El PP exige a Batet que controle los juramentos de los nuevos diputados para que sean electos

El PP querría impedir que los nuevos diputados electos de la XIV legislatura pudieran utilizar en la sesión constitutiva de las Cortes, prevista para el 3 de diciembre, fórmulas distintas de las clásicas del "sí juro" o "sí prometo" cuando la presidenta del Congreso les pregunte “¿juráis o prometéis acatar la Constitución?”. El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado este jueves en el Congreso, tras firmar y recoger sus credenciales como diputado, que su partido ha enviado una carta a la presidenta de las Cortes, la socialista Meritxell Batet, en la que le exige que no se utilicen fórmulas diferentes, e incluso para que determine al final de la sesión si puede considerarse que los electos que las han usado han adquirido la condición plena de diputados. Casado ha eludido además aclarar, tras 26 minutos de comparecencia, si el PP prestará a Vox los 19 votos que le asegurarían uno de los nueve codiciados puestos de la Mesa del Congreso.

Casado ha informado directamente de todos los detalles del escrito que el PP remitió este jueves a Batet para prevenirla contra otra sesión constitutiva de las Cortes como la que se vivió el pasado 21 de mayo, que considera "humillante para la legalidad institucional". En aquel pleno, los 24 diputados de Vox, que se estrenaban en el Congreso, juraron “por España”; muchos parlamentarios de Podemos prometieron su cargo “por la democracia y los derechos sociales”; Alberto Garzón, de IU, lo hizo “por la democracia y la república”; y el diputado ecologista Juan López de Uralde llegó a invocar a “todo el planeta”.

Para evitar que esas escenas se repitan el próximo martes, el PP plantea a Batet que envíe personalmente a cada uno de los 350 diputados la normativa aplicable en este caso, incluyendo una resolución de la presidencia del Congreso de 1989 en la que se establece que a la pregunta "juráis o prometéis acatar la Constitución" debe contestarse sencillamente "sí, juro" o "sí, prometo".

En el escrito dirigido a Batet, Casado recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional advierte desde 1990 de que dicha respuesta no puede acompañarse de "cláusulas o expresiones que, de una u otra forma, vacíen, limiten o condicionen su sentido propio, sea cual fuese la justificación invocada para ello", según consta en la sentencia 119/1990 del Tribunal Constitucional.

Sin embargo, aquella sentencia en realidad dio validez a promesas y juramentos que se salían de la fórmula clásica, siempre que el acatamiento fuera inequívoco. Tras unas elecciones generales en 1989 cuatro parlamentarios de la ilegalizada Herri Batasuna, Jon Idigoras, Itziar Aizpurua y Ángel Alcalde, procedieron a acatar la Constitución de 1978 por “imperativo legal”. En un primer momento se les denegó la condición de diputados, pero luego el Constitucional se la devolvió. 

En la sentencia, de la que fue ponente Francisco Rubio Llorente, se afirmaba lo siguiente: “En un Estado democrático que relativiza las creencias y protege la libertad ideológica; que entroniza como uno de sus valores superiores el pluralismo político; que impone el respeto a los representantes elegidos por sufragio universal (…) no resulta congruente una interpretación de la obligación de prestar acatamiento a la Constitución que antepone un formalismo rígido a toda otra consideración”. Negar a un parlamentario la condición de diputado por no ceñirse a la fórmula “sí, juro” o “sí, prometo” supone “hacer prevalecer una interpretación de la Constitución excluyente frente a otra integradora”.

En mayo pasado, los diputados nacionalistas catalanes que estaban ya en prisión provisional por el juicio del procés, rescataron entre pataleos de las bancadas de la derecha fórmulas de promesas como “por compromiso republicano”, “como preso político” (Oriol Junqueras); y “por lealtad al mandato democrático del 1 de octubre y al pueblo de Cataluña”, que fue la expresada por Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez. El PP volvió a llevar estas fórmulas al Constitucional, pero el tribunal aún no lo ha resuelto.

Casado reclama ahora a Batet que impida todas esas variaciones y que habilite a los servicios técnicos de la Cámara de todos los medios audiovisuales para que las posibles expresiones que se desmarquen del modelo clásico queden perfectamente registradas taquigráficamente para considerar más tarde si han sido válidas para ser elegido diputado a todos los efectos. El PP requiere además a la presidenta de las Cortes para que individualmente les vaya informando a cada parlamentario si, tras pasar ese trámite, ha superado la condición para ser diputado y para que al finalizar la sesión determine, como sucedió en aquella ocasión en 1989, quiénes lo son y cuáles no.

Tras exponer todas esas propuestas, Casado se sometió a las preguntas de los periodistas, según su cómputo, por quinta vez tras las elecciones del pasado 10-N. La mayoría de las preguntas se ciñeron, sin embargo, sobre un asunto que incomoda sobremanera a Casado y del que no quiere aún aclarar su posición porque provoca división incluso dentro de su partido. Los periodistas plantearon al líder del PP si su partido estará dispuesto a prestar 19 votos de sus diputados a Vox para que la formación de ultraderecha se asegure por primera vez un puesto en la Mesa del Congreso, el órgano clave que regula el funcionamiento de la cámara. Casado no respondió a esa cuestión y se extendió largamente sobre las incomparecencias recurrentes del presidente en funciones, Pedro Sánchez, sobre los problemas del candidato del PSOE para articular una posible investidura con socios tan complicados como Podemos o ERC, y sobre las conversaciones que mantienen dirigentes territoriales socialistas con Bildu en Navarra o con el PNV en Euskadi.

Casado sí detalló que el PP ha sufrido lo que entiende que son numerosos cordones sanitarios de todo signo desde hace 16 años por parte del PSOE. Y reprochó a los periodistas que le interroguen a él sobre el veto a Vox y no lo hagan a Sánchez sobre la deriva actual de España y la hipótesis de que se pueda tener que concurrir en primavera a unas terceras elecciones.