlos, con el fin de sostener los gastos corrientes del sindicato”, según el juez. Esto se lograba mediante tres métodos. El primero era el rappel, por el que el sindicato se beneficiaba de los descuentos que los proveedores hacían en las facturas, descuentos que no declaraban a la Administración. El segundo era el bote, por el que UGT se financiaba con cargo a un saldo acreedor generado mediante el pago a proveedores de facturas simuladas. El tercer método consistía en ceder locales del sindicato a una sociedad mercantil de UGT, Soralpe, que alquilaba las aulas empleadas para la formación, “y que no generaban realmente un gasto”, censura el magistrado.

La investigación sitúa como pieza clave del supuesto entramado al secretario general de Administración, Federico Fresneda, que hacía de vínculo con los proveedores para hacer funcionar "la mecánica" para defraudar, en la que colaboraron Fernández Sevilla como vicesecretario de Organización, María C. como secretaria de gestión económica y María Dolores S., responsable del departamento de compras. "Fresneda negobicaba con los proveedores la aplicación de un descuento, pero siempre bajo la exigencia de que no se dejara reflejo de dichos descuentos en las facturas emitidas (...) UGT se sirvió de estas saldos acreedores a su favor en estas cuentas con la finalidad de dar financiación a su actuación sindical", censura la resolución razonada.

En paralelo, la Fiscalía de Sevilla investiga a UGT por una supuesta malversación de 7,4 millones, correspondientes a una deuda que mantenía el sindicato y CC OO con el Gobierno de la socialista Susana Díaz y que este dejó prescribir sin haberla cobrado. La Junta (PP y Ciudadanos) ha denunciado el caso ante la Fiscalía. Este miércoles la secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, ha mostrado su "respeto" por las actuaciones del ministerio público y asegura que su sindicato colabora con la fiscalía en el desarrollo de las pesquisas.