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Las elecciones planean sobre la sentencia de los ERE

El plazo del ponente para su redacción termina este sábado, pero el fallo podría retrasarse para que no interfiera en la campaña electoral

Sentencia de los ERE
Los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Guiñán, el ex vicepresidente andaluz Gaspar Zarrías, y el antiguo consejero de Empleo, José Antonio Viera, en el banquillo del caso de los ERE. EFE

La resolución de la pieza política de la macrocausa de los ERE, que ha sentado en el banquillo a una generación de dirigentes socialistas andaluces, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, parece inminente. Este sábado, 26 de octubre, diez meses después de que finalizara el juicio, termina el plazo que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dio al magistrado ponente de la sentencia, Juan Antonio Calle Peña, para dedicarse en exclusiva a su redacción. El plazo, sin embargo, no es definitivo y las elecciones generales del próximo 10 de noviembre pueden alterarlo.

Los abogados consultados no creen que Calle Peña pida un nuevo aplazamiento y tampoco consideran que vaya a cumplir con la máxima no escrita de que la justicia no debe interferir en los procesos electorales. “El auto de apertura del juicio oral de los ERE se dictó en junio de 2016, cuando faltaban 20 días para las elecciones generales que ganó Mariano Rajoy”, recuerda uno de los letrados. La presión de sus propios compañeros, muy críticos con los horarios de las sesiones durante el juicio oral, podría influir para que no se dilatara la comunicación del fallo, indica otro letrado.

El tribunal debe esclarecer el alcance de la responsabilidad en la elaboración y el mantenimiento entre 2001 y 2009 de un procedimiento específico para facilitar las prejubilaciones y acelerar las ayudas públicas a empresas en crisis. La Fiscalía considera que ese sistema era “totalmente opaco” y se constituyó para eludir deliberadamente el control de la intervención general y poder otorgar subvenciones a empresas afines al PSOE. La acusación lleva aparejada la alta carga simbólica de apuntalar la existencia una supuesta red clientelar de los ejecutivos socialistas con las políticas de empleo.

La Fiscalía pide condenas por malversación para 14 de los 21 ex altos cargos enjuiciados y de prevaricación para todos los encausados. Para Chaves se piden 10 años de inhabilitación por prevaricación; para Griñán, seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por malversación continuada y prevaricación.

Las defensas han esgrimido que el sistema que la Junta creó para otorgar las ayudas sociolaborales fue aprobado por el Parlamento y que, por tanto, la partida 31L, bautizada por uno de los principales encausados, el ex director de Trabajo Francisco José Guerrero, como fondo de reptiles, destinada para las empresas en crisis, era transparente. También han reiterado que el interventor general en ningún momento detectó menoscabo de fondos ni alertó de que el mecanismo fuera ilegal. “Se trata de un claro caso de penalización de la responsabilidad política”, señala uno de los letrados.

“En el juicio de los ERE se dilucidan cuestiones muy técnicas y farragosas sobre las que no existe siquiera jurisprudencia”, explican los juristas. Esto explica tanto la extensión de la sentencia –más de mil folios- y el tiempo dedicado a la redacción. Una de las incógnitas es determinar si los delitos de prevaricación y malversación se circunscriben únicamente a los responsables de la Consejería de Empleo, encargada de la ejecución de la concesión de las ayudas, como alegó durante el juicio el expresidente Griñán, que también fue consejero de Hacienda entre 2004 y 2009, o se extiende a otros departamentos y entidades públicas.

El juicio de los ERE ha pasado una enorme factura política y personal a los encausados. Griñán, quien en 2009 sustituyó al frente de la Junta de Andalucía a Chaves, que estuvo 19 años ocupando ese puesto, dimitió en 2013. En 2015, el propio Chaves, el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y el ex consejero de Empleo, José Antonio Viera, entregaron sus actas como diputados. El caso precipitó el abandono del PSOE de los dos expresidentes de la Junta y la sepultura de las carreras políticas y en la Administración del resto de encausados. Para el PSOE la imagen de sus líderes en Andalucía durante dos décadas sentados en el banquillo ha sido devastadora.

Ningún procesado está acusado de haberse lucrado ilícitamente y el dinero de la partida 31L no ha servido para financiar al partido. Sin embargo, el PP ha utilizado este proceso como “la Gürtel del PSOE”, para contrarrestar la fuerza mediática de la trama de corrupción en su partido, que propició la moción de censura contra Rajoy en 2018. Se ha hablado de miles de millones defraudados, pero la Fiscalía rebajó la cifra de 741 a 680 millones, una cantidad que, en su opinión, “nunca debió de salir de las arcas públicas”. El 80% del dinero se destinó, de manera legal, a financiar los despidos y prejubilaciones de 6.000 trabajadores, en algunos casos de manera conjunta por parte del Gobierno central y la Junta. “De hecho, el Ministerio Público no ha pedido la devolución de esa cantidad”, señalan los expertos consultados.

Sí hubo empresas y particulares que se beneficiaron ilícitamente, los llamados “intrusos de los ERE”, como el ya famoso “chófer de la cocaína” de Guerrero o muchas empresas de la Sierra Norte de Sevilla, de donde es oriundo el exconsejero de Trabajo. Sin embargo, el destino de esas ayudas tampoco se juzga en la pieza política de los ERE, sino que forman parte las casi 200 piezas separadas, una por cada ayuda, que integran la macrocausa. Los magistrados de la Audiencia de Sevilla deben dilucidar la legalidad de las transferencias de financiación -el procedimiento con el que se atribuyeron esas ayudas- y a quiénes considera sus responsables penales.

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